El equipo de la Unicen que trabaja en la toma de La Movediza: “La solución tiene que ser con políticas públicas”

Cuando en febrero de 2023 comenzó la toma del terreno de Piccirilli al 1000, el equipo del programa de Acceso Justo al Hábitat de Extensión de la Unicen se encontraba trabajando en un espacio cercano en La Movediza. Al enterarse de la ocupación se pusieron en contacto con la Defensoría Oficial y así iniciaron un proceso de acompañamiento a los vecinos del lugar que continúa hasta la fecha. Realizaron un censo a partir del cual se conocieron datos concretos de la realidad de las más de 100 familias del predio, aportaron información a la Justicia para activar el protocolo en curso, así como también para enmarcar el caso en otras casi 20 ocupaciones que desde el 2009 se llevaron a cabo en Tandil, según precisaron.

En el presente siguen con sus actividades de investigación “produciendo conocimiento para que esta situación pueda conocerse y pueda entenderse desde una mirada integral”, de acuerdo a lo que manifestaron a El Eco de Tandil, en una extensa charla en la que compartieron su mirada de un conflicto que supone una de las expresiones más complejas del déficit habitacional en la ciudad.

“Lo que venimos viendo es que, en realidad, el desalojo no termina resolviendo la conflictividad social en relación al acceso a la vivienda, sino que lo que hace es patear el problema, es posponerlo. Y que eso se vuelva a ver en nuevas ocupaciones, que, de hecho, es lo que viene pasando”, señalaron. Además, hicieron hincapié en que su rol en el conflicto tiene que ver también con pensarlo desde una perspectiva histórica y global -donde el caso local se inscribe en un contexto nacional y hasta latinoamericano-, considerando las causas que lo motivaron y en particular, buscando la empatía con la necesidad y la compleja realidad de los vecinos involucrados.

Agustina Girado es doctora en antropología e investigadora del Conicet, mientras que Lautaro Lanusse es profesor de geografía y becario doctoral, también del Conicet. Ambos forman parte del proyecto de investigación “Conflictos Urbanos, Políticas Públicas de Acceso al Hábitat y Procesos de Integración Suburbana en Tandil”. Trabajan en dos territorios, el de La Movediza y el de Tarraubella porque “son dos casos emblemáticos de Tandil que tienen que ver con ocupaciones, colectivas de tierra y de vivienda, pero que a su vez ponen en juego la implementación de dos políticas públicas diferentes”, explicaron.

Integraron la mesa interinstitucional que funcionó durante todo el año pasado y a partir de la cual se avanzó -con aporte de la Provincia- en lotear el predio, una iniciativa que se desactivó cuando estaba a punto de concretarse. Desde entonces, precisaron, centraron su trabajo en la "búsqueda de arribar a una solución que no sea finalmente el desalojo”. En la misma línea, plantearon, “la solución tiene que ser una solución política, pero política en el sentido de políticas públicas”.

Acercarse, escuchar, producir conocimiento

“Tenemos una dinámica de presencia constante en el territorio”, contaron los investigadores sobre un trabajo que involucra por un lado el acompañamiento cotidiano a los vecinos, y por otro el vínculo con la Defensoría Oficial en relación a los avances de la causa.

“Nuestra función es producir conocimiento, producir datos para analizar la problemática en tanto fenómeno estructural”, indicaron para luego precisar que son más de 120 familias las ocupantes del predio, lo que supone casi 300 personase entre las cuales hay más de 100 niños. Del total, un 38 por ciento se encuentra por debajo de la línea de indigencia, un 33,6 por ciento en situación de pobreza y un 28,7 por ciento que no está bajo la línea de pobreza. Agregaron que casi la mitad de las familias manifestaron que llegaron a la ocupación por la imposibilidad de continuar pagando sus alquileres.

“Lo que venimos viendo es que, efectivamente, se llega a la ocupación por la ausencia de políticas públicas. No permitieron rediseñar estrategias para que esas familias que fueron ocupando puedan por un lado tener un retiro voluntario, pero a su vez tampoco se aplicaron políticas para que la toma no siga creciendo”, sostuvieron.

Desde lo que definieron como un trabajo que supone “una mirada integral y compleja” del caso, los investigadores señalaron que cuando mencionan la necesidad de brindar respuestas estructurales lo hacen en referencia a “respuestas en todos los frentes, desde lotes con servicio, pensar la política de alquileres y regular los alquileres a nivel local”.

De acuerdo a sus observaciones, sin políticas públicas que atiendan el asunto, la problemática habitacional “es un fenómeno que se va a hacer más extensivo y que se va a ir agravando para la mayoría de la población”.

En el corto plazo, comenzaron a trabajar en un proceso que por lo menos hasta agosto próximo hará foco en los niños y niñas que habitan en la toma. A partir de talleres, espacios de encuentros y dinámicas tanto con los chicos como con sus madres y padres, llevan a cabo mapeos colectivos para “acceder a cómo ellos se representan vivir en la toma”, contaron.

“Hicimos un primer ejercicio, que era que dibujaran aquello que les daba felicidad. Lo que finalmente se terminó plasmando en un dibujo, mayoritariamente, era una vivienda. La vivienda, efectivamente, es algo transversal en la vida de un niño. Y cuando le preguntábamos qué les daba miedo, siempre aparecía la oscuridad. Y a las semanas se quedaron sin luz”, sumaron en relación al corte ordenado por la Justicia que llevó a cabo la Usina.

“Es importante señalar, en caso de que efectivamente se falle a favor de un desalojo, que el problema habitacional va a seguir existiendo y el Estado tiene injerencia”, sumaron. En ese sentido hicieron referencia a su intención de “tratar de combatir los mensajes de estigmatización y a su vez de poder generar un lazo de empatía, de solidaridad, de humanidad, porque realmente estas dos semanas que ha hecho muchísimo frío, las condiciones son muy complicadas para vivir en esas condiciones habitacionales. Por eso es que se está viendo la posibilidad de que se puedan realizar mejoras”, dijeron en sintonía con la solicitud de los vecinos del lugar.

Los investigadores plantearon también que existen políticas públicas que podrían implementarse en función de abordar la problemática de manera integral, con el conjunto de los actores involucrados. Mencionaron que en la localidad de Azul el Municipio activó el Consejo Local de Hábitat, y que un espacio de debate común aportaría en pensar estrategias contemplando una multiplicidad de voces.

Con el desalojo por el momento en pausa, la toma en La Movediza se encamina a cumplir un año y medio desde su inicio. Con la llegada de las bajas temperaturas, los vecinos del lugar plantearon su pedido de que se revea la imposibilidad de innovar en las viviendas, para poder adaptarlas al invierno. Tras el corte del servicio eléctrico que concretó la Usina en el último tiempo, los ocupantes compartieron la realidad de muchos de ellos con problemas de salud y la necesidad de contar con luz para resguardar sus medicamentos. Recientemente falleció uno de los vecinos, tras complicarse su estado luego de haber estado internado por poco más de dos meses.