Política
El tramo de la 226 que pasa por Tandil quedó incluido en el plan de privatización de rutas
En el esquema incluyó el tramo de la Ruta Nacional 226 que une Mar del Plata con Olavarría.
A los magros resultados de las gestiones impulsadas en el último tiempo para lograr un plan de acción que aborde la problemática de la Ruta Nacional 226, el viernes se sumó el anuncio por parte del Estado nacional en el que confirmó la decisión de avanzar con la privatización de casi seis mil kilómetros de autopistas y rutas en todo el país.
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Según justificó el vocero presidencial Manuel Adorni, el 45 por ciento de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario se ubicaba en un 45 por ciento en relación a la tarifa técnica.
En concreto, se trata de la empresa pública que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8, 9 y la 226 que se extiende desde Mar del Plata hasta Olavarría, pasando por Tandil. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
En el esquema, el tramo VII contempla 671 kilómetros por el interior de la provincia de Buenos Aires y se extienden de Cañuelas hasta Saladillo, de Cañuelas a la Ruta 226 y de Olavarría a Mar del Plata. En concreto, son cinco estaciones de peaje: en Cañuelas, El Dorado, Hinojo, Uribelarrea y La Vasconia, ubicado en el kilómetro 153 de la traza nacional, en jurisdicción del partido de Tandil.
Plan de acción
El Gobierno dijo que los interesados, a cambio de obras, se quedarán con el cobro de los peajes.
Adorni dijo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.
A más datos, indicó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía de la Nación- será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones.
Entre esas acciones promoverá la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.
Según el Gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.
El vocero argumentó también que en 2023 la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142 mil millones de pesos y pérdidas acumuladas por 268 mil millones de pesos y remató que, con estos resultados negativos, “los argentinos aportaron 301 mil millones de pesos”.
Tiempo de gestiones
Como se informó en estas páginas, las gestiones impulsadas a lo largo de los años no lograron el resultado deseado. En medio de un contexto que no parece propiciar herramientas para su abordaje, no hay certezas sobre la eventual implementación de un plan de acción que aborde la problemática. Sin embargo, el análisis de todas las variables se mantiene vigente en el orden local, al igual que la conflictividad que reafirma la idea que no habrá una única solución si no apunta a su integralidad.
En ese sentido, el último intento quedó en manos de Estrellas Amarillas, que presentó un completo informe ante la Secretaría de Protección Ciudadana que recapitula las distintas propuestas y líneas de trabajo en materia de tránsito desde un enfoque integral.
En base a lo expuesto, y a los trabajos que viene realizando la ONG desde hace más de diez años, expusieron propuestas, que pueden ser de aplicación inmediata o proyectadas en el mediano plazo, y/o problemáticas que detectaron en la ciudad, muchas de las cuales fueron presentadas al Municipio e incluso aprobadas en el marco del Acuerdo del Bicentenario sin mayores avances.