A través de su &nbsp;cuenta de X, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo (La Libertad Avanza), anunció la ampliación del límite de compras por correo en el exterior de US$ 1.000 a US$ 3.000 y dispuso que hasta los US$ 400 los productos no paguen aranceles de importación.“A través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar.Por otro lado, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción”, sostuvo el comunicado del Ministerio de Economía.Y aclaró: “Esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo ‘puerta a puerta’, operado por los Correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas”.Pequeños envíosSe trata de un sistema para adquirir productos en una tienda online en el extranjero y recibirlos en el domicilio a través del servicio de courier internacional. Este servicio va dirigido para productos adquiridos por personas humanas o jurídicas, sin finalidad comercial y para uso o consumo personal.Como su nombre lo indica, es un servicio pensado para adquirir paquetes pequeños o documentos, por lo que tiene limitaciones en cuanto al peso y al precio del producto.En Argentina la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite estas compras, que fueron reglamentadas a través de la Resolución Nº 3916. Gracias a este sistema, los envíos están exceptuados de regulaciones tales como la habilitación por parte del Instituto Nacional de Alimentos y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor o la tramitación de Licencias de Importación Automáticas y/o no Automáticas y el régimen de Identificación de Mercaderías.En sus considerandos, la resolución aclara que se podrán hacer uso de esta opción siempre y cuando se traten de envíos tales como comestibles, prendas de vestir, juguetes, productos tecnológicos u objetos de decoración.Solo se pueden enviar hasta 3 unidades iguales de la misma especie en un mismo envío y en todo el año esta modalidad permite 5 pedidos por año.Los envíos pueden tener hasta 50 kilogramos de peso y su costo desde diciembre debe ser igual o inferior a US$ 3.000.Desde esa fecha las compras tampoco abonarán aranceles en los primeros US$ 400 por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.A modo de ejemplo, ARCA explicó que si una campera en el exterior vale US$ 100, hoy paga US$ 67 en concepto de impuestos y con la nueva medida, el monto se reduciría a US$ 21.ComprasComo explica ARCA en su sitio web, en primer lugar se debe realizar la compra del producto importado de forma online (por ejemplo, en una tienda virtual de Amazon o Alibaba, entre otras) y una vez realizado se deberá abonar en esa misma plataforma los gastos de envío, impuestos (si aplica) más la franquicia correspondiente.Cabe aclarar que si el pago se realiza en pesos, el cobro se realizará considerando la cotización del dólar tarjeta, es decir, contemplando las percepciones por impuesto PAÍS y el adelanto del impuesto a las Ganancias. Se trata de un valor un 60% más alto que el valor oficial del dólar.Una vez recibido el pedido se deberá realizar una notificación en el sitio web de ARCA hasta 30 días después de recibido el pedido. Para ello se deberá ingresar con el número de CUIT y Clave Fiscal e ir a la sección “Envíos Postales Internacionales” que se puede encontrar desde la barra de búsqueda. Si no se realiza este paso, ARCA no permitirá recibir nuevos envíos.En su página web, el gobierno menciona algunos de los couriers internacionales que realizan este tipo de envíos en la Argentina, entre los que destaca: DHL, FedEx, Ups, IBC, LHS, Ocasa, Tanet, World Courier y Spacecourier.DiferenciasEl sistema de compras “puerta a puerta” permite adquirir productos en el extranjero y recibirlos en el hogar por Correo Argentino o retirarlos en la sucursal con control aduanero más cercana.Se pueden adquirir libros, comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, etc., siempre que no pesen más de 20 kilogramos; no pagues por ellos más de U$S 3.000 y sean para uso personal y no comercial.Para las primeras 12 compras en el año, existe una franquicia de US$ 50. Si el precio no supera ese valor, el comprador está exento de pagar los derechos de importación, mientras que, si lo supera, pagará el 50% por el excedente. Es decir que, si el monto del producto importado es de US$ 100, pagará finalmente US$ 125 dólares.Cuando se superen los 12 envíos al año, la persona deberá pagar el 50% del valor del envío. La tasa es un importe fijo en todos los casos.En el caso de este sistema, también se están empezando a analizar posibles cambios, según señaló el Ministerio de Economía.ComunicadoEl comunicado del gobierno nacional señaló con precisión: "El Gobierno Nacional implementará medidas para flexibilizar los límites en los envíos de importaciones eventuales (courier). De esta manera, los límites de importación van a pasar de 1.000 dólares a 3.000 por envío, un monto similar al de los demás países de la región.Además no se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.A modo de ejemplo, una campera que en el exterior vale 100 dólares, hoy paga 67 dólares en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar 21 dólares.A través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior.Por otro lado, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción.Esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo “puerta a puerta”, operado por los Correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas".

Cómo funciona el sistema de pequeños envíos a través de un servicio “courier”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su cuenta de X modificaciones en el Plan Procrear y la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Finalmente, el miércoles 13 de noviembre se oficializó la medida con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1017 en el Boletín Oficial.“El DNU 1017/24 publicado hoy en el Boletín Oficial que permite el otorgamiento de hipotecas contra boletos de compraventa para emprendimientos en pozo y la registración y negociación de boletos es un claro ejemplo de la libertad económica que impulsa el Presidente”, señaló en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.¿Qué son?El Decreto 1017/2024 introduce la figura de las “hipotecas divisibles” en la Argentina. Esta medida busca -según Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliario de Argentina (CAMESI)- dinamizar el acceso a la vivienda, incentivar la inversión privada y contribuir a la reactivación económica mediante la flexibilización del crédito hipotecario.Las hipotecas divisibles permiten que un inmueble destinado a proyectos inmobiliarios en construcción sea hipotecado en su totalidad inicialmente. “Posteriormente, a medida que se subdivide el inmueble y se transfieren las unidades funcionales, la hipoteca original se divide proporcionalmente, asignando a cada unidad su parte correspondiente de la deuda. Esto facilita la financiación de proyectos en etapas tempranas y reduce la burocracia en la subdivisión y registro de propiedades”, explicó García Malbrán.Por su parte, Sturzenegger dijo: “La base del crédito hipotecario es una garantía real, pero la misma no podía ejercerse cuando una familia compraba en una propuesta inmobiliaria que estaba en construcción (o en pozo, como suele conocerse). Desde ahora el sistema financiero tendrá la posibilidad de otorgar préstamos hipotecarios para la adquisición de unidades a construir en dichos complejos. También podrá inscribir los boletos en el registro de la propiedad y negociarlos libremente”.Para la constitución de una hipoteca divisible, el decreto establece requisitos específicos:&gt; Dominio libre de gravámenes: el inmueble debe estar libre de cargas, o los gravámenes existentes deben ser reconocidos por el acreedor. &gt; Proyecto de subdivisión: debe presentarse un plan detallado que describa el número, características y destino de las futuras unidades o lotes, incluyendo una descripción del proyecto urbanístico. &gt; Conformidad de las partes: se requiere el acuerdo de las partes para que, una vez concluida la subdivisión y transferido el dominio o constituido el derecho real de superficie a favor de cada adquirente, se proceda a la división del crédito y de la garantía hipotecaria, afectando individualmente a cada unidad por el saldo correspondiente.“Esta iniciativa se alinea con prácticas internacionales exitosas. En Estados Unidos, instrumentos similares han facilitado el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios, permitiendo a los desarrolladores obtener financiamiento en etapas incipientes y a los compradores acceder a propiedades con financiamiento ya estructurado”, señaló Malbrán.Y agregó: “En Europa, países como España han implementado mecanismos que permiten la división de hipotecas en proyectos de propiedad horizontal, lo que ha dinamizado el mercado inmobiliario y facilita el acceso a la vivienda”.Ante la consulta del sitio Chequeado, Daniel Bryn, analista del mercado inmobiliario en la consultora Zipcode, explicó: “Cuando construís un edificio, hasta que no hay una escritura no hay forma de hacer un crédito hipotecario porque no podés hacer una hipoteca sobre un bien que no tiene escritura. Creo que esto resolvería ese punto. No hay en la legislación argentina una historia de haber creado una hipoteca divisible”.A modo de cierre, Malbrán dijo: “La implementación de las hipotecas divisibles en Argentina representa un avance significativo para el sector inmobiliario, ofreciendo nuevas herramientas de financiamiento que pueden impulsar el desarrollo de proyectos y mejorar el acceso a la vivienda para la población”.ProcrearEl gobierno de Javier Milei puso formalmente fin al programa PRO.CRE.AR, por decreto.El programa había sido lanzado en 2012, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para otorgar créditos hipotecarios subsidiados para la compra o remodelación de viviendas familiares.También existía una línea de “desarrollos urbanísticos” para beneficiarios que no contaban con terreno, que suponían la construcción de viviendas multifamiliares por parte del programa en predios propiedad del Estado nacional en diversos municipios del país.Ahora, Milei eliminó el fideicomiso que financiaba el programa, por lo que este dejó formalmente de funcionar.“Disuélvase el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar creado por el Decreto N° 902 del 12 de junio de 2012 y su modificatorio”, señala el texto de ese Decreto en su artículo 1°.En la misma norma, el Gobierno dejó claro qué ocurrirá con los créditos ya otorgados: “El ministerio de Economía celebrará con el Banco Hipotecario S.A. un contrato para la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en el contrato de Fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012“, dice el artículo 3 de la normativa, que lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.En el caso de los desarrollos urbanísticos, el destino que tendrán según contempla el artículo 5° de Decreto, el ministerio de Economía, previa intervención del tribunal de Tasaciones de la Nación, “podrá acordar la transferencia de inmuebles o unidades a Provincias, Municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y a otros organismos del Estado”.

