Araujo, defensor oficial y la toma en La Movediza: "Este tipo de conflictos sociales no encuentra solución en el sistema penal"

En febrero de 2023, mediante el sistema de turnos, la Defensoría Oficial a cargo de Diego Araujo recibió la causa por usurpación iniciada tras la ocupación en el lote de Piccirilli al 1000 en La Movediza. Desde ese momento, y en base a la experiencia de intervenir en otras tomas similares, el defensor mantuvo una posición que puede resumirse en una frase. “Este tipo de conflictos sociales no encuentra una solución adecuada en el sistema penal”, tal como afirmó, otra vez, en un extenso diálogo con El Eco de Tandil.

Al cumplirse 2 años del inicio de la ocupación en la que hoy viven cerca de 200 familias –la toma más larga y más sostenida en el tiempo entre aquellas en las que el defensor debió intervenir-, el funcionario judicial brindó precisiones sobre el presente del caso, manifestó la necesidad de trabajar en pos de una “solución real, no una solución formal de expediente terminado”, y planteó la posibilidad de “profundizar el diálogo” entre los actores intervinientes –Municipio, Provincia, y otros estamentos estatales-, para arribar a una resolución de fondo.

En una entrevista a fondo con este Diario, el defensor oficial repasó los principales puntos vinculados a la toma, trazó un balance de los 2 años de inicio del conflicto, y adelantó que continuarán trabajando para que los vecinos del lugar cuenten con los servicios básicos esenciales.

-¿Qué balance realiza desde la Defensoría en relación a estos dos años desde el comienzo de la toma en La Movediza?

-Diego Araujo: Desde el inicio de esta causa, yo lo he manifestado siempre y lo sostengo ahora, este tipo de conflictos sociales no encuentra una solución adecuada en el sistema penal. Porque en el mejor de los casos, lo que puede llegar a hacer el sistema penal es resolver parcialmente una situación particular suspendiendo el conflicto, pero no lo resuelve.

Con esto quiero decir que quizás la causa penal pueda encontrar alguna resolución, pero que la causa que lo generó va a seguir existiendo.

Y este es un caso de esa naturaleza, es un conflicto social de gran envergadura que viene teniendo en el partido de Tandil recurrencia, porque no es la primera toma en la que hemos intervenido y seguramente tampoco será la última. Y hasta tanto no se haga el máximo esfuerzo para tratar de resolver las causas que generan este tipo de acontecimientos, es probable que sigan ocurriendo.

Yo he intervenido en distintas tomas masivas, cada una de ellas con su particularidad, y la respuesta que siempre se le ha dado han sido respuestas de índole social y económico, pero la aplicación pura del derecho penal nunca sirvió, se vio absolutamente desbordado.

De hecho, todas las causas que yo intervino en tomas masivas terminaron en archivos, pero tratando de encontrarle una solución real y concreta a la situación conflictiva.

-¿Cuál es la particularidad de esta toma?

-La particularidad que se tiene acá es que se ha prolongado mucho en el tiempo y que no hemos sabido encontrar o consensuar esas salidas sociales y económicas que en otras instancias, en otras tomas, sí han existido.

Acá en Tandil, por dar un ejemplo, cuando se fue la toma de Smata, hubo mucho trabajo en coordinación con organizaciones sociales, con la Universidad, con el Municipio. Trabajamos en forma armónica con el Municipio en el momento de clave de la resolución, con organismos nacionales, con la Anses, con organismos Provinciales. En ese caso, el remanente de familias que habían quedado en la ocupación se logró darles una vivienda.

Toda esta instrumentación de medidas, de correlación, de interacción con distintas instituciones, no conlleva una solución penal que implicaría la imposición de una pena a la persona a la cual se determine que es penalmente responsable. Las soluciones vienen desde otros ámbitos.

Y acá hemos fracasado hasta el momento, no hay que bajar los brazos, yo creo que hay una instancia que se puede profundizar en tratar de solucionar de la mejor manera para ambas partes del conflicto y para eso necesitamos seguir trabajando y obviamente que haya una voluntad sincera de todos los participantes para poder llevar a la mejor solución. Quizás no sea la solución ideal, sino la mejor solución atendiendo a las particularidades del caso.

-¿Por qué habla de fracaso?

-Porque nosotros, ni bien se inicia la causa penal, pedimos la instrumentación del protocolo que es de la Suprema Corte de la Provincia en caso de desalojos masivos, en situaciones de extrema vulnerabilidad. Eso se logró y comenzamos una serie de reuniones con distintas instituciones.

Y hubo allí un momento en que hubo una propuesta por parte de la Provincia para realizar un consorcio urbanístico. Era favorable para todos, para todas las partes y que lamentablemente no pudo llevarse a cabo por distintas razones.

Y creo que ese fue uno de los fracasos, porque luego siguen las instancias judiciales del proceso penal, con todas las dificultades que tiene un proceso penal en un conflicto de esta naturaleza.

Ahora estamos en una situación de stand-by con relación a la causa penal porque está pendiente de resolución un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia, pero la situación es la que está vigente, es la resolución del juez de Garantía donde entiende que ya la justicia penal no tiene nada que hacer.

-¿Cómo actúa la Defensoría ante esta situación?

En función de eso, desde la Defensoría se solicitó la posibilidad del archivo de las actuaciones. La Fiscalía entendió que por el momento es prematuro ya que se encuentra todavía pendiente de resolución el recurso ante la Corte.

