No hay acuerdo para lotear
La causa por la toma en La Movediza avanza hacia el desalojo
El Ejecutivo local no se presentó a la ultima audiencia convocada por Moragas.
En el marco de la causa por la ocupación de tierras en La Movediza, se celebró este viernes la primera audiencia convocada por el juez de Garantías José Alberto Moragas, con el objetivo de analizar una posible salida pacífica al conflicto. No obstante, el Municipio se ausentó a la reunión y las partes no pudieron arribar a una solución.
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Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que “sin este actor tan importante en el acompañamiento como gestor de política pública, se hizo imposible avanzar en cualquier propuesta de resolución alternativa” y frente a este escenario, la causa se encamina hacia la medida de desalojo. Ahora, queda a criterio del magistrado resolver si ordena la desocupación por la vía policial o si vuelve a reunir a los implicados con la misma lógica.
Semanas atrás, el titular del Juzgado de Garantías 1 de Tandil convocó a todas las partes para evaluar la alternativa de que la Provincia adquiera el predio de Piccirilli al 1000 -que permanece ocupado desde febrero-, para convertirlo en suelo urbano y poner los lotes a disposición tanto de algunas familias que participan de la toma, como de la ciudadanía.
La propuesta que se puso a consideración de las partes tiene la venia de los propietarios del macizo y fue consensuada en la mesa de trabajo encuadrada en la negociación que se abrió para encontrar una alternativa a la expulsión compulsiva, pero las autoridades comunales se retiraron hace un tiempo del espacio, en discrepancia con el rumbo que tomó la causa y, en la misma sintonía, tampoco acudieron a la citación de ayer.
El factor municipal
Además, aunque desde el Gobierno comunal alegaron que no es obligatoria su participación en la resolución de la problemática, no es factible avanzar en el desarrollo de la propuesta de loteo porque se precisa de la articulación con la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y otros departamentos del Ejecutivo.
En la actual coyuntura, si el privado y la Provincia llegaran a un acuerdo, posteriormente el Municipio deberá intervenir para dotar de indicadores urbanísticos al espacio. En este caso, la Comisión de Gestión Territorial y el Concejo deben involucrarse para aprobar los indicadores que posteriormente habiliten las construcciones en el lugar.
La mirada de la gestión local, según refirieron oportunamente, “va a seguir siendo la de respetar las condiciones de igualdad ante la ley y por lo tanto, si existen terrenos para hacer viviendas sociales vamos a acompañar, pero siempre y cuando sean sorteados al público en general”.
El conflicto por la tierra
De acuerdo a la cronología de los hechos, la familia que acreditó la titularidad del predio denunció inmediatamente la usurpación e incluso el juez Moragas ordenó el desalojo a instancias del fiscal Luis Piotti, pero la expulsión forzosa fue detenida por la Cámara de Garantías y Apelación de Azul a principios de julio.
En primera instancia, tras la denuncia efectuada en febrero, la Justicia activó el protocolo de la Suprema Corte provincial y se conformó una mesa de diálogo que involucró a diversos actores, entre ellos el Municipio, pero también organismos bonaerenses, defensorías y hasta la universidad.
En el último tiempo, la negociación se orientó a la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico entre el particular y el Estado bonaerense para dotar de servicios al macizo, lotearlo, poner terrenos a disposición de algunos grupos más vulnerables y sortear el resto. Como lo establece el marco normativo vigente, el dueño recibe en este caso como pago un cierto número de parcelas con infraestructura.
En este punto, desde el área de Desarrollo Humano y Hábitat de la comuna fueron inflexibles por considerar que el accionar genera un precedente “peligroso”. El posicionamiento que mantienen es que las familias instaladas en el lugar se retiren de allí, para después empezar a discutir estrategias de acompañamiento.
Esto generó tensión entre las partes, porque del otro lado bregaban por una solución que no implicara un desalojo o un retiro sin atender la cuestión de fondo, sino que contemplara un trabajo articulado con los ocupantes en el territorio.
