En seis años, se duplicó en Tandil la cantidad de familias que vive en asentamientos informales

El crecimiento demográfico y urbano que ha experimentado la ciudad no es un dato nuevo, pero sí es posible establecer una comparación para ver cómo evolucionó el tema en los últimos años.

Al tomar como base de análisis los asentamientos informales -ahora denominados barrios populares-, según reportes oficiales se desprende que en 2016 había tres espacios de este tipo relevados en la ciudad, localizados en La Movediza, Villa Cordobita y Las Tunitas. Aunque hay algunos registros previo al año 2000, después de esa fecha los barrios populares comenzaron a proliferar y el panorama no hizo más que empeorar con el tiempo. 

En ese entonces, en total había 905 familias instaladas allí. Asimismo, en 2022 se contabilizaron 10 barrios populares con 1.788 familias. En el listado aparecen asentamientos en Villa Cordobita, Las Tunitas, Villa Laza (Los Charitos), La Movediza, La Movediza 2, Villa Gaucho, Darío Santillán, La Unión, Villa Aguirre y Tarraubella, el complejo de Lavalle al 1700  construido hace 30 años que quedó inconcluso tras una estafa y fue posteriormente ocupado ilegalmente. En tanto, Las Tunitas  y Villa Cordobita son los sectores que más población concentran, con 374 y 298 familias relevadas, respectivamente.  

Es decir, no sólo se triplicó la cantidad de asentamientos, sino que en la actualidad vive en este tipo de urbanizaciones el doble de familias que hace seis años, situación que refleja la compleja problemática habitacional y el cada vez más obturado acceso a la tierra. A nivel local, las dificultades en el acceso a la vivienda son muy marcadas y las cifras reflejan las necesidades poblacionales, que ante la falta de perspectivas y oportunidades en este sentido, deciden organizarse de dicha manera. 

Registro de barrios populares 

Las cifras citadas surgen de la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) –en mayo de 2022- y del Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI) realizado por Techo, presentado en 2009, 2011, 2013 y 2016, que comprendió la caracterización, georreferenciación y localización de los asentamientos informales en distintos puntos del país, entre ellos Tandil. 

En 2018, la creación del Renabap, coordinado e implementado por la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, permitió empezar a sistematizar datos en pos de construir políticas públicas para revertir el déficit de viviendas y suelo urbano que aqueja a todo el país. 

Además, la inclusión de los asentamientos en la nómina pretende garantizar derechos a sus habitantes. Vale reseñar que el registro contempla a los barrios denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que presentan diferentes grados de precariedad. Deben ser un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenten con título de propiedad del suelo ni acceso formal de dos servicios básicos como luz, agua y cloacas, por ejemplo. 

Una problemática compleja

También es relevante comprender tres factores claves que atraviesan el análisis. Por un lado la situación social agravada por la compleja realidad económica actual. Por otra parte, la información que brindó la última actualización del Renabap sobre la emergencia de los barrios populares de Argentina, y finalmente la agenda pública actual en el marco de un año  electoral.

Los datos oficiales indican que al menos 5 millones de personas habitan en 5.687 barrios populares en todo el territorio nacional. Esta población se encuentra en una situación habitacional precaria, sin derecho a la vivienda adecuada, a servicios básicos formales como agua, luz o gas, ni acceso a infraestructura urbana. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay 573.932 familias viviendo en 1.933 barrios populares. 

La normativa vigente lo que hace es reconocer como sujetos de derecho a quienes viven allí, de derecho de servicios y de urbanización, y los que pueden presentar proyectos para urbanizar son tanto las cooperativas como los municipios. En la ciudad, hasta el momento sólo las entidades cooperativas se han dedicado a gestionar y realizar mejoras en los mencionados asentamientos, para ofrecer mejores condiciones a sus residentes, pero no hay políticas pública municipales traccionadas en esta dirección. Por su lado, la comuna antepone la regularización dominial de las viviendas a cualquier acción. 

Además, recientemente bajó al territorio un programa de infraestructura enmarcado dentro de la ley del Registro Nacional de Barrios Populares, que establece obras en 4.500 barrios del país, de los cuales nueve inscriptos son de Tandil, y será ejecutado por la cooperativa El Laurel. Pero los problemas estructurales persisten y hay 1.788 familias que no acceden a la mayoría de los derechos básicos, mientras el valor de los terrenos y las propiedades se dispara sideralmente, lo que configura un complejo escenario urbano.