De qué se trata el sistema de hipotecas divisibles que habilitó el gobierno nacional

Los bloques opositores presentaron distintos proyectos de ley en la Cámara de Diputados para limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza). Todos los proyectos modifican la Ley 26.122, que regula los requisitos para que el Congreso deje sin efecto un DNU.En una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Peticiones, poderes y reglamento de la Cámara baja, se logró un dictamen de mayoría, que contó con 36 firmas de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (radicales del sector de Facundo Manes y Martín Lousteau), que permitirá que se debata un proyecto en el recinto. La oposición busca tratarlo antes del cierre del período legislativo.También se firmaron otros 3 dictámenes en minoría: 2 proyectos de la Coalición Cívica, y uno de la UCR. “Los 3 proyectos convergen en que el rechazo de una sola cámara voltea el DNU”, explicó a Chequeado Gustavo Arballo, abogado especialista en Derecho Público y magíster en Magistratura y Derecho Judicial.Y advirtió: “Esto es importante porque cuando no es así lo que sucede es que al Presidente, en realidad, eso que debería ser un recurso excepcional, se convierte en tentador, y una vía súper preferible. Porque para hacer el sistema regular tendría que conseguir mayoría en ambas cámaras. Pero si opta por el DNU, le basta con mantener el control de una cámara que no se lo rechace y lo que quiso hacer va a quedar como ley”.Dictamen de mayoríaDe acuerdo con el glosario de la Cámara de Diputados, un dictamen es “la resolución o determinación escrita, adoptada por una o varias comisiones en el ejercicio de sus funciones sobre una iniciativa sometida a su consideración”.Por lo tanto, un dictamen de mayoría, que es lo que ocurrió sobre la reforma de los DNU, es el que, “a pluralidad de dictámenes emitidos, está suscripto por la mayor cantidad de integrantes de una o más comisiones, o aquel que, a igual cantidad de firmas de integrantes de una o más comisiones, está suscripto por el Presidente de la Comisión o de quien presida el seno de las Comisiones”.En palabras más simples: cuando una comisión analiza un tema, puede haber diferentes opiniones que resulten en varios dictámenes. El de mayoría será el que tenga más firmas, o en caso de empate, el que firme el presidente de la comisión.Ante la consulta del sitio Chequeado, Arballo explicó: “Varios de los proyectos que se trataron, que eran similares, se fueron discutiendo en el tratamiento en comisiones. Esto termina, si consiguen firmas, en dictámenes. Con un dictamen de mayoría en la comisión podés llevar el proyecto a la Cámara, a la sesión”. Y aclaró: “En la comisión participan solo los integrantes de esa comisión”.Además, indicó que cuando el proyecto llega al recinto se vota primero el dictamen que haya tenido más votos por afirmativa o por negativa. Y después van votando los que le siguen.ProyectoLa principal modificación propuesta por el proyecto firmado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre establece que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo bajo las atribuciones constitucionales perderán vigencia si no son aprobados por ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos desde su publicación. El proyecto original lleva la firma Oscar Agost Carreño, diputado de Encuentro Federal.Además, se incorpora la posibilidad de que las Cámaras traten estos decretos de manera inmediata durante el período de receso parlamentario.El dictamen también introduce una importante limitación al determinar que, una vez rechazado un decreto por alguna de las Cámaras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario.El proyecto de la UCR establece que los decretos que abarquen múltiples materias podrán ser tratados y votados de forma separada por tema. “El proyecto de la UCR establece un cambio en la ley que le permite al Congreso hacer una aprobación o un rechazo parcial”, indicó Arballo. La ley vigente indica que las cámaras del Congreso sólo pueden dictar resoluciones de aprobación o rechazo a un DNU, pero no pueden avalar algunos artículos y rechazar otros o establecer modificaciones.Además, la iniciativa del radicalismo modifica el proceso de aprobación al requerir la ratificación expresa de ambas Cámaras del Congreso para que un DNU se considere válido, mientras que el rechazo por parte de una sola Cámara será suficiente para su derogación, manteniendo a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.El proyecto de la Coalición Cívica establece una excepción importante al principio de que las Cámaras no pueden modificar los textos del Poder Ejecutivo. Si bien mantiene la prohibición general de hacer enmiendas o agregados, habilita específicamente para los DNU la posibilidad de que las Cámaras realicen “supresiones” al texto original.Esto significa que el Congreso podría aprobar un DNU eliminando algunas de sus partes, las cuales quedarían automáticamente derogadas.Por otro lado, mantiene y clarifica el mecanismo de rechazo, estableciendo que basta con que una sola de las Cámaras rechace el decreto para que este quede derogado, aunque preservando los derechos adquiridos durante su vigencia.En este proyecto, se aclara que estas modificaciones sólo aplicarán a los DNU que se dicten después de que esta ley entre en vigor, no afectando a los decretos ya existentes.RechazosDe acuerdo con la ley vigente, el Congreso puede rechazar un decreto con el voto mayoritario de cada una de las cámaras. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, y si no es tratado, también. Mientras esto ocurre, el DNU tiene plena vigencia.En septiembre último, el Senado rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024 mediante el cual el gobierno de Milei amplió el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en $ 100 mil millones en carácter de fondos reservados. En total, la oposición logró reunir 49 votos para el rechazo, mientras que sólo 11 senadores votaron en favor de la vigencia del decreto y hubo 2 abstenciones.Como el DNU ya había sido rechazado por la Cámara de Diputados, quedó formalmente derogado por el rechazo de ambas cámaras. Es la primera vez en la historia, desde que los DNU fueron incorporados a la Constitución nacional, que el Congreso le rechaza esta herramienta a un presidente.UsosEn total, el presidente que más DNU dictó durante su gestión fue Néstor Kirchner (Partido Justicialista), con 236. Le siguen Carlos Menem (Partido Justicialista), con 195; Alberto Fernández (Frente de Todos), 177; Eduardo Duhalde (Partido Justicialista), 154; Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), 78; Mauricio Macri (Cambiemos), 71; Fernando de la Rúa (Alianza), 59; Javier Milei (La Libertad Avanza), con 46; y Adolfo Rodríguez Saá (Partido Justicialista), 6.Si se analiza por la cantidad de días de gobierno, el presidente que más decretos de necesidad y urgencia dictó fue Rodríguez Saá. Estuvo sólo 8 días en el gobierno y realizó 6 DNU, casi 1 por día.Luego, quien le sigue a Rodríguez Saá en mayor cantidad de DNUs por día es Eduardo Duhalde, quien ejerció la presidencia de forma interina entre 2002 y 2003: emitió 154 DNUs durante 1 año y 4 meses de gestión (0,3 por día).El tercero es Néstor Kirchner, quien dictó en promedio por día 0,14 decretos en 1.660 días. En total, fueron 236 DNUs.En cuarto lugar, según el análisis por día de gestión, se ubica Javier Milei, con 0,13 (46 decretos en 330 días de gobierno). El más significativo fue el DNU 70/2023, uno de los primeros que emitió, que cuenta con más de 600 páginas, entre las que se derogan o modifican una gran cantidad de leyes para “desregular la economía”.

Qué plantean los proyectos de ley presentados por la oposición con relación a los DNU

