“Pretender resolver un conflicto social de esta envergadura en un proceso penal es imposible”

Lo dijo el defensor Diego Araujo, quien apuntó a la ausencia de políticas públicas como causa principal de las tomas masivas de tierras. Aclaró que la resolución de Garantías levantó la prohibición de autorizar nuevas instalaciones eléctricas, pero no ordenó la conexión a la red que deberá gestionar cada familia ante la Usina. También señaló que frente a las bajas temperaturas, habilitó el ingreso al predio de garrafas y otros medios para calefaccionar las viviendas, mientras que la introducción de materiales quedó “supeditada” al tipo de insumos y a la vivienda.