Congreso nacional
El Gobierno y una cargada agenda parlamentaria para el segundo semestre
Para la segunda parte del año, el Poder Ejecutivo abrirá el abanico con nuevas propuestas polirubro, que incluye por ejemplo la "ley Hojarasca", tal es el nombre pintoresco con que el inminente ministro de Modernización Federico Sturzenegger bautizó a la iniciativa. La normativa buscará barrer con un centenar de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.
Con la aprobación de la Ley Bases, que demoró seis meses de incesantes negociaciones y no pocos sinsabores para el oficialismo, la Oficina del Presidente dio por concluida la primera etapa de la gestión, ordenada en el eje temático déficit cero.
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Para la segunda parte del año, el Poder Ejecutivo abrirá el abanico con nuevas propuestas polirubro, que incluye por ejemplo la "ley Hojarasca", tal es el nombre pintoresco con que el inminente ministro de Modernización Federico Sturzenegger bautizó a la iniciativa.
Ésta apunta a barrer con un centenar de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.
En el plano económico también se recorta en el horizonte una nueva ley de Hidrógeno, según reveló el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.
"Además de tener una norma estructural del RIGI y la iniciativa privada, es posible que presentemos un proyecto de ley de hidrógeno. El mismo será acotado, donde se traten temas vinculados a las normas técnicas, esquemas de certificación, H2 en redes de gas (blending), entre otros puntos", comentó el funcionario.
La Ley Bases que se aprobó después de haber pasado por una cantidad de filtros dejó afuera las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina.
De estos tres, el Gobierno tiene entre ceja y ceja la privatización de la aerolínea de bandera, al evaluar que es un agujero negro de gasto público y de déficit irrecuperable, además de ser búnker de gremios enquistados.
El diputado nacional del MID Oscar Zago, que es ex titular del bloque libertario, señaló que ya se están preparando proyectos de privatizaciones que se presentarían en los próximos dos meses, y que contarían con el apoyo de los bloques dialoguistas.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también había confirmado que el Gobierno recorrería ese camino en caso de que la Ley Bases no se aprobara con el paquete completo de privatizaciones, que fue lo que ocurrió.
El 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinaria, el presidente Javier Milei había anunciado la intención de avanzar con un conjunto de leyes "anticasta".
El tratamiento de la Ley Bases consumió todo la energía del oficialismo en el primer semestre, pero la segunda parte del año podría ser el momento para sacar a relucir estas reformas "anticasta".
Si bien no se conoce la letra chica, en su momento el jefe de Estado había deslizado que se trataría de reformas en el sistema electoral sindical, la eliminación de jubilaciones de privilegio, el fin del financiamiento público de los partidos políticos y la apertura a los capitales privados y el proyecto de "ficha limpia" para evitar que funcionarios condenados puedan volver a presentarse a elecciones.
En el plano de la seguridad pública, la Cámara de Diputados ya inició el tratamiento de una batería de proyectos impulsados por la cartera que preside Patricia Bullrich.
La Ley "antimafias" propone agravar penas por delitos complejos aplicando sentencias de prisión de entre 8 a 20 años de prisión para aquellas personas que integren una organización ilícita.
Asimismo, se prevé que todos los miembros de una organización considerada criminal puedan ser penados con la pena máxima que corresponda al mayor delito cometido por la organización.
Dentro de este paquete también se encuentran en debate la "Ley de Reiterancia", la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación criminal de delitos sexuales en el ámbito del Ministerio de Seguridad, un actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa.
Por último, una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico. Esta iniciativa también tiene el impulso del ministro de Defensa, Luis Petri.
De la mano con estas iniciativas, el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, está terminando de pulir un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
Esta reforma del Régimen Penal de Minoridad es respaldada apasionadamente por Patricia Bullrich. (Por Sebastián Hadida – NA).