En los últimos días, una DANA –siglas de depresión aislada en niveles altos– está dejando a su paso fuertes lluvias e inundaciones en España, en áreas del Mediterráneo y Andalucía, especialmente en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y las islas Baleares. El temporal dejó decenas de muertos y personas desaparecidas, y daños inmensos en los municipios afectados.Hace 50 años, las DANA, que entonces se llamaban gotas frías, ocurrían entre tres y cuatro veces al año, esencialmente en noviembre. Hoy ocurren a lo largo de todo el año. ¿Por qué?FormaciónEstas tormentas se generan de la misma manera que los huracanes atlánticos, o los tifones del mar de la China, solo que en el Mediterráneo tienen poco recorrido y almacenan menos energía y vapor de agua que en aquellos parajes.Hace unas décadas, la superficie del mar estaba caliente a finales del verano y se evaporaba, entonces, el agua hacia la atmósfera. Hoy esa superficie está muy caliente todo el año, y se genera constantemente una enorme cantidad de vapor de agua que asciende hacia las capas altas de la atmósfera.Al mismo tiempo, las zonas polares están también mucho más calientes ahora que hace 50 años. Por ello, el chorro polar, la corriente de aire que rodea la Tierra a unos 11 mil metros de altura, está debilitada y, como cualquier corriente fluida que circula lentamente, tiene grandes meandros. Estos introducen aire frío sobre España, por lo general procedente de Groenlandia, en esas capas altas.Así, el vapor de agua evaporado sobre la superficie del mar que asciende se encuentra con aire muy frío y condensa. El giro de la Tierra produce que el aire en ascenso gire en sentido contrario a las agujas del reloj. La condensación del vapor libera enormes cantidades de energía.Debido a esta conjunción de factores, aparecen lluvias torrenciales concentradas en España, sobre las islas Baleares y la cadena costera mediterránea, entrando a veces hasta la sierra del Segura y la serranía de Cuenca. El fenómeno es rápido y muy violento.En ocasiones, incluso, ese vapor mediterráneo se desplaza hacia los Alpes y los cruza en su extremo oriental, descargando también trombas de agua en Centroeuropa.CalentamientoLos seres humanos descubrimos una fuente de energía gigantesca, la energía del Sol, recogida durante 30 millones de años por plantas y animales, hace 300 millones de años. Y la estamos gastando en unos 300 años.Esa fuente de energía son los compuestos de carbono: el carbón, los hidrocarburos y el gas natural. Para extraer la energía, tenemos que quemarlos, y esto produce moléculas poliatómicas como dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y otros compuestos de más de dos átomos. Todas ellas retienen parte de los rayos infrarrojos que salen del suelo de la Tierra y de la superficie del mar, y los devuelven hacia la superficie del planeta. Este se calienta así tanto por la energía solar como por la estufa de infrarrojos que suponen esas moléculas de más de dos átomos.Este proceso da lugar al cambio climático. Cuando esas moléculas, sobre todo el metano, se almacenan en los taludes oceánicos continentales, el agua se enfría y el dióxido de carbono capturado por las olas queda atrapado dentro. Al descender el nivel del mar en un planeta frío (etapas glaciales), el metano acaba por burbujear hacia la atmósfera. Esta se calienta, calienta al mar, y este, como la gaseosa calentada, libera CO₂ que amplifica el efecto del metano. El planeta se calienta cada vez más, se funden los glaciares y aumenta el nivel del mar.Esta secuencia de frío y calor ha ocurrido unas ocho veces en el último millón de años: las glaciaciones.CarbonoHoy estamos forzando este proceso al emitir nosotros esas cantidades tremendas de gases poliatómicos. ¿Podemos limitar las emisiones? Hasta el momento ha sido imposible y esto se entiende bien. Cada ser humano quiere ser mañana más rico que hoy, aunque esa mayor riqueza signifique tener algo más que comer, disponer de más energía. Y de acá al año 2050 va a haber unos 2mil millones de seres humanos más en el planeta, que necesitarán comida, vivienda y transportes, es decir, fertilizantes químicos, cemento y gasolina o gasóleo, o gas natural.Se proponen medidas para sustituir esos componentes por otros distintos que limiten la quema de compuestos de carbono. Pero las medidas se quedan cortas y se desarrollan muy lentamente. La esperanza en los autos eléctricos ha disminuido mucho.En Europa quizás están avanzando en la electricidad producida mediante placas fotovoltaicas y el viento. Pero la electricidad es alrededor de un tercio de la energía consumida, y el desarrollo de electricidad alternativa ocurre, de verdad, solo en Europa. China avanza en ello, pero construye constantemente centrales de carbón.La perspectiva real (a pesar de proyectos grandilocuentes) es que vamos a seguir quemando compuestos de carbono durante muchas décadas y la concentración de los gases poliatómicos va a crecer durante este siglo, y con ella, la temperatura del planeta, y con esta, las DANA y las inundaciones.Nos queda la adaptación, y esta sí es muy factible, pues no exige acuerdos internacionales. En España se puede controlar las inundaciones mediante una reforestación masiva en las montañas y mediante sistemas de captación de agua en origen, construyendo micropantanos en esas laderas. Estos últimos representarían frenos a la llegada del agua a las ramblas y al mismo tiempo, la captura del agua por el suelo, que la devolvería, de forma gradual, hacia los ríos y micro y macropantanos. Esto no solo es posible, sino barato y generador de muchísimos puestos de trabajo.ValenciaDías después de que históricas inundaciones repentinas arrasaran varios pueblos en el sur de Valencia, en el este de España, el impacto inicial dio paso a la ira, la frustración y una ola de solidaridad, mientras el balance de víctimas ya superó los 200 muertos.Muchas calles aún estaban bloqueadas por vehículos y escombros amontonados, que en algunos casos atrapaban a los residentes en sus hogares. Algunos lugares seguían sin electricidad, agua corriente ni conexiones telefónicas estables.Los daños de la tormenta recordaba a los efectos de un tsunami, con sobrevivientes que recogían los pedazos mientras lloraban a sus seres queridos perdidos en el desastre natural más mortal en la memoria viva de España.“La situación es increíble. Mucho desastre y muy poca ayuda”, dijo Emilio Cuartero, vecino de de Masanasa, a las afueras de Valencia. “Necesitamos sobre todo maquinaria, grúas, para que se pueda acceder a los sitios. Necesitamos mucha ayuda. Y pan y agua”. En Chiva, los residentes trabajaban el viernes limpiando escombros de las calles llenas de lodo. La localidad valenciana recibió más lluvia en ocho horas el martes que en los 20 meses anteriores y el agua desbordó una acequia que atraviesa la ciudad, arrancando carreteras y muros de casas.

Qué es una DANA, el fenómeno meteorológico que afectó a España

El gobierno nacional promulgó la Boleta Única de Papel (BUP). La legislación que introduce modificaciones al Código Electoral Nacional fue publicada ayer en el Boletín Oficial.Con la oficialización de la iniciativa, las elecciones legislativas de 2025 tendrán una novedad: la ciudadanía ya no votará con boleta partidaria en el cuarto oscuro. Por primera vez desde la vuelta de la democracia, recibirá, de parte de las autoridades de mesa, una papeleta en la que deberá marcar a los candidatos que quieran votar.Para el votante, con la implementación de este nuevo instrumento habrá diferencias en varios aspectos. Entre los puntos salientes, se destacan la modificación del cronograma electoral y la realización de comicios concurrentes en los distritos que celebren las elecciones nacionales en simultaneidad con las locales.Además, no existirá la opción de “boleta completa”, por lo que la ciudadanía deberá elegir categoría por categoría. En algunos cuartos oscuros, se verán afiches con las listas completas, ya que en las papeletas no figurarán los nombres de todos los candidatos.Esta nueva herramienta, que fue sancionada por la Cámara de Diputados a principios de octubre, además, podría generar consecuencias en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país.Boleta partidariaDespués de más de 2 años de debate, el Congreso sancionó la implementación de un nuevo instrumento de votación, que finalmente fue promulgado esta semana por el Ejecutivo.Por eso, a partir de las elecciones legislativas del 2025, el votante recibirá de parte de las autoridades de mesa una única boleta en la que encontrará toda la oferta electoral de cargos nacionales de su distrito.Es decir, el votante expresará su voto en una planilla, no a través de la introducción de boletas por cada una de las categorías en juego (por ejemplo, presidente, senador, diputado) en un sobre.El diseño de la BUP que se votó en el Congreso es similar al que rige en Mendoza: en las columnas se detallan los partidos o alianzas políticas y en las filas, las categorías de cargos a votar. La boleta se dobla y se deposita en una urna.CronogramaCon la sanción del proyecto de Boleta Única de Papel, se modificó el calendario electoral. Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se adelantan del segundo al primer domingo de agosto. Asimismo, se extiende de 50 a 60 días previos a la elección el plazo para registrar las listas de los candidatos proclamados.En tanto, pasa de 40 a 45 días previos a los comicios el período para exhibir el diseño de la Boleta Única de Papel. Mientras que la campaña electoral iniciará 60 y no 50 días antes de las elecciones.Boleta completaOtro cambio para el votante es que con la Boleta Única de Papel, el ciudadano ya no podrá votar “boleta completa” o, en todo caso, para hacerlo deberá seleccionar una por una las distintas categorías de un mismo partido. Luego de arduas negociaciones con las bancadas provinciales, el texto que el Congreso convirtió en ley no incluye ningún casillero en la boleta que exprese esa opción. Por eso, el elector deberá hacer una cruz por categorías.Si se hace un paralelismo con la boleta partidaria, sería similar a elegir una boleta para cada categoría (por ejemplo, presidente, senador y diputado).De esa manera, como explicó al sitio Chequeado Alejandro Tullio, profesor de Derecho y Administración Electoral en la Universidad Nacional de San Martín y ex titular de la Dirección Nacional Electoral entre 2001 y 2015, con la BUP “se rompe la dinámica de arrastre” que se producía con la boleta partidaria nacional.Hasta los últimos comicios, el candidato que se ubicaba a la izquierda de la boleta partidaria (por ejemplo, en las elecciones del año pasado, a presidente) era el “llamador”. Tullio ejemplificó: “Ponés a Cristina Fernández de Kirchner y la gente vota la boleta completa”. Es decir, tener un candidato potente en la categoría que se ubica a la izquierda, arrastra al resto de los candidatos.En cambio, con la Boleta Única de Papel (y sin el casillero de “boleta completa”) el ciudadano se ve obligado a hacer tantas marcas como candidatos haya. “Cambiar la modalidad física te obliga a repensar la actividad en sí misma”, sintetizó el ex titular de la DINE.Es decir, el elector “pensará” antes de inclinarse por el candidato de cada una de las categorías. Por eso, Tullio considera que con la BUP se requieren candidatos “potentes” o “atractivos” para cada categoría.DudasCambio de tijera por lapicera. Con la implementación de la BUP, los votantes ya no deberán llevar una tijera al cuarto oscuro en caso de querer elegir candidatos de diferentes espacios políticos.El “corte de boleta” se verá reflejado en que el votante marcará con una cruz, de acuerdo a la categoría, a candidatos de diferentes espacios políticos. Es decir, se verán cruces dispersas en diferentes columnas, en lugar de verse todas alineadas.En blanco. Con la implementación de la Boleta Única de Papel, el voto en blanco se expresa dejando vacío el o los casilleros de las categorías por las que el elector no se quiera pronunciar. La impugnación, en cambio, se produce cuando el votante marca más de una opción para una misma categoría.Hasta los últimos comicios, el voto en blanco se expresaba cuando no se colocaba dentro del sobre la boleta de determinada categoría. En cambio, una manera de impugnar podía ser introduciendo dos boletas de igual categoría.Diputados. Para el caso de la lista de diputados nacionales, la BUP debe contener como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista, salvo en aquellos distritos en los que se elija un número inferior. En todos los casos, la boleta incluirá una fotografía color de los primeros 2 candidatos titulares.En aquellos distritos en los que las listas superan los 5 candidatos, tal cual ocurre, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las listas completas de candidatos, con sus suplentes, deben ser publicadas en afiches o carteles “en cada cabina de votación, cuarto oscuro, centros de votación y/o cualquier otro espacio destinado a tai fin”. Así lo establece el artículo 62 bis de la Ley 27.781.ConcurrentesOtra novedad que se producirá a partir del año que viene, con la implementación de la BUP, es que en aquellos distritos en los que se superpongan en una misma fecha los comicios nacionales con los provinciales, es decir, que sean elecciones “simultáneas”, serán, sin excepción, “concurrentes”.Es decir, habrá una boleta y una urna para los cargos nacionales (diputados y senadores nacionales) y otra boleta y urna para los provinciales (gobernador, legisladores, intendentes, concejales), incluso en las provincias que, a través de una ley, adhieran a la Boleta Única de Papel.“En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la Boleta Única en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas”, establece el artículo 37 de la nueva ley. Es decir, las provincias pueden adherir a la BUP pero no “integrarse” a la BUP nacional.En aquellos distritos que no adhieran a la BUP, pero que celebren los comicios provinciales el mismo día que los nacionales, tal cual explicó al mencionado sitio Facundo Cruz, codirector del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (Cicad), la ciudadanía se encontrará “con 2 instrumentos de votación separados y va a tener que ir a votar en 2 instancias”.Algo similar ocurrió en las últimas elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las PASO, la ciudadanía porteña utilizó la boleta partidaria para los cargos nacionales y la electrónica para los locales, pese a que se celebraron de manera simultánea.Sin embargo, la jueza federal con competencia electoral María Servini denunció irregularidades vinculadas al voto electrónico que fueron validadas por la Cámara Nacional Electoral y en las elecciones generales se utilizó el sistema de boleta partidaria para los comicios nacionales y porteños.