Y estamos en una situación donde los pobladores del barrio tienen problemas habitacionales o consecuencias de problemas habitacionales aún no resueltos con relación fundamentalmente a los servicios. Es decir, no hay una integración de vida de los pobladores como si fuese una población regular de cualquier otro barrio.

Creo que ese es un camino que tenemos que comenzar a transitar, tenemos que volver a intentar sentarnos con referentes del Municipio, con colaboración de todas las instituciones que vinieron participando en su momento, para tratar de realizar una integración socio comunitaria de los pobladores.

Proveyéndoles no sólo la luz en forma regular, sino también la posibilidad de la mejora de los accesos, la recolección de los residuos, y fundamentalmente atendiendo la alta población de mujeres y niños y personas enfermas que se encuentran en el lugar.

Profundizar el diálogo

-¿De las tomas en las que le tocó intervenir, esta es la más grande?

-Esta es la más grande, la otra que tuvimos también de gran magnitud fue la de Smata, que eran 50 familias. Pero después se fue resolviendo la situación de cada una de ellas de manera particular, hasta que quedaron 10 u 11 familias en las cuales se pudo conseguir vivienda, pero esta es la más grande y la más larga, con todas las complicaciones que eso conlleva.

Y por otro lado, creo que también estamos en condiciones -en este tránsito- de tratar de volver a consensuar algunas políticas con el Municipio en torno a la población, y también ver qué mejor solución se le puede dar al titular de las tierras en este contexto.

-¿A qué se refiere?

-En su momento, el titular de las tierras participó en alguna de las reuniones, opinó qué es lo que estaba viviendo, sufriendo y demás. En función de eso se pudo hacer una propuesta de Provincia que después no prosperó. Pero bueno, la idea también sería de encontrar la mejor solución que de alguna manera satisfaga a todas las partes.

-¿Una opción es una indemnización por lo que fue la incorporación del lote al Renabap?

-Esa es por vía administrativa. Yo creo que por ahí se puede intentar ensayar algún otro tipo de solución. Siempre hubo una propuesta también alternativa por parte de los pobladores de comenzar a pagar esas tierras, así lo han manifestado en cada ocasión que han tenido oportunidad de hacerlo. Hay que ver esas distintas alternativas que se pueden dar.

En un momento en el que se discute la participación del Estado en las políticas públicas, sobre todo de índole social, me parece que el Estado es la figura adecuada para colaborar activamente en la resolución de este tipo de conflictos. Y sin el Estado es muy difícil hacerlo.

-El Municipio no ha dado demasiadas muestras de querer avanzar en ese sentido. ¿Observa otra actitud en el último tiempo?

-He tenido -no en los últimos tiempos- pero he tenido muy buenas conversaciones con el jefe de Gabinete. Se ha mostrado muy proclive a tratar de encontrar una solución. Obviamente es limitado por los avatares judiciales, que estamos limitados todos un poco con eso.

Pero no obstante, creo que hubo una posibilidad de diálogo que hay que profundizar. Y en este sentido me parece que es importante destacar eso. Independientemente del posicionamiento político, ideológico o estratégico que se tenga frente a determinada situación, nosotros tenemos normas que protegen, por un lado, a la posibilidad de la obtención de una vivienda digna, como es la Constitución misma, a través del artículo 75, inciso 22.

Y en leyes más cercanas, como la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que impone a otros órganos estatales como los Municipios, realizar gestiones de integración socio-comunitaria. Tenemos el marco normativo suficiente para poder avanzar en soluciones reales.

- De acuerdo a su experiencia, y en función de la solución que mencionó ¿Estima un plazo para que se concrete?

La causa penal está esperando la resolución de la Corte, creo que eso va a ser determinante. En este momento está vigente la resolución del juez de Garantías, que nos está diciendo que este no es el ámbito adecuado para tratar la problemática.

Quien puede torcer esa decisión es la Corte, en función de lo que se ha planteado allí, y que tiene que ver con la resolución del Tribunal de Casación, que confirma esta resolución del juez de Garantía.

Luego la solución, insisto, me parece que la solución real, no la solución formal de un expediente penal determinado, sino que la solución real del caso tiene que ver con la posibilidad de encontrar consensos y buscar las mejores alternativas para cada una de las partes.

Renabap y después

-La incorporación del lote al Renabap se dio sobre el filo del cambio de gobierno a nivel nacional. ¿Cuál es su mirada sobre eso?

- Como Defensa penal no tuvimos ningún tipo de injerencia. Es una cuestión meramente administrativa. Obviamente al tomársela tuvo consecuencias en la causa penal, porque ha sido determinante esa incorporación en el Renabap a los fines de la continuidad del proceso penal.

Todo comenzó a discutirse en torno a esa incorporación. Son decisiones administrativas de carácter político, que conforme a la función que uno despliega, no puedo opinar más allá de tratar de comprender o de desandar las consecuencias.

-Si esta situación sigue su rumbo, ya no en el fuero penal, sino en el administrativo, ¿El trabajo de la Defensoría terminaría?

-El trabajo de la Defensoría penal cesa. Sin perjuicio, como lo hacemos en otros tipos de causas, trataremos de colaborar activamente para llegar a una solución lo más equilibrada posible.

Por El Eco de Tandil