Un grupo de organizaciones presentó un anteproyecto de Ordenanza para prohibir la incineración en Tandil

El viernes de la semana pasada, organizaciones sociales y ambientales de esta ciudad dieron ingreso por secretaría al Concejo Deliberante un anteproyecto de Ordenanza para avanzar sobre la prohibición de la incineración en el Partido. 

Así, Huerta Solidaria, Colectiva Feminista Berta Cáceres, Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, Punto Verde, Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras y Bios Nodo Tandil, con el apoyo de la Coalición Ciudadana Antiincineración de Argentina, y la Alianza Global por las Alternativas a la Incineración (GAIA), propusieron al HCD, a través de la Banca 21, que se impida la instalación de plantas de incineración de residuos.

Luego de un minucioso detalle de las contemplaciones de la Constitución Nacional y otras legislaciones provinciales e internacionales en esa temática, los interesados plantearon que dada la creciente generación de residuos, existe una gran preocupación social por resolver el tema.

Aseguraron que, en ese contexto, desde algunos gobiernos y empresas se propone a la combustión como solución, mientras que múltiples sectores de la sociedad la rechazan por sus impactos negativos.

Sobre las emisiones 

En el documento, el grupo explicó con evidencia adjunta que todas las plantas de incineración liberan desechos al ambiente, ya sea por la emisión de sustancias sin quemar, o combustionadas en forma incompleta, o bien por la generación de nuevos compuestos formados a partir del proceso.

“Todo proceso de incineración genera cenizas, las cuales pueden llegar a ser entre el

26 y 40 por ciento del peso de los residuos que se calcinan, debiéndose además disponer las mismas en un relleno de seguridad por ser peligrosos”, indicaron.

Mencionaron allí, compuestos como dioxinas y furanos, que tienen alta toxicidad y permanecen en el ambiente durante períodos prolongados sin degradarse, acumulándose en los organismos vivos, y por consiguiente aumentando en concentración a medida que ascienden en la cadena alimentaria.

También ahondaron sobre los metales pesados, que no pueden ser destruidos por el proceso de incineración y son eliminados en forma gaseosa, o como partículas, con potencial de daño ambiental y sanitario en ese estado. 

Todo esto, directa e indirectamente, aseveraron que genera real impacto sobre los seres humanos y, entre otros daños causados a la salud, estas sustancias provocan “alteraciones en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, aumento en la incidencia de diabetes, retraso en el desarrollo, cloracné y cáncer”. 

De hecho, informaron que la propia Organización Mundial de la Salud ha clasificado a la más tóxica de las dioxinas como “cancerígeno humano cierto”.

“Las comunidades que conviven con los incineradores de residuos se movilizan en forma creciente para denunciar los impactos a la salud que provocan”, informaron, y en ese sentido es que propusieron que no se lleve a cabo la actividad en Tandil. 

El rol del Estado

Por otro lado, las organizaciones que confeccionaron el anteproyecto firmado en representación por Gabriela Soler, de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, advirtieron que la tecnología de incineración es la opción más cara para el tratamiento de residuos. 

En este sentido, advirtieron que el sistema se intenta vender como forma de recuperación de energía, pero sin embargo ésta podría llegar ser muy baja comparada con la que puede ahorrarse reduciendo o reciclando materiales. 

“Diversos estudios constatan que otras estrategias de manejo de residuos, como la reducción de la generación, el reciclaje, el compostaje o la biodigestión, al contrario de la incineración, permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, plantearon.

Aseveraron, ante todo esto, que la “función indelegable” del Estado es impulsar políticas orientadas a la prevención de la contaminación y a la protección de la salud y el ambiente. Así, consideraron que el Gobierno local “debe de inmediato tomar decisiones para proteger a la comunidad de los problemas causados por la contaminación del ambiente, que afectan directamente a la salud y a la calidad de vida de la población”.

El anteproyecto

En el documento, los autores detallaron que se entiende por "Planta de incineración de residuos" a cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico de residuos con o sin recuperación del calor producido por la combustión, incluida la incineración por oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros procesos de tratamiento térmico, tal como el proceso de plasma. 

Esto, dijeron, incluye también a toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario, o en la que los mismos reciban tratamiento térmico para su eliminación.

La intención es que el anteproyecto pueda ser presentado a través de Banca 21 y así lograr un tratamiento en el Concejo, con el objetivo de que lograr una ordenanza. 

En su artículo tercero, proponen que tras promulgarse la norma los establecimientos autorizados que utilicen hornos incineradores deberán, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, presentar un plan de reconversión para reemplazarlos por tecnologías alternativas ambientalmente aceptables en el término de seis meses, especificando las etapas y plazos de reconversión, que deberán ajustarse a lo indicado en la reglamentación. 

Asimismo, colocan al Departamento Ejecutivo como ejecutor de la ordenanza en un un plazo no mayor a tres meses, a la vez que insta a la derogación de toda otra norma que en lo general o particular se oponga a lo dispuesto.