Qué cambiará para los votantes la Boleta Única de Papel

Miles de habitantes de la localidad de San Pedro, en la Provincia de Buenos Aires, eran usuarios de la plataforma de inversión Rainbowex, que tiene sospechas de ser una estafa piramidal. De hecho, la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que la plataforma investigada no está registrada legalmente.Por su parte, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquee “de manera urgente” el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero denominada “RainbowEX” y/o “Knight Consortium”, que está siendo investigada, en el fuero federal, por el posible delito de intermediación financiera no autorizada y, en el fuero penal provincial, por eventuales estafas de tipo piramidal, en la ciudad bonaerense de San Pedro, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal.La medida fue adoptada en línea con un planteo formulado al juez por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación.Posible estafa piramidalLa supuesta estafa piramidal en San Pedro se relaciona con Knight Consortium. La supuesta empresa singapurense ofrecía invertir en supuestas criptomonedas a través de la aplicación Rainbowex y prometía ganancias de entre el 1% y el 2% en dólares por día.Además, asesoraba a los usuarios por un canal de Telegram, en el cual una vez al día una mujer apodada “La China” les enviaba un mensaje con sugerencias sobre trading, es decir, la compra y venta de activos financieros para hacer rendir mejor el dinero invertido.Según el intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar, habría hasta 20 mil habitantes involucrados. “No sabemos a ciencia cierta la cantidad de gente, pero se estima que entre 15 y 20 mil personas están metidas”, dijo el jefe comunal en diálogo con Radio 10. La localidad de San Pedro tiene casi 70 mil habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Las dudas sobre la veracidad del sistema surgieron a partir de las excesivas ganancias diarias que prometía Knight Consortium. Un 1% en dólares significa una tasa de interés del 3.490% anual. Para tomar de referencia, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son considerados una inversión segura, tienen un rendimiento del 4% anual.Maximiliano Firtman, programador, profesor y director de la academia de programación ITMaster, comenzó a investigar a Knight Consortium y compartió un hilo de X en el que describió cómo funcionaba la supuesta estafa.“El problema de toda esta historia es que la empresa Knight Consortium no existe desde 2010. Su sitio web tiene solo unos meses de vida. El trading de criptomonedas en la aplicación Rainbowex no existe. Los fondos de las personas desaparecen de sus billeteras apenas ingresa el dinero. Ali, La China, no existe, es sólo una cuenta en Telegram que no habla muy bien español. Zhang Guofu, el fundador, no existe, es una foto de stock. Timothy Murphy y Jeremy Jones son 2 estafadores condenados en Estados Unidos en 2018 y 2019 luego de investigaciones del Departamento de Justicia y del Servicio Secreto”, aseguró Firtman en una nota publicada en Clarín.La posible estafa piramidal está siendo investigada por la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás y, como se dijo, la CNV informó que la plataforma investigada no está registrada.Cómo funcionanLas estafas piramidales llevan ese nombre por la forma de la estructura necesaria para que funcione. Muchas personas pagan dinero para ingresar a la base y van llegando a los estratos más altos al reclutar nuevos participantes. Aquellos que crecen en la pirámide y llegan al estrato más alto van a obtener ganancias pero por haber conseguido a otros que se sumen al esquema.El problema está en que las personas ingresan bajo una falsa promesa de multiplicar el dinero invertido, pero no hay ninguna inversión o actividad que genere nuevos ingresos. Solamente se gana dinero por el aporte que hacen los nuevos ingresantes y que lo retiran aquellos miembros que los convocaron. Si dejan de ingresar nuevos participantes, deja de haber dinero. Por eso, el éxito dependerá exclusivamente del reclutamiento y el convencimiento para que nuevos actores se sumen a la causa.El reclutamiento se hace bajo promesas de poder duplicar, triplicar o incluso sextuplicar lo invertido. Entonces, aquellos que primero ingresan logran ese objetivo al retirar su inversión y parte del dinero que pusieron los nuevos miembros. Pero esta cadena se corta si en algún momento dejan de invertir nuevos miembros.Además, a diferencia de una inversión en una institución financiera autorizada, no se firma ningún tipo de documento ni hay solvencia para responder ante un eventual resultado negativo.DiferenciasMuchas veces los términos “estafa piramidal” y “esquema Ponzi” son utilizados como sinónimos pero tienen diferencias. En la estafa piramidal los participantes logran ganancias al reclutar nuevos miembros. En cambio, en el esquema Ponzi la persona no necesariamente tiene la responsabilidad de buscar nuevos miembros y piensa que está invirtiendo en algún activo, según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.El esquema Ponzi nació en los años 20 en los Estados Unidos, cuando el empresario italiano Carlo Ponzi convocaba gente para invertir en cupones internacionales por correo con un 50% de retorno en pocos meses. Con el dinero invertido por los nuevos participantes, le pagaba a los viejos miembros y así mantenía una rueda girando sin invertir un centavo.AlertaEl economista Nicolás Picón, coordinador del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (Ladeset) de la Universidad Nacional de La Plata, señaló al sitio Chequeado que “no toda la información que circula en redes es confiable y las personas pueden ser víctimas de esquemas Ponzi o piramidales. No hay que confiar nunca en quienes piden transferencias bancarias a cuentas particulares ni dinero en efectivo, y que prometen altos rendimientos en poco tiempo. Hay que alejarse de estos gurús”.De acuerdo con el especialista, si uno necesita asesoramiento en el mercado de capitales “hay que recurrir a un asesor profesional en el mercado de capitales o agentes habilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.Julián Castellucci, profesor de Finanzas Corporativas Avanzadas en la Universidad Católica Argentina (UCA), también advirtió, en diálogo con el citado medio, sobre este tipo de estafas, que en muchas ocasiones son promocionadas en videos virales: “Si te ofrecen una rentabilidad muy alta en dólares, podemos estar frente a una estafa mediante el esquema Ponzi. Otra de las estafas son los cursos que dictan con los cuales te prometen que te vas a hacer rico. Los cursos son pagos y no son baratos”.

