Derecho a la identidad
Tandil adhirió a una ley que da herramientas para que las personas conozcan su identidad de origen
Se trata de la Ley Provincial 15.329 que garantiza el acompañamiento estatal para conseguir datos filiatorios. Se estima que más de 3 millones de personas en todo el país, que no nacieron durante la dictadura cívico-militar, tienen dudas sobre su identidad.
En la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Provincial 15.329 de Derecho a la Identidad de Origen, promulgada en mayo de este año, que busca acompañar y garantizar este proceso de búsqueda. La adhesión se efectuó a partir de un proyecto presentado por la bancada del Frente de Todos.
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De esta manera, la normativa matriz entiende que el derecho a la identidad debe ser garantizado por el Estado para todas aquellas personas que fueron apropiadas, adoptadas en un marco ilegal o tienen dudas sobre su identidad biológica.
Al respecto, la concejal Guadalupe Garriz valoró que “resulta imperioso legislar sobre el tema, ya que se encuentra en juego también el derecho a la salud, tan fundamental como el derecho a la vida misma”.
En este punto, afirmó que el conocimiento del verdadero origen de una persona permite contar con patrones genéticos a través del ADN, una herramienta para enfrentar y evitar patologías genéticas, o salvar vidas, y sostuvo que “sabemos lo complejo que es constituirse subjetivamente cuando faltan piezas claves que hacen a la construcción de la identidad de una persona, por eso lo que en el día de hoy se trató en el recinto constituye un gran avance en esta materia”.
La búsqueda del origen
En el país, los casos más resonantes de supresión de la identidad y de apropiación ilegítima de personas se produjeron durante la última dictadura cívico-militar. Pero además de las víctimas del terrorismo de Estado y por fuera de esta lógica, hay miles de personas que buscan conocer su verdadero origen. A menudo, en las redes sociales se difunden búsquedas de origen y de familiares, de adultos que desconocen sus datos filiatorios.
De esta manera, la iniciativa sancionada en la Legislatura bonaerense tomó el reclamo de los denominados “buscadores de identidad”, quienes sostienen que más de 3 millones de personas en todo el país, que no nacieron durante la dictadura cívico-militar, tienen dudas sobre su identidad.
Por ello, busca garantizar el derecho del acceso de toda persona a sus orígenes biológicos, entendido como derecho humano. El texto define como identidad de origen “al conjunto de datos biológicos, filiatorios y familiares que hacen a la identidad de la persona humana”.
La adhesión local
Por su parte, antes de levantar la mano para adherir a la propuesta, la edil del Frente de Todos habló para agradecer a sus pares de los demás bloques por la celeridad con la que se dio tratamiento al proyecto y brindó precisiones sobre los alcances de la legislación vigente.
En tal sentido, explicó que en el Concejo han recibido inquietudes y consultas de vecinos que desconocen su identidad de origen, lo que redunda en una problemática compleja. “Hay situaciones de estas características que me tocó recibir en el Concejo y muchas veces pasa que las personas se encuentran con esto al tener que completar una ficha de salud y no poder responder sobre sus antecedentes familiares biológicos; se abren signos de interrogación”, detalló.
De este modo, la adhesión explicitada por el Deliberativo, implica reunir a diversos actores institucionales (de salud, del registro de las personas y demás) para desarrollar un trabajo articulado en el territorio. Si bien la autoridad de aplicación es provincial, el Municipio va a cooperar en este tipo de reclamos identitarios y tiene el compromiso de encauzar las consultas que se reciban al respecto. En tanto, los detalles sobre cómo se trabajará el tema se pulirán próximamente para poder comunicarlos a la comunidad.
Por último, Garriz ponderó que “es una forma de hacer ese puente con la Provincia. Quizás se piense esto como algo minoritario pero le corresponde a todos los ciudadanos conocer su origen, así que es más que bienvenida e importante esta adhesión de la comuna”.
Qué establece la ley
De acuerdo con la estipulado en el texto normativo, no es necesario que quien reclama establecer su identidad tenga representación de un abogado o deba pagar para emprender la búsqueda. Por ello, en su contenido contempla agilizar los procesos de determinación de identidad, y establece el principio de "Informalidad, Gratuidad y de Celeridad", y la "Confidencialidad, la Tutela Efectiva, Máxima información, Buena Fe, No discriminación y No revictimización".
Por otro lado, habrá campañas de concientización, capacitaciones a los organismos de la administración pública y convenios de cooperación y reciprocidad con los municipios adheridos a la ley y las provincias, para garantizar el derecho a la búsqueda de identidad de origen.
Además, los solicitantes “podrán acceder a los datos contenidos en registros de hospitales, historias clínicas de parturientas, libros de partos, de nacimiento, de neonatología y de defunciones de establecimientos sanitarios de gestión pública o privada como así también la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires”. También podrán revisar archivos judiciales y de sentencias y a documentación de instituciones religiosas, educativas y de cuidado de menores.
Por otro lado, de la ley se desprende también que el Estado responsabiliza a dependencias y áreas en la búsqueda “interdisciplinaria”, y establece plazos y sanciones para funcionarios públicos y establecimientos privados que no cumplan con lo regulado. Además, remarca que "los efectores públicos de salud que cuenten con la infraestructura apropiada" deberán garantizar la gratuidad de los estudios genéticos, en caso de ser solicitados.
La ley tendrá una Autoridad de Aplicación, que deberá acompañar al peticionante desde la recepción del caso hasta su resolución, y crear el “Registro Único de Búsqueda de Identidad de Origen” y el “Registro de Buscadores Voluntarios”, en el que podrán inscribirse las organizaciones de la sociedad civil, personas y colectivos dedicados al tema que estén dispuestos a seguir el procedimiento.