Medida judicial
Suspendieron el desalojo compulsivo de la toma de La Movediza y siguen negociando una salida pacífica
La Cámara de Azul concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo de la resolución dictada por el juez de Garantías José Alberto Moragas, que había dispuesto el 8 de julio como fecha límite para desocupar el predio en litigio. El pedido lo hizo la Defensoría Oficial para seguir trabajando en pos de arribar a soluciones para los grupos más vulnerables.
La Cámara de Apelación y Garantías de Azul hizo lugar a la medida que interpuso el titular de la Unidad Funcional de Defensa Descentralizada 3 del Departamento Judicial de Azul, Diego Araujo, y decidió dejar sin efecto la orden de desalojo del predio de Piccirilli al 1000, en La Movediza, cuyo plazo vencía mañana.
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El pasado 30 de mayo, la Defensoría Oficial presentó un recurso de apelación con efecto suspensivo de la resolución dictada el 24 de ese mes por el Juzgado de Garantías a cargo de José Alberto Moragas, que otorgó un plazo máximo de 45 días a las familias para que desocupen los lotes usurpados, con la advertencia de avanzar en un desalojo compulsivo en caso de incumplimiento.
Consultado por El Eco de Tandil, Araujo expuso que el recurso fue concedido “porque es lo que establece la ley procesal. La causa aún está en la Cámara y se estima que pronto se irá a resolver”.
De este modo, las partes pueden continuar con las negociaciones para dar una salida pacífica y propositiva al conflicto que se generó en febrero de este año. En tanto, la próxima semana continuarán las reuniones entre los diferentes actores involucrados para avanzar en el ofrecimiento de alternativas habitacionales que alcancen al menos a los grupos más vulnerables allí localizados.
De acuerdo al reporte censal elaborado en el marco del protocolo previo, se entrevistaron a 113 familias, integradas por un total de 280 personas, de las cuales 101 son niños, nueve son personas con discapacidad y 46 padecen enfermedades crónicas.
El litigio por la tierra
En febrero, tras la denuncia del ciudadano que se presentó ante la Justicia como el dueño de las tierras, se tramitó una causa penal por “Usurpación” en la UFI 3, cuyo titular es el fiscal Luis Piotti, y el Poder Judicial inició una serie de acciones legales tendientes a desactivar el conflicto, que incluyó la convocatoria de instituciones como la Unicen, las Defensorías del Pueblo, la Defensoría Penal, organismos provinciales y demás entidades, para efectuar un informe acerca de las condiciones obrantes en la toma.
El compás de negociación se abrió a mediados de marzo. Promediando mayo, Piotti dio por agotadas las instancias del protocolo y solicitó al Juzgado de Garantías la desocupación del espacio. Seguidamente, el juez José Alberto Moragas aceptó el pedido y ordenó la expulsión por la vía policial de los acampantes si para el 8 de julio no abandonaban el predio por sus propios medios. Ahora, la medida quedó sin efecto y estiman poder resolver la problemática por otros medios.
En torno a la implementación del marco de actuación, cabe recordar que el Municipio decidió exponer sus propias conclusiones sobre el censo realizado por diversas instituciones el 17 de abril pasado y efectuó una valoración diferente de la situación de vulnerabilidad de los distintos grupos presentes en el acampe masivo.
En contrapartida, el planteo de la Defensoría para pedir la suspensión del desalojo argumentó que el informe confeccionado es “claro” al expresar que “en consecuencia requieren de la acción mancomunada de los distintos niveles y poderes del Estado en orden a garantizar la plena satisfacción de sus derechos, a través de estrategias que deberán contemplar los distintos aspectos relevados, así como los intereses de las dos partes en conflicto, en pos de una solución pacífica de la problemática”.
El Municipio
Además, hace una semana, un grupo de integrantes de la ocupación de Piccirilli al 1000 se manifestó frente a la sede de la Secretaría de Desarrollo y Hábitat de la comuna. Fueron recibidos por la responsable del área, Alejandra Marcieri, y el secretario de Legal y Técnica Andrés Curcio.
La respuesta fue la habitual: el Municipio no se hará cargo de aportar soluciones hasta tanto los ocupantes no se retiren del macizo, y tampoco se mostraron a favor de que las familias sean reubicadas en tierras del Estado.
Una de las vecinas que acudió al mencionado encuentro había señalado que “ellos dicen que no nos van a dar una solución habitacional, y que tienen 3 mil personas anteriores que están en la misma situación. Una vez más no nos brinda la oportunidad de ponernos un terreno, ya sea fiscal o algo así, que nosotros podamos pagarlo con una tarifa de vivienda social”.
En paralelo, la mujer respondió afirmativamente cuando fue consultada sobre si la respuesta concreta de parte de las autoridades municipales fue la de que ingresen al Registro Demanda Habitacional.
