Toma en La Movediza
El Ejecutivo recibió a los ocupas y ratificó que evaluará "posibles" intervenciones tras el desalojo
Tras presentarse el lunes en la sede del poder comunal, los protagonistas de la toma de tierras en La Movediza asistieron ayer a un encuentro con la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Marcieri, que no aportó novedades en torno a la problemática. El Municipio reafirmó por escrito su posicionamiento y les reiteró a los vecinos que podrán solicitar asistencia una vez que desalojen el predio de Piccirilli al 1000.
Un grupo de vecinos que forma parte de la toma en La Movediza acudió ayer a la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para mantener un encuentro con la titular del área, Alejandra Marcieri, tal lo acordado el pasado lunes, cuando irrumpieron en la Municipalidad en busca de respuestas a su situación, ante la orden de desalojo en curso.
Recibí las noticias en tu email
En este marco, los integrantes de la ocupación se presentaron cerca de las 11 en las oficinas de la avenida del Valle, donde fueron recibidos por la funcionaria a cargo del área y por el secretario Legal y Técnico de la comuna, Andrés Curcio.
En el breve encuentro no hubo soluciones concretas, sino que las autoridades entregaron por escrito la respuesta al petitorio presentado a comienzos de semana, en el que los vecinos reclamaron puntualmente "acceder a un terreno en el cual construir nuestras viviendas" y elevaron una serie de propuestas, como "pagar los terrenos si se nos posibilita una financiación en cuotas, que podrán ser del valor de un alquiler modesto; asumir el compromiso de edificar nuestras viviendas; asumir el pago de impuestos y servicios; legitimar la propiedad a través de escrituras".
Al respecto, el Ejecutivo se ciñó estrictamente a la cuestión legal y persistió en su postura de evaluar la problemática una vez que los acampantes abandonen los lotes del macizo en disputa ubicado en Piccirilli, entre Misiones y Formosa.
Postura firme
De este modo, en el escrito les detallaron a los ocupantes de la toma que diera origen a la causa penal caratulada “Moauro, Daniel (Dte) s/ Denuncia de usurpación de inmueble”, que “el Departamento Ejecutivo municipal comunica que ratifica su voluntad de evaluar las posibles intervenciones ante cada situación particular una vez producido el desalojo del predio mencionado”.
Asimismo, el Gobierno recordó que el pasado 24 de mayo, el Juzgado de Garantías 1 intimó a los integrantes de la toma masiva a desocupar el predio en cuestión, otorgando un plazo máximo de cuarenta y cinco días corridos bajo apercibimiento de ordenar su desalojo compulsivo.
Además, la comuna reiteró que una vez producida la desocupación del espacio -voluntaria o expulsión por la vía policial- quienes hayan formado parte de la ocupación podrán acercarse al centro comunitario de su barrio “munidos de Documento Nacional de Identidad” y solicitar un informe socioambiental para determinar “de acuerdo a las herramientas actualmente disponibles en la Secretaría de Desarrollo Humanos y Hábitat municipal, si son sujetos alcanzados por algunos de los programas de acompañamiento social existentes en el Municipio de Tandil, y en caso afirmativo, proceder en consecuencia”.
En tanto, enfatizaron que en virtud de la mentada resolución judicial, se dará intervención inmediata a los diferentes organismos e instituciones que participaron en el marco del Protocolo SCBA aplicado con anterioridad, para que “de acuerdo a los programas con que cuentan en sus respectivas jurisdicciones, evalúen la asignación de los recursos que estimaren corresponder”.
El conflicto
En medio del litigio judicial, la situación de los ocupas parece no hallar un punto de apoyo. Agotadas las instancias previstas en el mencionado Protocolo, que se activó a mediados de marzo para destrabar el conflicto, el fiscal actuante pidió al juez José Alberto Moragas que ordenara el desalojo compulsivo del terreno.
En consecuencia, el magistrado dispuso un intervalo de 45 días para que las 113 familias que forman parte de la toma se retiren del lugar por sus propios medios, a riesgo de que cumplido el plazo se proceda a la desocupación por la fuerza. En contrapartida, la Defensoría Oficial apeló el fallo de Moragas y pidió la suspensión del desalojo ante la Cámara de Apelación y Garantías de Azul.
En rigor, la postura del organismo se centra en atender las condiciones de vulnerabilidad extrema de ciertos grupos de familias y tratar de ofrecer soluciones acordes a este escenario, sin perjuicio del inminente desalojo. Es decir, que la desocupación del predio se pueda producir en un marco de garantías habitacionales para los sectores sindicados como de mayor riesgo en el relevamiento institucional.
