Obra ilegal en las sierras: el Municipio negó que el funcionario esposo de la jueza de la causa haya intervenido en el expediente
El Juzgado labró nuevos oficios a los fines de definir una sentencia.
Mediante un comunicado, la Asamblea por la Preservación de las Sierras había cuestionado al Municipio por su actuación ante el caso de una construcción irregular realizada sobre una zona protegida serrana en el área de Don Bosco, y por el vínculo entre la jueza a cargo de la causa y un funcionario de Obras Públicas. En comunicación con El Eco de Tandil, autoridades municipales manifestaron que el funcionario en cuestión no participó en el expediente denunciado, y brindaron detalles del tema. En concreto la construcción no cuenta con carpeta de obra, y existe un expediente -al momento sin aprobación-, para subdividir la manzana.
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Accedé a las últimas noticias desde tu email“En relación al cuestionamiento hacia el vínculo entre un empleado de la Dirección de Obras Privadas y la Jueza que entiende en la causa en cuestión, Luciano Torres es maestro mayor de obras y es un empleado del área de Obras Privadas encargado del visado de planos. Particularmente Torres no tuvo ninguna participación en el expediente al que se refiere la denuncia”, detallaron fuentes municipales.
Cabe recordar, fue en agosto pasado cuando la Asamblea por la Preservación de las Sierras denunció una obra irregular en zona protegida del faldeo serrano. Se trata de la manzana 187Q, del área de Don Bosco y Sierra del Tigre. Por la altura del terreno, la normativa vigente no permite la construcción de más de una vivienda. Sin embargo el propietario avanzó con por lo menos 4 obras en el lugar.
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El Municipio paralizó la construcción y la causa quedó a cargo del Juzgado de Faltas N°1 –de órbita comunal-, cuya titular es la Dra. María Gabriela Vila. Posteriormente, Obras Públicas anunció que el particular propietario solicitó un estudio de altimetría, y que se le permitiría construir contemplando dos alturas diferentes en el terreno en cuestión. En la más alta se aplicaría el criterio de Zona Especial Protegida, y en la más baja se habilitaría un loteo. Sin embargo, a la fecha no hay fallo firme y se labraron nuevos oficios desde el Juzgado.
El funcionario y la jueza
Al conocerse los mencionados avances en la causa, desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras publicaron otro comunicado con una serie de señalamientos al Municipio. “¿Por qué actuaron con una de las construcciones y no con las restantes? ¿Por qué aceptaron una medición privada de la cota contraria a la oficial del municipio, que consta en los mapas que publica en la web municipal? ¿Por qué se arregla con una multa un tema que no es meramente administrativo sino ambiental? Y más preguntas: ¿el marido de la jueza que intervino es funcionario de la oficina municipal que aprueba los planos?”, cuestionaron.
Con la última pregunta hicieron mención al vínculo matrimonial entre la jueza María Gabriela Vila y un funcionario municipal de Obras Públicas. El Eco de Tandil consultó a las autoridades del Municipio quienes aseguraron que dicho funcionario –Luciano Torres, de la Dirección de Obras Privadas-, y la jueza Vila.
De parte de la administración comunal aseguraron que Torres no tuvo participación en el expediente al que se refiere la denuncia, y plantearon que “es importante aclarar que el área de Obras Privadas del Municipio fue la dependencia que paralizó las obras que se estaban realizando en la manzana en cuestión. Es decir el área en la que Torres trabaja fue la encargada de paralizar esta y otras obras que han presentado algún tipo de irregularidad, por lo que la acusación no tiene fundamentación alguna”.
Además, desde Obras Públicas precisaron que a la fecha existe un expediente correspondiente a la paralización de la obra. Sin embargo, no existe un expediente de la construcción de la manzana 187Q, ya que la misma se paralizó justamente por la falta de carpeta de obra. Por otro lado, existe un expediente presentado para subdividir la manzana, al momento sin aprobación.
Consultados sobre si corresponde que sea el privado infractor el que lleve a cabo el estudio para definir la cota del terreno, desde el Municipio plantearon que podrían las autoridades solicitar una nivelación pero que el mencionado estudio no debería generar dudas.
“Hay que esperar al fallo y luego se ve los caminos a seguir”, informaron desde Obras Públicas, y agregaron que el Juzgado solicitó nuevos oficios a los fines de nutrir la sentencia. Por otra parte, en sintonía con lo que habían transmitido a fines de enero pasado, adelantaron que la lógica sería la de habilitar la construcción con las dos altimetrías establecidas por el estudio del particular infractor.
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