Qué es una estafa piramidal, cómo funciona y en qué se diferencia del esquema Ponzi

El gobierno nacional dispuso el cierre de 3 fondos fiduciarios por presuntas “ineficiencias en su implementación”. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo disolvió el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.En febrero, Javier Milei (La Libertad Avanza) ya había adelantado que avanzaría contra los fideicomisos, a los que describió como “cajas negras de la política”. Por otra parte, el artículo 5 de la llamada Ley Bases, aprobada por el Congreso a fines de junio, autorizó al Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.Qué sonUn fondo fiduciario o fideicomiso es un tipo de administración de recursos a través de la cual una persona u organización le otorga a otra persona o entidad la administración de ciertos bienes, con el objetivo de que los administre en favor suyo o de un tercero. Estos fondos pueden ser públicos (es decir, creados al interior de la administración pública) o pactarse entre privados (por ejemplo, cuando una persona entrega la administración de sus bienes a otra).En el caso de los fondos públicos, es el Estado quien delega la administración de fondos a una entidad (que suele ser un banco público, por lo general el Banco Nación o el Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE-) para que los administre en función de determinada política pública, como el otorgamiento de un subsidio o la realización de una obra.Rafael Flores, economista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), dijo al sitio Chequeado que “los fideicomisos son un instrumento que se pueden utilizar tanto en el sector público como en el privado para financiar determinados gastos, asegurándose de que los fondos se utilicen para un fin concreto y no se puedan desviar a otros propósitos”.Fondo Nacional de EmergenciasEl Fondo Nacional de Emergencias fue creado en 2016 a través de la sanción de la Ley 27.287, “con el objetivo de financiar y ejecutar las acciones de respuesta (…) para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil”.En el decreto de disolución, el Gobierno cita una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que señaló que el fondo “nunca estuvo operativo” y que desde la fecha que se firmó el contrato de fideicomiso hasta la actualidad “nunca se le asignó un presupuesto acorde al objetivo tenido en cuenta al momento de su creación”.Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Fondo Nacional de Emergencias, por su naturaleza, “la que implica entrar en funcionamiento a partir de la declaración de una situación de emergencia”, no tiene ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2024 (último dato disponible). Tampoco la tuvo durante 2023.ProgresarEl Fondo Fiduciario Progresar fue creado mediante un decreto de necesidad y urgencia de enero de 2022 con el objetivo de “financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del ‘Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos’ (Progresar)”.Según explicó el Gobierno, este fondo tampoco estuvo operativo “por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento”. En los registros oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto, a la hora de analizar la ejecución de gastos, el Fondo Progresar ni siquiera figura en el listado de fondos fiduciarios.El Gobierno, sin embargo, aclaró que la disolución de este fondo no implica la eliminación del programa Progresar, que continúa vigente ya que “el financiamiento de las Becas Progresar tiene su origen en el presupuesto del entonces Ministerio de Educación, hoy Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano”.Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno destinó $ 222 mil millones a las Becas Progresar en los primeros 9 meses del año, una caída del 66,4% en términos reales respecto al mismo período del año anterior.FobosquesPor último, el decreto disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosques), creado en 2018 con el objetivo de administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos-que se constituyó a partir de la sanción de la “Ley de Bosques”-, e “implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques”, de conformidad con la voluntad del Estado “manifestada en el Acuerdo de París”.Según la ley vigente, ese fondo se financiaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones primarias y secundarias del sector agrícola, ganadero y forestal. El Gobierno señaló que esto no se verificó en las planillas presupuestarias de 2021, 2022 y 2023 y que además la SIGEN detectó “deficiencias en los registros e inexistencia de indicadores claros sobre la gestión”.Entre enero y junio de 2024 el Fobosques tuvo ingresos corrientes por $ 4.219 millones, pero sólo gastó $ 321 millones (en bienes y servicios y otros gastos), un 7,6% de sus recursos. En 2023 el Fobosques también había finalizado con un resultado financiero positivo: tuvo ingresos por $ 12.711 millones y gastos por $ 4.819 millones.“El Fobosques es la salvaguarda para que los fondos para la aplicación de la Ley 26.331 se preserven de otros usos y de la devaluación por los vaivenes de la economía argentina. Además, contribuye a garantizar &nbsp;que el país siga avanzando en una protección efectiva de sus bosques nativos, cumpliendo con normativa nacional vigente y honrando compromisos asumidos globalmente”, señalaron en un comunicado más de 20 organizaciones de la sociedad civil, que alertaron hace pocas semanas ante el posible cierre de Fondo.VigenciaEl Ministerio de Capital Humano precisó que el financiamiento de las Becas Progresar “está garantizado”, por lo que el programa seguirá en vigencia y no se verá afectado por la eliminación del Fondo Fiduciario.La cartera que dirige Sandra Pettovello aclaró que las partidas para las becas dependen de la Secretaría de Educación del Ministerio, por lo que los beneficiarios del programa “cobrarán en tiempo y forma”.“El Ministerio de Capital Humano informa que el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) continúa en vigencia. La reciente disolución del Fondo Fiduciario no afecta su funcionamiento”, indicó el ministerio en un comunicado. Y agregó: “Más de un millón de beneficiarios seguirán cobrando sus becas en tiempo y forma. El financiamiento está garantizado por el presupuesto de la Secretaría de Educación”.

Cuáles son los fondos fiduciarios que eliminó el gobierno  y qué importancia tienen por su presupuesto

La crítica del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) a la falta de control y de auditorías sobre las universidades nacionales se convirtió en un tema de discusión en medio del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Con la segunda marcha federal universitaria -que el 2 de octubre registró movilizaciones en distintos puntos del país- el debate se intensificó.AuditoríasEl artículo 59 bis de la Ley 24.521 establece que “el control administrativo externo” de las universidades estatales “es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, que “dispondrá de un área específica (…) para llevar a cabo esta tarea”.La ley no aclara, sin embargo, con qué periodicidad debe hacerse ese control. Y agrega: “Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Subsecretaría de Políticas Universitarias, señaló: “Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos. Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta”.Y agregó: “En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo 1 está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros 2 corresponden a períodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado”.ProcesoEl comunicado del Gobierno nacional señala que en los últimos años sólo se auditó una facultad de la UBA, la de Psicología, en 2018. De la búsqueda de informes en la web de la AGN, al filtrar por la UBA, el último informe publicado es, efectivamente, el de la Facultad de Psicología, publicado en octubre de 2023 sobre el ejercicio 2018. Antes de eso, figuran 5 informes sobre la UBA en la web de AGN.En abril de 2024, en el marco de la primera marcha universitaria contra el gobierno de Milei, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), explicó en una entrevista en Radio Mitre que las auditorías que debe realizar cada año la AGN las establece la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, integrada por diputados y senadores. Por ejemplo, el Plan de Acción Anual de la AGN para 2024 incluye las auditorías de las universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste.“La AGN realiza una auditoría de la cuenta de inversión. Todos los años audita las áreas que tienen ‘entradas’ y ‘salidas’, como la AFIP y la ANSES, y los órganos rectores, como la Contaduría General de la Nación o la deuda externa. Y después hace una muestra de organismos. Esos organismos se deben escoger con un análisis que debe tener en cuenta la materialidad y el riesgo”, explicó al sitio Chequeado Guillermo Schweinheim, director de la Maestría y Especialización en Auditoría Gubernamental de la Universidad de San Martín (Unsam)Y agregó: “Los organismos que son auditados cada año deben ser seleccionados por la AGN en el Plan de Acción Anual, que luego debe aprobar la Comisión Mixta del Congreso. No es el Congreso el que elige los organismos, sino el que aprueba la selección hecha por AGN”.Las auditorías, además, presentan cierto rezago. Las que realiza este año la AGN sobre Formosa, Salta y el Nordeste auditan el período 2019-2021. El control de este organismo es “ex post”, es decir, posterior al ejercicio analizado, a diferencia de Sigen, que controla de forma “concomitante”, es decir, con la gestión en curso.El Gobierno le endilga a las universidades un presunto rechazo a ser auditadas. El organismo de control interno de la Administración Pública es la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Presidente de la Nación y que cuenta con unidades de auditoría interna (UAI) en los distintos organismos de la Administración.Sin embargo, “la Sigen no puede realizar auditorías de las universidades nacionales porque así lo estableció una ley aprobada en 2020 (durante la gestión de Fernández), que las exceptuó de ser auditadas ad hoc por los síndicos y funcionarios de la Sigen”, explicó SchweinheimEn noviembre de 2022, a consulta de la Sigen, la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular era Carlos Zannini, dictaminó -en línea con esa ley- que no eran aplicables a las universidades los controles de la Sigen previstos en la Ley de Administración Financiera, ya que resultaría violatorio de la autonomía universitaria.El artículo 75 de la Constitución atribuye al Congreso la facultad de sancionar leyes que organicen la educación y, entre otras cosas, que “garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.Por eso, concluyó que el “control externo” de las universidades “continúa, indudablemente, a cargo de la AGN”. En un reciente comunicado, la Sigen señaló: “La Sigen no se retiró de la auditoría de las universidades. Fue impedida de continuar a partir de un dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini”.No obstante, el dictamen de Zannini señaló que la articulación de acuerdos entre la Sigen y las universidades, con voluntad expresa de las autoridades universitarias, no resultaría violatorio de la autonomía. En ese sentido, en 2024 la Sigen firmó convenios con la Universidad de Tres de Febrero y con la Universidad de San Martín para realizar tareas de control interno.Auditorías propiasComo se mencionó más arriba, la Ley de Educación Superior establece que “todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.Al interior de las universidades existen unidades de control interno. Por ejemplo, en la UBA funciona la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (Aguba), que elabora y publica informes de auditoría de cada una de las facultades que integran la universidad.En este link están disponibles las auditorías internas realizadas en 2023 sobre el ejercicio 2022 del rectorado, las facultades, los colegios que dependen de la UBA y los hospitales universitarios.El auditor general es designado por el Consejo Superior de la UBA, que está integrado por el rector, los decanos de las facultades y representantes de los claustros de profesores graduados y estudiantes. Los auditores adjuntos son nombrados por el rector. De acuerdo con el último informe de Planeamiento, la Aguba cuenta con una dotación de 26 personas, entre auditores, directores, supervisores y secretarios.“Las universidades tienen sus propias unidades de auditoría interna, pero -en lugar de ser designadas por la Sigen- los auditores internos son designados por el Rector o el Consejo Superior de cada universidad, aunque sus auditores utilizan las normas de control interno de la Sigen”, concluyó Schweinheim.

