“El Estado Municipal está presente”, afirmó Juliana Teerink al cumplirse dos años del comienzo de la toma en La Movediza

Cuando comenzó la toma en La Movediza, Juliana Teerink era subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio de Tandil. Dos años después se encuentra al frente del área, por lo que desde el inicio del conflicto estuvo vinculada a la ocupación en el terreno de calle Piccirilli al 1000, y a la respuesta municipal con respecto a la problemática.

En diálogo con El Eco de Tandil, la funcionaria trazó un balance del tema. Afirmó –frente al “corrimiento del Estado Nacional”- el rol de apoyo y asistencia de parte del Municipio, se refirió a la tipificación de los ocupantes desde una concepción penal, sostuvo que desde el gobierno comunal se atendió y escuchó al propietario del lote –“Legal y técnica, Protección Ciudadana acompañaron desde el inicio”, y consideró que “la designación del espacio como Renabap desde el gobierno nacional anterior y la validación del gobierno actual hizo también que hoy sigamos hablando del tema”.

En concreto, Teerink reafirmó la posición comunal sobre el conflicto al plantear que “la postura del Municipio es siempre que cada una de las personas que no cuenta con una vivienda propia y que requiere, debe anotarse en el Registro de Demanda Habitacional”.

“El Estado Municipal asumió el acompañamiento”

-¿Qué balance trazan desde el Municipio a dos años del comienzo de la toma en La Movediza? 

-Desde el inicio de toda esta situación empezamos a generar la articulación entre las áreas para poder de alguna manera empezar a actuar, empezar a abordar la temática. 

El primer abordaje tuvo que ver con tomar contacto e con las primeras familias ocupantes del lugar que no eran más de 20 si yo mal no recuerdo. La gran mayoría de ellas eran mujeres con niños que plantearon que la intención tenía que ver con hacer visible un déficit habitacional que estaban atravesando.

A partir de un diálogo inmediato se logró desestimar esa postura con respecto a seguir en esa ocupación. De hecho estas familias rápidamente dejan de ser parte de la ocupación de este terreno entendiendo a lo que se exponían en términos legales y entendiendo que la necesidad de resolver las situaciones particulares en términos habitacionales podía tener digamos otros circuitos.

Desde ahí nosotros empezamos fuertemente a tener una presencia no solamente con esta familia sino en todos los espacios donde se empieza a abordar la ocupación de este predio. 

-Abro un paréntesis. Si mal no recuerdo, esas primeras ocupantes que mencionás estuvieron casi seis meses hasta que se retiraron…

-Estuvieron en un primer tiempo hasta que pudimos buscar la situación particular. Desde Desarrollo Humano trabajamos la particularidad de cada situación. Estuvieron instaladas con una fuerte presencia esos primeros meses, pero siempre con una actitud de diálogo.

Al principio hubo cierta resistencia pero eso se disolvió rápidamente cuando pudimos generar un intercambio más allá del relevamiento nominal que nosotros requerimos para poder intervenir en cada situación.

Fue la policía la que en un primer momento se acerca a hacer este relevamiento y estas primeras familias fueron convocando al resto que en un principio no hacían no hacían eco s a nuestra convocatoria. Después entendieron que la intención del Municipio era justamente acompañar cada situación.

-Eso fue la primera etapa…

-Eso fue la primera etapa y rápidamente fue creciendo el número. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y de la gestión municipal fue de alguna manera acompañar en una decisión que no los perjudique en términos legales. 

Porque es una ocupación. Es un delito el que se está cometiendo. Rápidamente se iban retirando familias pero se iban incorporando otras y ahí es donde empieza a generarse un escenario mucho más complejo con respecto a la posibilidad de tener acceso al diálogo.

-En el medio hubo instancias de negociación…

-Obviamente en este tiempo hubo mesas de trabajo donde no solamente el Municipio formó parte sino también por supuesto todo el poder judicial, las defensorías del pueblo, la misma Universidad, el propietario por supuesto con su posicionamiento.

Se empezó a trabajar fuertemente en la posibilidad de no llegar a una instancia de desalojo. Siempre es importante instar a las partes a no llegar a estos momentos de tensión. Hubo muchas cuestiones de avances y retrocesos con respecto a gestiones y posiciones. Hoy estamos hablando de un segundo aniversario de una situación de toma en la ciudad de Tandil.

