Sistema de videovigilancia
El Concejo busca consensos para incorporar las cámaras privadas al Centro de Monitoreo
El proyecto que pretende aunar las cámaras privadas de vigilancia al sistema público ya fue delineado por el Legislativo y se aprobará por unanimidad. Su tratamiento se postergó dos semanas para acordar con algunos actores particulares la obligatoriedad de tener cámaras y aportar su contenido.
El Concejo Deliberante trazó los últimos detalles de un proyecto de ordenanza diseñado para unir el sistema de monitoreo estatal con el de los privados, con el objeto de optimizar las respuestas en materia de prevención y seguridad. Con el visto bueno de los tres bloques, la iniciativa se iba a tratar en la sesión de hoy pero finalmente decidieron postergar su abordaje para el próximo encuentro.
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En contacto con El Eco Multimedios Marcos Badillo, concejal del bloque Juntos, sintetizó que “este programa no exige un monitoreo activo en vivo, sino que la tecnología disponible permite acceder a las imágenes ante algún requerimiento judicial y centralizar la información”.
En tal sentido, el sistema se robustecerá para ampliar el barrido de imágenes de todo el radio urbano y periferia de resolver diferentes situaciones.
Asimismo, uno de los motivos del aplazamiento fue la necesidad de pulir detalles y armar consensos ante la obligatoriedad de determinados actores a participar del registro y, en algunos casos, a instalar cámaras. Si bien el listado es voluntario para los vecinos, determinadas instituciones y comercios deberán ser parte de forma compulsiva.
Los orígenes
Vale reseñar que a mediados de julio de 2021, el Frente de Todos presentó en el Deliberativo un proyecto de ordenanza para crear un registro voluntario municipal de cámaras de videovigilancia de particulares, que apuntaba a reunir información sobre los dispositivos que captan imágenes en la vía pública, en caso de que deba ser requerido por la Justicia para el esclarecimiento de un hecho.
Posteriormente, el Municipio redobló la apuesta y se abocó a la elaboración de otra normativa –que fue elevada en agosto al Concejo- para integrar las cámaras particulares a la base de datos del Centro de Monitoreo, sin necesidad de apelar a una orden judicial o pedido especial. Esta iniciativa se suspendió en 2020 por temas presupuestarios y se retomó durante 2021, en articulación con la Universidad Nacional del Centro para el desarrollo del sistema operativo.
La autora del primer proyecto, la concejal del Frente de Todos Guadalupe Gárriz, comentó que en la actualidad trabajaron en una norma única que contemple el registro voluntario pero con la posibilidad de constituir mediante un programa de videovigilancia una nube que contenga imágenes para dar mayores garantías a la protección ciudadana.
La propuesta fue tratada por la Comisión de Asuntos Legales que preside Badillo y por la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad encabezada por Gárriz, y se logró un buen intercambio entre los diferentes bloques, que aportaron sus sugerencias y observaciones. De este modo, el texto normativo ya está listo a la brevedad para su tratamiento en el recinto, pero se han llevado a cabo algunas reuniones con los actores implicados para generar acuerdos y asegurar la efectividad de la herramienta.
Obligatoriedad
En el encuadre propuesto se plantea que hay sujetos obligados a poner cámaras y ser parte del programa, por ejemplo, los lugares de pago y ciertas entidades a las que la legislación vigente ya les exige contar con un monitoreo.
Por un lado, el registro voluntario es indispensable para que el sistema de videovigilancia funcione, porque es preciso conocer qué cámaras están disponibles y dónde están ubicadas en primera instancia, para avanzar hacia todo lo demás, y los ediles acordaron que determinados sujetos, con características muy específicas, estén obligados a aportar las imágenes de las cámaras de la vía pública.
“Hubo modificaciones por el desdoblamiento de los sujetos obligados y el mapa para georrenfenciar las cámaras, y así saber con qué cámaras se cuentan”, detalló Badillo.
En paralelo, se contempló que la normativa alcanzará obligatoriamente a que las instituciones educativas, clubes, estacionamientos, sitios de esparcimiento privado, farmacias, canchas de futbol, entre otros, aporten sus cámaras en caso de tenerlas y que sean compatibles.
“Ya tuvimos una reunión con instituciones educativas y con Cámara Empresaria, y seguiremos hablando en estos días para delinear el tema”, concluyó el concejal.