Política
El Frente de Todos pide información al Ejecutivo sobre el estado de las becas de educación y empleo
El bloque de concejales presentó un pedido para conocer el nivel de ejecución de dos programas que anunció el Gobierno municipal. Lo hizo a través de la ordenanza de acceso a la información pública. “Necesitamos poder planificar el Tandil que queremos con nuestros jóvenes adentro”, aseguró la concejal Daiana Esnaola.
Respaldado en la Ordenanza 15.931, que garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en el partido de Tandil, el bloque de concejales del Frente de Todos elevó al Ejecutivo municipal un pedido para conocer el grado de ejecución de las becas Tandil Estudia durante 2021, la orientación que tendrán en 2022 y detalles respecto a las becas de Empleo anunciadas por el Gobierno de Miguel Lunghi.
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A través de un documento, presentado el último viernes por la concejal Daiana Esnaola, los integrantes de la bancada opositora buscan aclarar ciertos aspectos vinculados al programa de la Dirección de Juventud que beneficia a jóvenes que se encuentren cursando sus estudios secundarios, terciarios o universitarios.
“Es de público conocimiento la situación que atraviesan los jóvenes, la cual se profundizó en este contexto difícil, donde la continuidad de los estudios se vio comprometida, así como el acceso al empleo y a la vivienda”, planteó la edil.
En ese sentido, Esnaola sostuvo que, “a pesar de esta realidad, la política municipal ha mostrado escasas iniciativas, con presupuestos acotados y un impacto incierto”, y a modo de ejemplo, citó “la suspensión de la beca Tandil Estudia en el momento más crítico para la educación durante la pandemia”.
Ante el “desconocimiento” del estado de situación de las iniciativas municipales orientadas a los jóvenes, aseguró que “necesitamos poder planificar el Tandil que queremos con nuestros jóvenes adentro”.
Para ello, “tenemos que facilitar la continuidad de los estudios, el acceso al mercado laboral y el acompañamiento constante y a largo plazo del Estado municipal”.
Finalmente, planteó que este enfoque resulta necesario para “construir políticas participativas que tengan en cuenta las demandas reales del sector así como los aportes que podemos hacer los diferentes representantes de la ciudadanía”.
Los interrogantes
La bancada solicitó al Ejecutivo información relativa a las becas Tandil Estudia a través de una serie de requerimientos para conocer el estado de avance y ejecución de la herramienta.
En primer lugar, demandaron conocer el estado de ejecución de cada una de las líneas de Tandil Estudia, el alcance que tuvo en cantidad de personas beneficiadas y el monto otorgado para cada una, y “cuáles de esas líneas anteriormente mencionadas tienen planificada su continuidad”.
En tanto, y considerando que “se partió de un relevamiento para la elaboración de esas líneas, ¿se hizo un relevamiento posterior para analizar el impacto de la beca 2021? ¿Se realizará uno para la ejecución 2022?”, y solicitó los datos de esos informes “en caso de existir”.
Y, por último, buscaron conocer “¿qué objetivos, montos, alcance y población objetivo tendrá la beca para 2022?”.
En cuanto a las becas Plan de Empleo, la bancada plantea al Ejecutivo que “la partida asignada dentro de la Dirección de Juventud de ocho millones de pesos, ¿se refiere al programa presentado públicamente Sé Vos?”.
Además, “¿cuáles son sus objetivos, fundamentación, alcance, población objetivo, duración y montos de las becas?; ¿qué área o áreas están involucradas en la ejecución de este programa?” y “¿cuenta con personal específico asignado para su ejecución y evaluación?”.
Acceso a la información pública
El planteo se funda en la Ordenanza 15.931/17 de Acceso a la Información Pública que en su artículo séptimo señala como sujetos obligados a brindar información pública a la “Administración Central, el Concejo Deliberante, los organismos descentralizados; la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM, concesionarios, permisionarios, consorcios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso de dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada.
También organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, “en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos, personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por del derecho público y en lo que se refiera a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos, fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado municipal”.
En tanto, el pedido del Frente de Todos cita el artículo 11 de la ordenanza, que señala que “toda solicitud de información pública requerida deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles”.
La normativa, sancionada en noviembre de 2017, establece que el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de “buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo séptimo, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma. Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ordenanza”.