-En esa mesa que mencionás surgió la chance de avanzar en un convenio urbanístico o con un loteo, con un beneficio incluso para el propietario. ¿El Municipio se retiró de esa mesa ante esa posibilidad?

-Exacto. Pero surgió esa posibilidad después de muchas discusiones. Se analizaron muchas situaciones, donde el Municipio siempre marcó desde el minuto uno a que no está a favor de la toma y por supuesto estábamos a favor de que se desalojara de la manera más pacífica para evitar un conflicto mayor.

Esta fue la postura del Municipio no solamente a partir de esta toma sino en otras situaciones similares que hubo en la ciudad de Tandil. La posición del Municipio es siempre a favor del desalojo en el caso de una toma y nunca a favor de la ocupación de un terreno o de una vivienda privada.

Entonces nosotros nos retiramos en el momento en el que se plantea la posibilidad de generar algún acuerdo urbanístico. Ahí ya no fuimos parte porque no estábamos de acuerdo lo que se proponía en primera instancia, que era que quienes se estaban ocupando quedaran en esta ocupación.

La postura del Municipio es siempre que cada una de las personas que no cuenta con una vivienda propia y que requiere, debe anotarse en el Registro de Demanda Habitacional que el Municipio tiene hace ya varios años.

El sorteo de esos lotes debía ser para todas las personas de ese registro, no solamente para aquellos quienes estaban o están ocupando el predio todas las personas deberían tener la misma posibilidad de ser parte de un sorteo.

-A dos años del inicio de la toma, en el lugar hay casas de material, está más cerca de ser un barrio consolidado. ¿Considerás que hubiese sido otro el rumbo si el Municipio no se retiraba de esa mesa?

-Si se hubiera evitado esa pausa que en algún momento inclusive se propone de 30 días para no generar el desalojo, en esta primera intención de desalojo - no vamos a hacer futurología- pero sí por ahí en función de las expectativas de intervención nuestras como de la propia ciudad de Tandil y de los propios vecinos de ese lote que presentan una gran inquietud con respecto a lo que estaba sucediendo, posiblemente se podría haber evitado la escalada en términos de ocupación y de generación de malestar en el entorno del predio de la toma. 

Eso no me cabe duda porque es el Municipio de Tandil quien está recepcionando permanentemente notas, informes que elevan los propios vecinos planteando la necesidad de algún tipo de solución.

La designación del espacio como Renabap desde el gobierno nacional anterior y la validación del gobierno actual hizo también que hoy sigamos hablando del tema. 

“El Estado Municipal asumió el acompañamiento”

La funcionaria hizo mención al informe elaborado sobre la población de la toma, del que participó la Universidad. “Las familias que estaban ocupando no provenían de situaciones de extrema vulnerabilidad. No había situaciones de calle registrada que hubieran requerido que la persona, al no contar con alguna solución habitacional, se instalara precariamente en un espacio como es este. La gran mayoría de las familias contaban con trabajo, todos los niños de estos grupos familiares están escolarizados, las atenciones de salud que requirieron mayor complejidad algunas estaban siendo ya atendidas previamente a la toma en el Sistema Público como también en el sistema privado, esto lo dan cuenta las mismas personas que requerían este tipo de asistencia”, señaló Teerink.

 -Lo que se desprende de ese planteo es una situación mucho más compleja. Porque estamos hablando de gente con trabajo que, sin embargo, tiene un déficit habitacional. 

-Sí, ellos plantean en esos términos. Nosotros no hemos podido corroborar fehacientemente el trato porque no son personas que hubieran estado en situación de calle previa. 

-No en situación de calle, pero sí de hacinamiento, compartiendo vivienda, con complejidades para pagar el alquiler…

-Exactamente, pero son las mismas dificultades que presentan la mayoría de las personas que hoy estamos acompañando asistencialmente desde Desarrollo Humano con el aporte económico para un alquiler, el aporte económico para la compra de alimentos, el aporte económico para la cobertura de la factura de la luz, el aporte económico para el gas envasado.

El Estado Municipal en Tandil tiene un abanico muy amplio con respecto a la respuesta en términos de asistencia e inclusive atado a posibilidades de generar emprendimientos productivos de autogestión para aportar a esa economía familiar. 

Entonces, el déficit habitacional en términos de hacinamiento, de no tener un techo propio, de tener que compartir con el resto de la familia, no es motivo por el cual una persona deba tomar un terreno.

