“Si tengo un terreno y lo usurpan, después se hace un negocio inmobiliario con la Provincia"

La toma de terrenos en La Movediza sigue activa y la Justicia convocó para el 22 de este mes a una audiencia que permita poner punto final al conflicto originado en febrero pasado, con la instalación de un grupo de 15 madres en un macizo de Piccirilli al 1000, que rápidamente se masificó hasta superar los 100 agrupamientos. 

Al respecto, la titular de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, Alejandra Marcieri, en el aire radial de La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM) ratificó el posicionamiento de la comuna de no favorecer con lotes a los ocupantes y desmintió que la negativa a participar de las negociaciones vigentes trabe la salida pacífica al problema. 

Si bien la familia Moauro, que acreditó la titularidad del predio, denunció la usurpación e incluso el juez de Garantías José Alberto Moragas ordenó el desalojo a instancias del fiscal Luis Piotti, la expulsión forzosa fue detenida por la Cámara de Azul hace dos meses. En primera instancia, tras la denuncia, la Justicia activó el protocolo de la Suprema Corte provincial y se conformó una mesa de diálogo que involucró a diversos actores, entre ellos el Municipio, pero también organismos bonaerenses, defensorías y hasta la universidad.

En el último tiempo, la negociación se orientó a la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico entre el particular y el Estado bonaerense para dotar de servicios al macizo, lotearlo, poner terrenos a disposición de algunos grupos más vulnerables y sortear el resto. Como lo establece el marco normativo vigente, el dueño recibe en este caso como pago un cierto número de parcelas con infraestructura, lo que incrementa ostensiblemente el valor de la tierra. 

En este punto, la funcionaria fue tajante al exponer que dicho mecanismo “genera un precedente” y señaló: “Si tengo un terreno y lo usurpan, después hago un negocio inmobiliario con la Provincia porque no lo puedo subdividir como está. Hoy por hoy esos terrenos pueden tener un loteo de 2 mil metros cuadrados y se están gestionando lotes de 10 x 30 metros. Es abrir la brecha para un negocio inmobiliario, porque alguien puede pensar que lo usurpan y después se puede negociar una urbanización para obtener terrenos más valiosos”. 

Posturas antagónicas 

Asimismo, Marcieri refirió que no es obligatorio que el Municipio participe de la mesa de diálogo. En sintonía, el Ejecutivo local faltó al último encuentro porque discrepa con la metodología encarada por las partes y presentó un escrito. El posicionamiento que mantienen es que las familias instaladas en el lugar se retiren de allí, para después empezar a discutir estrategias de acompañamiento. 

En tanto, reseñó que “el protocolo de Provincia establece que cuando la toma es masiva se inicie una mesa de negociación con distintos actores, se solicitó nuestra presencia para dar una salida pacífica y tuvimos las reuniones pertinentes, hicimos la presentaciones necesarias, sugerimos hacer un estudio socioambiental por hogar, con la premisa de que se retiraran  voluntariamente y después acompañar las necesidades de quienes precisan alquilar o lo que fuere”. En la misma línea recordó el fallo judicial que ponderó  el “agotamiento” de la instancia protocolar y que “continuar con esa metodología perpetuaba una situación delictiva”. 

Esto generó tensión entre las partes, porque del otro lado bregaban por una solución que no implicara un desalojo o un retiro, sino un trabajo articulado con los ocupantes en el territorio. 

Convenio urbanístico 

Además, la responsable del área de Desarrollo Humano indicó que se enteró en la última reunión de que el dueño de las tierras tenía contacto con organismos de Provincia en pos de celebrar un consorcio urbanístico. De este modo, la comuna dejó asentado en un acta que si el Estado provincial adquiere efectivamente el predio, los terrenos deberían ser sorteados a la población general. 

“La idea de la Provincia de Buenos Aires es otorgarles terrenos a los usurpadores. Tendrían que abrir la posibilidad que se anoten las 3500 familias que están en el Registro de Demanda Habitacional y todos los que necesiten”, reafirmó.

A la par, retomó la idea de relocalizar a las personas que ocuparon el lugar en la zona de Sans Souci, donde tanto la Provincia como el Estado nacional proyectan un desarrollo habitacional. En esta línea, habló de la “premura” para resolver la problemática  y expresó que los terrenos en el norte de la ciudad están “listos” para edificar, y en consecuencia no habría que esperar a que se rubrique un nuevo convenio urbanístico en La Movediza.  

Marcieri también apuntó que si el privado y la Provincia llegan a un acuerdo, posteriormente  el Municipio deberá intervenir para dotar de indicadores urbanísticos al espacio. En este caso, la Comisión de Gestión Territorial y el Concejo deben involucrarse para aprobar los indicadores  que posteriormente habiliten la construcción en el lugar.  

Así, sostuvo que la mirada de la gestión local “va a seguir siendo la de respetar las condiciones de igualdad ante la ley y por lo tanto, si existen terrenos para hacer viviendas sociales vamos a acompañar, pero siempre y cuando sean sorteados al público en general”. 

Apoyándose en el argumento de canalizar el conflicto de la manera más “trasparente” posible, la funcionaria lunghista observó que “si bien existe una necesidad, nos pusimos a disposición pero tenemos discrepancias”. 

Más cuestionamientos

Por su parte Marcieri aseguró que las familias en disputa no residen efectivamente en la toma, sino que hay casillas y personas encargadas de custodiar el lugar. En este sentido, rebatió los dichos de Camila, una de las protagonistas de la ocupación, quien en este Diario expuso que su contrato de alquiler se vence en octubre y luego duplica su valor,  a la vez que arremetió contra la Secretaría de Desarrollo Humano por dilatar las gestiones y “tener a la gente tanto tiempo en esas condiciones”. 

“Nos acusa de que pasaron el invierno así, pero dijo que alquila hasta octubre y lo que está haciendo es ver si más adelante puede tener un lugar propio para vivir. El 80 por ciento de los censados en la toma dijeron que tienen dificultades para pagar el alquiler, como las más de 600 personas que asistimos desde la Secretaría. También manifestaron su deseo de tener algo propio y de no seguir alquilando, que es el mismo deseo de las 3.500 personas que se anotaron en el Registro de Demanda Habitacional, pero que no por eso van a ocupar algo que es ajeno”, cerró.