“No me sorprendió para nada”, afirmó el dueño del terreno tomado sobre el fallo de Casación

La toma del macizo en el barrio La Movediza tuvo una novedad de las más importantes en los últimos tiempos. Este miércoles la Sala tercera del Tribunal de Casación Penal se expidió sobre el expediente de la usurpación masiva y dejó sin efecto el desalojo ordenado por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul. 

Daniel Moauro, propietario de las tierras tomadas, habló en “La Mañana” (El Eco Streaming, Eco Tv y 104.1 Tandil FM) y afirmó sobre el revés judicial que recibió en su intención de recuperar su propiedad privada que “no nos tomó por sorpresa, era sabido desde el primer momento. Lo que no sé es porque lo estuvieron dilatando tanto tiempo”.

En ese sentido apuntó contra el Juez a cargo, Víctor Horacio Violini, quien junto al doctor Mario Kohan integran la Sala III del mencionado Tribunal, señalando que “desde el principio se podía ver que iba a votar en contra del desalojo, porque el Juez es el que había liberado presos en la pandemia. No podemos esperar que dé otra fruta el árbol”.

Entre los argumentos expuestos por Casación se indicó que el problema debe ser abordado y resuelto por la política ya que se trata de un conflicto de índole social que debe resolverse más allá del derecho penal. Cuestión que generó un poco más de indignación en el damnificado ya que consideró que "se tiran la pelota uno con otro”.

“No veo que tengamos muchos puntos a favor en lo Penal. Están hablando de temas sociales y entonces: ¿el famoso protocolo que había al principio? Había dos personas y no los sacaron porque había que cumplir todo un protocolo y se agregó más gente y más gente y construyeron. Entonces más vale que va a haber un conflicto social”, aseguró. 

“Un robo completo”

Camino a los dos años de la ocupación en el macizo de Piccirilli al 1000, el crecimiento ha sido constante. El único dato oficial aportado por el Gobierno local sobre la población presente surgió a través de un censo realizado en abril del 2023 el cual señalaba la presencia de 283 personas y 50 emplazamientos. Desde entonces se estima que la población creció.

“Han construido más”, afirmó Moauro que luego explicó que esta situación solamente le genera ganas de irse de la ciudad ante un contexto que lo “desalienta” a vivir “en un lugar en el que realmente no se cumple la ley”. 

En cuanto a la decisión de Casación, fue contundente y declaró: “Ya es un robo completo, no quedan más palabra. En definitiva, nunca tendríamos que haber justificado nada porque vos vas a tu casa ahora y encontrás gente adentro, en lugar de sacar la gente tenés que ir a demostrar que es tuya la casa. Es al revés”. 

Resignado, ante otro revés de la justicia, el damnificado afirmó que ya no quiere saber más nada sobre el asunto y que solamente quiere que “me devuelvan lo que me corresponde”. En pos de lograr esto, comentó, que su abogado está preparando el recurso extraordinario para presentar en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que apelar a la Corte de la Provincia y empezaremos a hacer un juicio administrativo, que después lo van a terminar pagando todos los ciudadanos. El juicio administrativo tiene que ver por un lado con los perjuicios que nos ha generado esta toma y por otro lado sacar al terreno del Renabap”, explicó.

La política

En este periplo, que en febrero del 2024 cumplirá dos años, la situación ha tenido en el medio un cambio de Gobierno nacional que también tuvo su incumbencia en el caso. 

La administración saliente, encabezada por Alberto Fernández, agregó en noviembre del 2023 el terreno en el Registro Nacional de Barrios Populares. Al mismo tiempo que, en casi un año de gestión, el gobierno de Milei no tomó decisiones en defensa de la propiedad privada, bandera de la campaña política.

Respecto a lo poco que se involucró el actual Gobierno nacional, Moauro opinó: “La verdad es que esperaba más. Hacen tantas cosas de un día para el otro, toman decisiones tan arriesgadas a veces, que bien podrían haber revisado esto”.

También la cuestión política la refleja en su opinión sobre la poca decisión de desalojar que se presentó. “Hay como una trama política, que va llevando desde el Defensor hasta arriba en el Poder Judicial. Es lo que hablamos siempre de la famosa corrupción, empieza en el Defensor, va subiendo y hay contactos con la gente que tiene que resolver estas cosas, por eso resuelve en contra”, afirmó el damnificado.

Por último, a pesar de este panorama que entiende de desprotección sobre la propiedad privada, aseguró que la presentación en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires se realizará dentro de los diez días que indica la ley que tienen para realizarlo.

Perjuicios personales

Al margen de todo lo que representa para la familia haber perdido la disponibilidad de sus tierras, la toma también trajo consecuencias al día a día de los propietarios. Los Moauro tienen sus dos viviendas y dos empresas chicas ubicadas en el medio del macizo usurpado.

La situación, definida como una “aberración” por el dueño de los terrenos, afecta al desarrollo del emprendimiento familiar. El vivero ya no dispone del pozo de agua de donde sacaban la materia prima para el riego de los productos y ahora se tienen que arreglar con agua de lluvia y lo que llega a través de la red.

“El único lugar donde había agua en todo el campo lo tienen ellos, me sacaron hasta el agua. Estás hablando de un vivero, es fundamental para mantener mi fuente de trabajo. No puede ser tan difícil administrar justicia cuando es algo tan claro, si fuera un conflicto entre partes, que está muy turbio, bueno, pero acá es muy claro el tema”, aseguró.

Por último, comentó que no pierde la esperanza de encontrar una solución a sabiendas que tendrá que tener mucha paciencia. “Nada es gratis, las cosas se terminan pagando de alguna manera. No me voy a quedar con los brazos cruzados ¿Qué es lo que va a pasar? No sé. No me preocupa que pase tiempo, en algún momento hay que hacer justicia”, concluyó.