Condenamos que se exponen a una situación de legalidad, es un delito y hay una intervención judicial en todos los casos. 

-Una constante en las declaraciones públicas de parte de funcionarios municipales ha sido la de tipificar a los ocupantes desde una perspectiva penal. Siendo parte de Desarrollo Humano, ¿Hacés una mirada autocrítica con respecto a esto?

-Es una situación que tiene tantas aristas para ser analizado como la propia complejidad, de lo que estamos hablando. En primer lugar, que sea un delito la ocupación de un terreno, de una vivienda que tiene un dueño, eso no corre del plano de la discusión la necesidad de algún acompañamiento como Estado en términos de asistencia. Una cosa no limita a la otra. 

Digo, que una persona requiere asistencia no lo habilita a cometer algún acto que no sea legal, que es ilícito y que lo exponga en términos legales. Después, la designación, el concepto bajo el cual va a quedar catalogada la situación, eso queda en manos de la justicia. Por supuesto, no soy yo quien va a darle un título a la situación. 

Sí, reafirmar que tomar un terreno es un delito y es una acción ilegal que está haciendo una persona con respecto a la propiedad de otro. Está invadiendo el derecho de propiedad a la otra persona y eso está en la Argentina, como en cualquier lugar del mundo, está tipificado como un delito, es una acción ilegal. 

Desde lo social, hay muchas necesidades, pero el Estado tiene una fuerte presencia, con el corrimiento que hubo del Estado Nacional en términos de políticas sociales. Tuvimos que incrementar todo el acompañamiento. El Estado municipal es el que asumió el acompañamiento.

- ¿Cómo es el presente del vínculo entre el Municipio y los ocupantes?

-En los casos particulares, nosotros siempre hemos dejado muy claro en esto y lo hemos hablado inclusive en las reuniones que hemos mantenido con mucha frecuencia con el defensor oficial, que se les trasladara a las personas con quienes ellos están trabajando, que son los actuales ocupantes. 

El Municipio de Tandil, Desarrollo Humano y el Sistema Integrado de Salud estamos para poder dar alojamiento a las necesidades que se requieran desde cualquier persona que se encuentre en el predio. Con los límites de lo que podemos acompañar y de lo que no se va a acompañar, como por ejemplo el tema de materiales. Nosotros ahí no podemos ni siquiera alojar la inquietud sin atender las cuestiones de salud, en primera instancia.

No hemos tenido un incremento en términos de demanda de recursos en cuestiones alimentarias, por ejemplo, desde el sector de la toma. No tenemos ningún registro de un incremento desde ahí.

-¿Cómo sigue esto y si está abierta la posibilidad de algún otro tipo de resolución que no sea un desalojo? 

-La herramienta que más favorece que un desalojo no se desarrolle es que se valida desde el Gobierno Nacional actual algo que el Gobierno Nacional anterior había propuesto, la inclusión del predio al Renabap.

Mientras que el Gobierno Nacional tenga haya validado lo que el Gobierno Nacional anterior planteó, entiendo que se limitan bastante las posibilidades de poder avanzar en términos de desalojo. 

-¿Está abierta la posibilidad de que surja algún otro tipo de proyecto como el que surgió en su momento, de convenio urbanístico, loteo o similar? 

-Desconozco, nosotros desde el Municipio no lo promovemos. Si es una inquietud o una propuesta que el particular quiere retomar, lo hará en esos términos con las áreas de la Provincia, de la Nación, que lo puedan alojar y de alguna manera se avanzan en ese sentido. 

-¿Cuál sería una solución de este conflicto para el Municipio?

-Para el Municipio me parece que la opción ideal sería no llegar al punto de un desalojo compulsivo. Estamos hablando de muchas personas, de muchas familias. Repito, no son personas que hayan ingresado allí porque han estado en una situación de calle, ni mucho menos, por lo menos de las que teníamos conocimiento hasta el momento en que tuvimos intervención directa. 

La solución sería que cada una de las familias, de las personas, se puedan acercar al Municipio, a la Secretaría de Desarrollo Humano, a plantear la situación particular y ver de qué manera podemos acompañar esto. 

Me parece que eso garantizaría la no exposición a una situación que no es grata para nadie, para ninguna de las partes, pero mucho menos para ellos como familia.