Quién debe controlar las auditorías a las universidades y cómo es el proceso

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ) dio a conocer los datos de pobreza e indigencia para el primer semestre de 2024, los primeros 6 meses completos de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza).La pobreza alcanzó al 52,9% de la población en el primer semestre de 2024, un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%).En tanto, la indigencia prácticamente se duplicó en un año: pasó del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros 6 meses de este año.Si se proyectan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a todo el país, casi 25 millones de personas son pobres (6 millones más que en el segundo semestre de 2023), de las cuales 8,5 millones son indigentes.En nuestro país existen 2 modos de medir la pobreza: un enfoque monetario, que se informa cada 6 meses, y otro multidimensional, que se elabora durante los censos de población.El dato publicado se realiza bajo el enfoque monetario, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Indec .Por un lado, se determina si los ingresos de una familia son suficientes para costear una canasta básica de alimentos (CBA), que contiene ciertos nutrientes que tienen por objetivo cubrir un umbral mínimo de necesidades energéticas. A esto se denomina “línea de indigencia”.Por otro lado, se agrega a estos gastos básicos otras necesidades no alimentarias como la vivienda, la educación, la salud o el transporte. A esto se denomina canasta básica total (CBT) y determina la “línea de pobreza”.DatosEn el primer semestre de 2024, los primeros 6 meses completos de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) casi 25 millones de personas se encontraron bajo la línea de la pobreza, de las cuales 8,5 millones se encontraban en condiciones de indigencia (es decir que no pueden cubrir con sus ingresos las necesidades alimentarias básicas).Los datos surgen del último informe sobre pobreza e indigencia publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ), que mostró que la pobreza en la Argentina fue del 52,9% en el primer semestre de 2024. Esto representa una suba de 11,2 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2023 (41,7%) y de 12,8 puntos interanual.En tanto, el organismo señaló que la indigencia ascendió al 18,1%, lo que marca un incremento de 6,2 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2023 y del 8,8 puntos en los últimos 12 meses: es decir, prácticamente se duplicó.Se trata del mayor nivel de pobreza e indigencia registrado en 20 años, cuando en el primer semestre de 2004 la pobreza fue del 55,3% y la indigencia del 19,5%.Respecto a la pobreza, además, el incremento de 12,8 puntos porcentuales en un año es el mayor salto registrado desde que la pobreza se mide de forma semestral (a partir del segundo semestre de 2003).Para encontrar una diferencia mayor hay que ir hasta octubre de 2002 (luego del estallido social de diciembre de 2001 y la salida de la convertibilidad en enero de 2002), cuando los datos se informaban en mayo y octubre y el incremento fue de 19,9 puntos.Pobreza infantilEl último informe del Indec destaca que, entre los niños de 0 a 14 años, la pobreza alcanzó el 66,1%. En tanto, la indigencia en este grupo etario llegó al 27%.Esto implica un incremento de 9,9 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2023 y 7,7 puntos sobre el segundo semestre del año pasado.En tanto, el número de personas mayores de 65 años en situación de pobreza más que se duplicó en un año: pasó del 13,2% en el primer semestre de 2023 al 29,7% en igual período de 2024.El informe del Indec señala, además, que en promedio los hogares pobres registraron ingresos un 42,6% inferiores que la Canasta Básica Total (CBT), el indicador que marca el límite a partir del cual una persona es considerada pobre.De acuerdo con los datos oficiales, los hogares pobres registraron un ingreso promedio de $ 407.171, mientras que la CBT se ubicó en $ 709.318 en el primer semestre de 2024. El instituto de estadísticas afirmó que esta diferencia se incrementó con respecto al segundo semestre de 2023 (37,8%).En tanto, en los hogares indigentes los ingresos fueron 33,4% inferiores a la Canasta Básica Alimentaria: registraron ingresos por $ 232.453 mientras que la canasta fue de $ 349.073.AglomeradosDe acuerdo con el informe del Indec , las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (62,9%) y Noroeste (57%). Le siguieron el Gran Buenos Aires (52,8%); Cuyo (52,3%); Pampeana (49,9%) y Patagonia (49,1%).En los partidos del Gran Buenos Aires la pobreza fue del 59,7% en el primer semestre de 2024. Los niveles más altos de pobreza se registraron en Gran Resistencia (76,2%); Formosa (67,6%); La Rioja (66,4%); Concordia (65,8%); y Santiago del Estero-La Banda (64%).DeclaracionesEl Vocero Presidencial Manuel Adorni manifestó no poder creer que “los responsables del desastre, que saben que son responsables del desastre, descubrieron a los pobres” en el país, cuando forman parte de una clase política que durante 20 años lo único que hizo fue “despedazar todo por el aire, especialmente los indicadores sociales”, además de “dilapidar recursos de todos los argentinos”.En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni aseguró que “de las crisis en la Argentina se sale con ortodoxia” y “crecimiento económico”, e indicó que “el plan de estabilización está en marcha, la inflación está bajando y se ha evitado la hiperinflación” que hubiera llevado la pobreza en torno a 95 por ciento, provocando “una de las mayores catástrofes sociales que se hubiesen conocido en la República Argentina”.Así, indicó que las mediciones trimestrales del Sistema de Información y Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales del Ministerio de Capital Humano marcan que “la pobreza tuvo su pico máximo en el primer trimestre del año, donde llegó a 54,8 por ciento, y mostró un decrecimiento que llegó, en el segundo trimestre, a 51 por ciento”. Señaló, además, que esa “recuperación estimada de 3,8 por ciento” es “importante” porque marca una tendencia.&nbsp;Repercusiones"La tasa de pobreza en Argentina supera el 50% con Javier Milei", dice un artículo del Financial Times a propósito de la difusión de los datos del Indec que marcan un nivel del 52,9% de pobres.Además, en la bajada de la nota, señala que algo ha comenzado a cambiar en el apoyo que recibe el mandatario que anunció el ajuste durante la campaña electoral: "Los últimos datos se atribuyen a las medidas de austeridad del gobierno a medida que se desvanece la popularidad del libertario radical". El diario británico especializado en el mundo de las finanzas y la economía dice que la tasa, publicada por la agencia nacional de estadísticas el jueves, "es la peor en dos décadas y 11,2 puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2023". Apunta como causas de este incremento en la pobreza del país que desde que asumió Milei ha recortado el gasto público en un esfuerzo por reducir la inflación anual. Pero dice, el FT: "Los aumentos de precios han erosionado el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados". &nbsp;&nbsp;

Cómo se mide la pobreza en la Argentina y qué significó el último número del Indec

El presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza) presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025, que prevé superávit primario y equilibrio financiero, además de una baja pronunciada de la inflación.La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por las cámaras de Diputados y Senadores, prevé gastos corrientes y de capital por $ 117,5 billones, y establece una nueva regla fiscal que, con el objetivo de garantizar el equilibrio financiero y evitar el déficit, dispone que para determinar los gastos el Gobierno debe primero calcular el ahorro necesario para pagar los intereses de deuda.EvoluciónPara comparar los presupuestos es necesario tener en cuenta la ejecución de los mismos y no el proyecto aprobado, dado que por el efecto de la inflación las partidas se modifican a lo largo del año. Del mismo modo, la comparación debe realizarse en términos reales (es decir, contemplando la inflación).En tanto, para proyectar la inflación del año próximo debe tenerse en cuenta el promedio de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Gobierno prevé para 2025, y no su evolución interanual a diciembre (que en el mensaje que acompaña el presupuesto se proyecta en 18,3%).Esto se debe a que los gastos se van ejecutando de forma paulatina cada mes y no todos juntos en diciembre, por lo que es necesario considerar el incremento promedio del IPC, que para el próximo año sería del 36% en caso de que el aumento de precios fuera uniforme todos los meses (en torno al 1,4%).Gastos socialesTeniendo en cuenta estas variables, los gastos totales para 2025 serán un 2,5% menores en términos reales (es decir, contemplando la inflación) que los gastos con los que el Gobierno estima terminar 2024.Pero al interior del presupuesto existen reacomodamientos, y algunas partidas aumentan su peso en el total, en detrimento de otras.Es el caso, por ejemplo, de los gastos agrupados en la finalidad Servicios Sociales (que incluyen las erogaciones relacionadas con las jubilaciones, los programas sociales, la educación, la ciencia y la salud, entre otros).De acuerdo con las proyecciones, las partidas del área aumentarían 2% real en 2025 con respecto a los gastos ejecutados en 2024, y su participación en el total aumentaría casi 3 puntos porcentuales: del 67% actual al 70,1% según el reparto de fondos previstos en el proyecto de presupuesto.En tanto, se registrarían caídas del 24,4% en la finalidad Servicios Económicos (que agrupan, entre otros gastos, los subsidios a la energía y el transporte) y en los servicios de deuda pública (-7,8%), que además pierden peso en el total de gastos. Y hay aumentos en Administración Gubernamental (14,8%) y Servicios de Defensa y Seguridad (1,8%).Menos partidasDentro de la función Servicios Sociales (la de más peso en los gastos previstos para 2025), las partidas destinadas a Seguridad Social (jubilaciones y asignaciones) caerán un 14,6% real en 2024 (de acuerdo con las proyecciones de gastos oficiales) y se mantendrían equilibradas en 2025 (con una variación de 0,5%, es decir, sin recuperar los niveles de 2023). &nbsp;En lo que respecta a las jubilaciones, cuyo financiamiento fue objeto de debates luego del veto a la Ley de Movilidad aprobada por el Congreso, el ítem Prestaciones Previsionales caería 1,6% real en 2025, considerando el presupuesto actualmente vigente para el área. Pero si se le suman los complementos (el presupuesto destinado a los bonos) la caída completa es del 8,7% real.En tanto, los gastos en Promoción y Asistencia Social (que engloba otros tipos de ayudas sociales, como la Tarjeta Alimentar y la asistencia a comedores) aumentaría 1,1% en 2025. Dentro de este escenario, las asignaciones familiares (que incluyen la Asignación Universal por Hijo, que en lo que va de la gestión de Milei aumentó 95% real) subirán 2,9% real.RetrocesoLa función Educación y Cultura caería 0,3% en 2025 con respecto a los gastos esperados por el Gobierno para 2024.Dentro de este universo se destaca una caída del 4,5% en el financiamiento de las universidades, que en 2024 perdería 31,6% de no mediar cambios en las partidas. Además, el proyecto de ley suspende para 2025 la obligación de que el presupuesto destinado a Educación no sea inferior al 6% del PBI.En este escenario, los fondos destinados a infraestructura y equipamiento dentro de la Secretaría de Educación tendrían una caída real del 23,4% para 2025.En cuanto al financiamiento de la ciencia, la función presupuestaria presenta un incremento real del 4% para 2025 (luego de una caída del 34,7% en 2024), pero al interior del área se destaca una caída del 22% real en el financiamiento del Conicet.Obra públicaEl proyecto de ley prevé que los gastos de capital de 2025 (relacionados con la obra pública) se mantengan invariables en términos reales con respecto a 2024.Pero el punto de comparación parte de un piso bajo, dado que en lo que va de 2024 (los datos oficiales de ejecución presupuestaria llegan hasta julio) los gastos de capital cayeron 80,7% real interanual.Para 2025, en tanto, el Gobierno prevé gastos de capital por $ 4.277 millones, lo que representaría un valor similar en términos reales a lo invertido en 2024. Esto implica que la inversión en obra pública continuará -como este año- en niveles más bajos que los ejercicios anteriores.AumentosEn tanto, el proyecto de presupuesto 2025 contempla un incremento real del 5,9% para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo financiamiento fue debatido en las últimas semanas luego de que el Congreso rechazara un Decreto de Necesidad y Urgencia que aumentaba en $ 100 mil millones los fondos reservados para el organismo.En tanto, la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, tendría un incremento del 18,2% en sus partidas en relación con el presupuesto vigente para 2024.También habrá aumentos de partidas para la función de Salud, cuyos fondos aumentarán 31% en términos reales con respecto a las previsiones de gastos para 2024.&nbsp;CaídaPara tener una idea sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina cayó 1,7% en el segundo trimestre de 2024 y acumula una baja del 3,4% en los primeros 6 meses completos de la gestión de Javier Milei.De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo trimestre de 2024 la actividad económica cayó 1,7% en relación con igual periodo del año pasado y, en la serie desestacionalizada, también cedió 1,7% con respecto al primer trimestre de este año.La caída de la actividad en el segundo trimestre fue empujada por una fuerte retracción de la construcción (-22,2%), la industria (-17,4%) y el comercio (-15,7%), que fueron compensadas parcialmente por una suba importante de la actividad agropecuaria (81,2%).Los resultados del segundo trimestre de 2024 se explican principalmente por una caída del 29,4% de las inversiones (formación bruta de capital fijo), que según el INDEC ocurrió debido a una baja del 39,6% en el ítem equipo de transporte; el 30,7% de la inversión en construcciones; y el 30,2% en maquinaria y equipo.En tanto, también se registraron retrocesos en el consumo privado (-9,8%); el consumo público (-6%); y las importaciones, que cayeron un 22,5%. Nuevamente -al igual que en el primer trimestre– tuvieron un resultado positivo las exportaciones, que crecieron un 31,4% en comparación con el segundo trimestre de 2023.En las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2025, el Gobierno estimó que en 2024 el PBI caerá 3,8%. En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que este año la actividad en el país va a caer un 3,5%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó una caída del PBI del 3,3%.

Qué dice el Presupuesto 2025 sobre los gastos en jubilaciones y educación

Ocho de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online en el último año. De ellos, el 37% ingresa a apps o páginas webs de juegos -también conocidas como casinos virtuales- muy seguido o todos los días.Los datos surgen de una encuesta realizada por Unicef Argentina y la organización Bienestar Digital a cerca de 600 adolescentes y jóvenes, entre el 27 de junio y el 5 de agosto de 2024.De los entrevistados, el 58% eran mujeres, mientras que un 38% se identificó como hombre. El 66% tenía entre 18 y 24 años, y el porcentaje restante, entre 13 a 18 años.Las apuestas online son un problema cada vez más serio en los adolescentes. Como explicamos en esta nota, el propósito de una apuesta es beneficiarse de un pronóstico o predicción hecha para que el apostador trate de ganar dinero de su conjetura. Pueden ser deportivas, o de otras temáticas, como juegos de casino o lotería..En muchos adolescentes, el juego puede volverse una adicción, lo que puede implicar graves consecuencias en los jóvenes.ConocimientoSegún los datos recientes publicados por Unicef, más de 7 de cada 10 consultados conoce alguna web o app de apuestas online. Esta cifra es aún más alta entre adolescentes, en donde alcanza un 95%.Casi no hay diferencia en el conocimiento entre géneros: el 76% de los varones y el 72% de las mujeres están familiarizados con estas plataformas. Las marcas más mencionadas por los entrevistados incluyen a Casino, Betsson, Bet365, BPlay y Betano.En algunos casos, los adolescentes apuestan de forma directa en el sitio web. En otros, existen chicos que funcionan de intermediarios o &nbsp;“cajeros”. Estos “cajeros” modernos recaudan el dinero en colegios, clubes, y a su vez lo destinan a los sitios de apuestas por lo que reciben una comisión. En este sentido, la encuesta arrojó que el 42% accede directamente, mientras que el 30% lo hace a través de un cajero u otra persona.DineroOtros datos revelados se relacionan con la motivación de las apuestas. Más de 1 de cada 2 adolescentes y jóvenes lo hacen principalmente para ganar dinero, mientras que 3 de cada 10 lo hace por diversión o entretenimiento.Además, el 9% piensa en apostar online todos los días, mientras que el 17% lo hace muy seguido y el 38% algunas veces. Solo el 36% nunca piensa en apostar online.La encuesta de Unicef arrojó que los chicos y chicas se sienten más expuestos a las marcas de apuestas online a través de la publicidad en internet (35%) y a través de Influencers de redes sociales (27%). La presencia en eventos deportivos también es mencionada (14%).Estos datos van en línea con las preocupaciones de los especialistas, quienes ponen la lupa en la publicidad de casas de apuestas legales en estadios y remeras de fútbol, y en la promoción por parte de influencers.RiesgosCerca de la mitad de los chicos buscaría ayuda en su familia en el caso de sentir que está en problemas por apostar online, mientras que 2 de cada 10 recurriría a amigos. Solo el 6% acudiría a la escuela para pedir ayuda, según la encuesta.Además, 4 de cada 10 admite que nunca se habló en su casa sobre los riesgos de apostar online y el 39% solo ha tenido conversaciones esporádicas sobre el tema.Las apuestas online pueden producir grandes adicciones al juego. La ludopatía o juego patológico es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afecta diversos aspectos de la vida personal, familiar, laboral, social y económica, de quien la padece. Se ve perjudicada su capacidad de autocontrol y le resulta difícil decir “no” siendo incapaz de aplazar el impulso o deseo por jugar. Cuando la adicción por el juego se da en los adolescentes, la situación es más grave aún.Los adolescentes están al tanto del riesgo. En la encuesta de Unicef, más de 7 de cada 10 dijeron que apostar online puede generar problemas de adicción al juego o dificultades para dejar de apostar. La mitad conoce a alguien de su misma edad que haya sufrido consecuencias a causa de apostar online. Entre las principales: perder mucho dinero (21%), mentir a la familia (10%) o robar (6%).Por último, el 94% de los consultados/as cree que se deberían tomar medidas para regular las apuestas online. Las principales propuestas incluyen: la prohibición del ingreso de menores de edad (25%), limitar la publicidad (15%) y multar a las empresas de apuestas online (14%).AbordajeSemanas atrás, representantes de diferentes instituciones con trabajo en Tandil, con el objetivo de comenzar a abordar de manera integral la problemática de ludopatía y ciberapuestas en jóvenes. El diputado nacional, Rogelio Iparraguirre, fue el promotor del encuentro, que contó con la presencia de la directora del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, ⁠Carolina Boldrini; la Jefa Distrital de Educación Tandil, Daniela Urdampilleta; la directora de la Región Sanitaria VIII, ⁠Martina Iparraguirre; la directora del CPA Tandil, Alejandra Esains; la delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Camila Santoro; el coordinador del servicio zonal de promoción y protección de los derechos del niño, Santiago Romay; el coordinador del Centro de Referencia Territorial del Organismo de Niñez, Manuel Chiavarino; la psicóloga Alba Dauach y el psiquiatra Martin Modaffari. “Quedamos de acuerdo en poder establecer estas reuniones de manera periódica, con el objetivo de conformar una mesa de trabajo que escuche y trabaje con los pibes pero que también construya conocimiento colectivo junto con los adultos referentes y con los y las docentes, que son quienes trabajan día a día con los pibes y conocen de primera mano qué es lo que les sucede”, expresó Iparraguirre luego de la reunión.El diputado nacional Rogelio Iparraguirre, viene trabajando en la problemática de ludopatía en articulación con otros bloques políticos en la comisión de prevención de adicciones y control del narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, espacio del que es vicepresidente. Asimismo, junto a la Jefatura Distrital y el bloque de concejales de Unión por la Patria Tandil inició un relevamiento en las escuelas secundarias de la ciudad y trabajó en la elaboración de un proyecto de resolución presentado en el Concejo Deliberante de Tandil para generar herramientas de prevención sobre la ludopatía y las ciberapuestas. “Este encuentro y la propuesta de armar una mesa de trabajo surge de nuestra convicción de que esta problemática cada día más creciente y preocupante para nuestra comunidad necesita de herramientas transversales y que &nbsp;se ocupen tanto de la prevención como del tratamiento adecuado y efectivo”, manifestó Iparraguirre. Y agregó: “Nos parece importante y necesario que todas las instituciones y sus representantes se involucren en este tema. Nosotros estamos yendo a las escuelas, escuchando a los pibes, haciendo un relevamiento. Pero es verdad que el problema hay que abordarlo desde todas las aristas, y para eso las instituciones con las que hoy nos reunimos son fundamentales para poder generar estrategias para abordar la problemática de manera integral, transversal y profunda”. &nbsp;

