Antes del desalojo, el grupo que resiste en el predio de La Movediza reclamó soluciones en el Municipio

Un grupo de más de 80 personas que representaban a las 64 familias apostadas en el predio de Piccirilli al 1000 se movilizó ayer en las inmediaciones de la Municipalidad con diversas banderas y pancartas, de cara al inminente desalojo que tiene fecha pactada para el próximo martes 31 de octubre. 

De este modo, una movilización constituida fundamentalmente por mujeres y niños se acercó en la mañana de ayer a la explanada municipal -que permaneció fuertemente custodiada todo el día- para hacerse oír con carteles cuyas  leyendas clamaban “Por un plan de viviendas populares” y “Ser pobre no es ser delincuente -y otros que aludían al Polo Obrero La Movediza-. La manifestación cortó durante algunos minutos el tránsito sobre Belgrano y ocupó más de una hora el frente del edificio comunal. 

En diálogo con El Eco de Tandil, Natalia Gosk, representante de los ocupantes, explicó los motivos de la manifestación y afirmó que el día del desalojo se van a quedar ahí "hasta el final”. En los últimos días, y a pesar de la notificación del operativo, los vecinos de la toma se organizaron en una comisión, realizaron mejoras en las viviendas, cortaron el pasto y crearon un comedor comunitario con el fin de asentarse. 

En paralelo, Gosk y otra mujer se entrevistaron con el subsecretario de Gobierno, Pablo Civalleri, pero las demandas no tuvieron eco más allá de la formalidad del recibimiento.

“Hicimos una movilización pacífica para poder entregar un proyecto de ley que fue entregado en la Cámara de Diputados de la Provincia y también para dar a conocer la situación que se vive previo al desalojo del martes 31. Entregamos el petitorio y se nos rieron en la cara, nos dijeron que ellos no se hacen cargo de nada, que busquemos ayuda de Provincia o Nación porque Tandil estaba dentro de la provincia de Buenos Aires”, expuso.

"Hasta el final"

En cuanto a los papeles que certifican que el predio es privado y pertenece a un particular, documentación que respaldó la denuncia penal por “Usurpación”, señaló que “el defensor Araujo nos lo comunicó pero jamás se vio un papel, y cuando quisimos hablar con el Municipio para verlos, no nos quisieron mostrar nada”.

En el mismo sentido, indicó que esperan que el desalojo no sea compulsivo, ya que entre los ocupantes hay menores, gente enferma y personas con discapacidad. De todas formas, ratificó que cuando llegue el día “nos vamos a quedar ahí hasta el final, nadie se va a ir”.

En tanto, Gosk consideró que es el Ejecutivo local quien debe hacerse cargo de la situación y no dejar “tiradas” a familias con menores. Al respecto, refirió también que “no se hacen cargo si el día del desalojo lastiman a un niño como lo hicieron con Sebastián Simón y el Municipio tampoco se hizo cargo. Están haciendo lo mismo pero con centenares de familias”.

Asistencia municipal

Cabe destacar que el día anterior, ante el desalojo inminente dispuesto por la Justicia, el Municipio reiteró que las familias que se encuentran en el lugar pueden concurrir a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, donde se evaluará cada situación y se pondrán a disposición los programas de asistencia vigentes.

Las autoridades municipales recordaron que, como ya se había manifestado anteriormente, se encuentran a disposición las herramientas y programas de asistencia y apoyo vigentes para las familias en situación de vulnerabilidad, que pueden ser tramitadas en la sede de Desarrollo Humano y Hábitat de la comuna, en avenida Del Valle 757 o en el centro comunitario más cercano.

Negociación y desalojo 

Por otra parte, vale reseñar que un núcleo de más de 20 familias se retiró voluntariamente semanas atrás del macizo en disputa. No obstante, la mayor parte de las personas que forman parte de la ocupación decidió permanecer en el lugar hasta las últimas consecuencias. 

En rigor, el evento se remonta a febrero de este año, con la ocupación por parte de un grupo de madres de un predio emplazado en La Movediza, situación que resultó judicializada. En este marco, se aplicó el Protocolo de la Suprema Corte provincial para estos casos pero al considerar que se agotaron las instancias de negociación, el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, dictó el desalojo a pedido del fiscal Luis Piotti. La medida fue suspendida en julio por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, con el objetivo de resolver el problema en una mesa de negociación, aunque los intentos fracasaron y el conflicto se encaminó hacia el desahucio. 

Según detallaron, ante la negativa del Municipio de construir consensos al respecto, naufragó la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico para convertir el macizo en suelo urbano y poder lotearlo. Asimismo, finalmente el dueño de las tierras también desistió de esta posibilidad y el conflicto volvió a foja cero. 

Así, la semana pasada, el juez de Garantías José Alberto Moragas pautó para el 31 de octubre el desalojo compulsivo. En principio, se supo que el fiscal a cargo -Luis Piotti- coordina con la Jefatura de Policía las condiciones en las que se llevará a cabo la medida judicial. En la misma línea, Defensoría Oficial, Defensoría del Pueblo y la Unicen trabajan de manera coordinada en optimizar las condiciones en las que se concretará el retiro de los ocupantes.