El Gobierno denunció a barrabravas por actos de violencia y sedición durante la protesta

El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunta "sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática", en relación con los detenidos durante la protesta violenta protagonizada por barrabravas el pasado miércoles. En paralelo, el Ministerio solicitó el apartamiento de la jueza porteña que ordenó la liberación inmediata de los arrestados.

Los incidentes en cuestión tuvieron lugar en una manifestación originalmente convocada para expresar apoyo a los jubilados, que rápidamente se desvió hacia disturbios violentos. La movilización, organizada a través de redes sociales, generó tensiones en las inmediaciones del Congreso Nacional, en donde grupos organizados, entre los que se incluían barras bravas, dirigentes políticos y sindicales, protagonizaron los hechos violentos.

En el texto presentado por el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, se detalló que las consignas iniciales de la protesta fueron rápidamente absorbidas por sectores que no estaban vinculados a la causa original, lo que permitió que el caos se apoderara de las calles. Entre los grupos involucrados, se mencionaron a barras de clubes como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, así como a personajes como el exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien, desde España, habría mostrado su apoyo a la manifestación en un video viralizado en las redes sociales.

La denuncia pone de relieve la dimensión política y social de los disturbios, que no solo incluyeron a actores vinculados al fútbol, sino también a movimientos de izquierda que habrían impulsado la manifestación con fines más amplios. La acusación de asociación ilícita agravada apunta a la presunta planificación y coordinación de estos grupos para generar el caos, mientras que los cargos por sedición y atentado contra el orden constitucional subrayan el impacto de la protesta en la estabilidad democrática del país.

Este suceso ha generado una fuerte controversia, y las autoridades continúan investigando los detalles detrás de estos disturbios. Las próximas acciones judiciales podrían incluir nuevas detenciones y citaciones a los involucrados, mientras la situación se mantiene bajo escrutinio público.

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Por El Eco de Tandil

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