Qué porcentaje de adolescentes accedieron a jugar en apps o casinos virtuales en el último año

En los últimos años, la evolución del trabajo en la Argentina fue motivo de debates en torno a la cantidad y calidad de los empleos generados por la economía.Empleo formalMenos de la mitad del total de trabajadores son asalariados formales (es decir, que cobran un salario y cuentan con descuento jubilatorio, vacaciones pagas y otros beneficios sociales), según el informe de mercado laboral que publica trimestralmente el INDEC, con datos actualizados al primer trimestre de 2024.Los datos, procesados por Jorge Paz -investigador del Conicet en el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE)- en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestran que el 48,3% de los trabajadores tiene un empleo asalariado registrado, mientras que el 26,8% se encuentra como asalariado no registrado (cobra un sueldo por su trabajo, pero no está “en blanco”).En tanto, el 22% son cuentapropistas (sus ingresos no provienen de un salario pagado por un empleador, sino de actividades que realizan de forma autónoma) y el 2,9%, patrones.Pero, como se explica en esta nota, si bien suele asociarse a los cuentapropistas con trabajadores independientes, emprendedores o profesionales (como médicos o abogados, entre otros), sólo un pequeño porcentaje (el 2,2% del total) cumple con estas características.En tanto, el restante 19,8% realiza tareas de baja calificación y remuneración (como las “changas”), características que los ubican dentro del segmento de empleo informal como cuentapropistas no profesionales. Así, el empleo informal en todas sus formas asciende al 46,5%.Nuria Susmel, economista de la consultora FIEL -que preside Daniel Herrero-, aseguró en esta nota que “hay varios factores que explican la informalidad”. En este sentido, sostuvo que, por parte de los trabajadores, “dentro de los asalariados hay gente que no quiere estar registrada porque pierden otros planes o las asignaciones familiares”.En tanto, indicó que desde el punto de vista de las empresas “está el tema de los costos laborales y toda la carga impositiva que es alta y juega en contra”.RadiografíaPara analizar con más detalle el universo del empleo formal se deben consultar los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. A diferencia de la información del INDEC (que es una proyección elaborada en base a la EPH, una encuesta realizada de forma trimestral en todo el país), esta estadística se construye a partir de los aportes al sistema previsional, por lo que brinda mayor precisión sobre el empleo registrado.Esta estadística divide a los trabajadores en asalariados privados, asalariados públicos, empleados de casas particulares, autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. Son diferentes niveles de registración: mientras un asalariado recibe una suma mensual fija y cuenta con derecho a vacaciones y días de licencia, un monotributista no mantiene una relación formal con un empleador y no cuenta con esos beneficios.Los datos oficiales muestran que en los últimos 12 años el empleo asalariado privado se encuentra estancado: sólo se crearon 180 mil puestos de trabajo entre 2012 y 2024. &nbsp;Sin embargo, el universo total de trabajadores registrados aumentó en más de 2,3 millones en los últimos 12 años. ¿Qué sectores motorizaron esta suba? Principalmente, el empleo público (se crearon casi 900 mil puestos de trabajo en ese período); el monotributo (casi 800 mil personas) y el monotributo social (430 mil personas). &nbsp;De este modo, en el período analizado el empleo registrado privado aumentó 3%, mientras que el público creció un 38,9% y el trabajo independiente (que agrupa a autónomos y monotributistas), un 45,3%.Si se considera el crecimiento poblacional, la evolución del empleo formal es negativa: de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Invecq (dirigida por los economistas Esteban Domecq y Santiago Bulat), en los últimos 12 años el porcentaje de puestos de trabajo asalariados del sector privado en relación con la población en edad laboral cayó 2 puntos: mientras que a comienzos de 2012 representaban el 22,7% del universo, en mayo de 2024 (último dato disponible) fue del 20,7%.En tanto, los empleos estatales aumentaron 1,9 puntos porcentuales con respecto a la población en edad laboral (pasó de del 9,5% en 2012 a 11,4% en la actualidad); los monotributistas, 2,1 puntos porcentuales (del 4,9% al 7%); y los monotributistas sociales, 1,3 puntos (del 0,7 al 2% del total).Bulat, economista en jefe del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y director de Invecq, dijo al sitio Chequeado que los factores que explican el estancamiento del empleo privado registrado “son multicausales. El más relevante, sin dudas, tiene que ver con la falta de crecimiento económico. Por otro lado, la Argentina tiene costos laborales no salariales elevados con relación a la región”.El economista explicó, además, que “muchas veces las trabas para despedir personal en casos recesivos hacen que tampoco se quiera expandir el personal en momentos de crecimiento, por lo que significa pagos inciertos que pueden ejecutarse hacia adelante, por ejemplo, cuando se ejecutan las multas o doble indemnizaciones”.Por sectores, las actividades privadas que más empleo crearon en los últimos 12 años fueron la de servicios públicos (29%); seguida por la actividad minera (27,6%); los servicios sociales y de salud (23,7%); la enseñanza (18,9%); y sector de hoteles y restaurantes (15,7%).Por el contrario, hubo un retroceso en actividades como la construcción (-15,3%); la industria (-6,6%); el sector agrario (-4,2%); y la intermediación financiera (-2,4%). &nbsp;RelaciónLos datos muestran que existe una relación entre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina y el empleo formal.Sin embargo, el impacto del incremento del PBI en la creación de empleo formal disminuyó en los últimos años. Esto quiere decir que el crecimiento de la economía argentina redunda en la creación de menos puestos de trabajo que antes.Para Bulat, “un fenómeno que juega a favor de esto son las formas de contratación paralelas, como el caso del monotributo, que viene teniendo un crecimiento considerable y paradójicamente no solo del sector privado, sino también del sector público. La diferencia de costos de uno a otro solamente teniendo en cuenta aspectos tributarios como el IVA, el impuesto a las Ganancias o la seguridad social, ascienden a más de 40% entre una modalidad y otra”, explicó Bulat.

Instruyendo al Ciudadano