Suspendieron por segunda vez el desalojo en La Movediza

Ante el inminente desalojo de las 64 familias apostadas en el predio de Piccirilli al 1000, que tenía fecha para hoy, la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación solicitó el viernes pasado la suspensión provisoria de la medida y la Justicia hizo lugar al pedido.

La petición fue acompañada por el Ministerio Público de la Defensa nacional y provincial, y por la Defensoría del fuero penal local a cargo de Diego Araujo, quien en contacto con este Diario afirmó que “hemos pedido la postergación de la medida hasta que se establezca un programa ante la emergencia que implica el desalojo compulsivo”.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías 1 dictaminó ayer que “previo a resolver lo que corresponda y a los fines de evaluar cabalmente la procedencia, se impone la suspensión provisoria de la ejecución de la medida de desalojo compulsivo ordenada para los días 31 del corriente mes y alternativamente para el 2 de noviembre del 2023”. 

De esta manera, se estableció un nuevo compás de espera en la causa por “Usurpación de inmueble”  que se sigue desde febrero, cuando el macizo fue ocupado por decenas de familias y los dueños efectuaron la denuncia penal.

Nueva suspensión 

La expulsión por la fuerza ya había sido desestimada en julio y ahora la medida volvió a quedar sin efecto. El juez José Alberto Moragas había fijado la nueva fecha al dar por agotadas todas las instancias de negociación previstas en el Protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. 

Por otra parte, vale reseñar que un núcleo de más de 20 familias se retiró voluntariamente semanas atrás del macizo en disputa. No obstante, la mayor parte de las personas que forman parte de la ocupación decidió permanecer en el lugar hasta las últimas consecuencias y se generaron algunos roces con vecinos y policía. Desde el inicio de la problemática, hubo sectores diferenciados en el predio: quienes optaron por un despliegue pacíficamente, y otros que se mostraron más intransigentes ante las intervenciones institucionales. 

En este marco, desde Nación y las defensorías apelaron a las leyes de Integración socio urbana de barrios populares y otros marcos normativos similares, como el Régimen de Regulación Dominial (Ley Nacional 27.694), para sustentar el pedido en cuestión e intentar hallar una salida al conflicto que no desemboque en el desalojo como única respuesta.  

En este nuevo escenario, el Poder Judicial deberá evaluar y ponderar las condiciones de existencia para que el desalojo compulsivo se produzca, garantizando los derechos de los ocupantes antes, durante y después. 

Negociaciones truncas 

En rigor, el evento se remonta a febrero de este año, con la ocupación por parte de un grupo de madres de un predio emplazado en La Movediza, situación que resultó judicializada. En este marco, se aplicó el Protocolo de la Suprema Corte provincial para estos casos pero al considerar que se agotaron las instancias de negociación, el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, dictó el desalojo a pedido del fiscal Luis Piotti. La medida fue suspendida en julio por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, con el objetivo de resolver el problema en una mesa de negociación, aunque los intentos fracasaron y el conflicto se encaminó hacia el desahucio. 

Según detallaron, ante la negativa del Municipio de construir consensos al respecto, naufragó la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico para convertir el macizo en suelo urbano y poder lotearlo. Asimismo, finalmente el dueño de las tierras también desistió de esta posibilidad y el conflicto volvió a foja cero. 

Por su parte, desde la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional del Centro, organismo que intervino activamente en la mesa de trabajo y aportó sus recursos para abordar la problemática, repudiaron el desalojo y bregaron por ofrecer otro tipo de respuestas más allá del punitivismo. En la misma línea se expidió el defensor Diego Araujo, quien apuntó a que debería haber soluciones políticas a un conflicto derivado de la falta de políticas públicas en el acceso al suelo urbano y la vivienda. 

Así, hace 15 días el juez de Garantías José Alberto Moragas pautó para el 31 de octubre el desalojo compulsivo. En principio, se supo que el fiscal a cargo -Luis Piotti- coordinó con la Jefatura de Policía las condiciones en las que se llevaría a cabo la medida judicial. Además, la Defensoría Oficial, Defensoría del Pueblo y la Unicen trabajaron de manera coordinada en optimizar las condiciones para concretar el retiro de los ocupantes cuando llegue el momento. El nuevo freno a la expulsión forzada abrió un espectro de posibilidades para destrabar la conflictividad. 

Municipio en alerta 

Ante una eventual nueva manifestación en la explanada municipal, ayer cerraron las puertas de la sede del Ejecutivo local y reforzaron la seguridad en la zona con el desplazamiento de algunos efectivos policiales.

Si bien no vallaron el área, sí desplegaron un operativo, aunque en “actitud pasiva”, ante la posibilidad de que vecinos que se apostaron en el lote de Piccirilli al 1000 vuelvan a manifestarse, tal como hicieron la semana pasada para reclamar soluciones habitacionales.

Las protestas se centran en el inminente desalojo de las más de 64 familias que tomaron el predio, que estaba pautado para este martes, aunque la medida se suspendió por el momento. 

En este sentido, vale recordar que el pasado viernes un grupo de más de 80 personas que representaban a quienes ocuparon el predio se movilizó a las inmediaciones de la Municipalidad con diversas banderas y pancartas para exigir respuestas habitacionales a la comuna. De este modo, las autoridades informaron que podían solicitar acompañamiento en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, donde se evaluará cada situación y se pondrán a disposición los programas de asistencia vigentes.