Toma en La Movediza
"No hay que quedarse con la experiencia del conflicto penal porque el problema es otro y no se resuelve"
El defensor oficial Diego Araujo apuntó a la falta de viviendas y las escasas políticas públicas al respecto. Si bien un grupo de familias se retiró voluntariamente de la toma al no consensuarse ninguna solución, más de medio centenar permanece en el predio ocupado desde febrero. La causa avanza hacia el inminente desalojo, pero el abogado insistió en mirar la coyuntura y no solamente el conflicto penal. Descartó que exista un aprovechamiento político partidario del hecho.
Desde algunas perspectivas, la toma de tierras en La Movediza planteó públicamente un problema mayor que el mero conflicto por el espacio en disputa: puso en agenda la problemática habitacional del distrito.
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En estos términos evaluó la temática el defensor público del fuero penal de la UFD 3, Diego Araujo, quien apuntó a rever la cuestión de fondo y no agotar el análisis en el delito de usurpación denunciado.
La ocupación del predio ubicado en Piccirilli al 1000 que comenzó en febrero y persiste hasta la fecha, motivó la intervención del organismo judicial que intentó sumar elementos a la discusión en pos de aportar soluciones a una problemática que lleva años sin demasiadas respuestas.
Si bien esta semana el grupo de madres que inició la toma y otras familias decidieron retirarse voluntariamente tras las infructuosas negociaciones, aún quedan núcleos de ocupación compuestos por alrededor de 60 familias que permanecen en el macizo. En tanto, la causa avanza hacia la expulsión por la vía judicial. En este marco, el juez de Garantías José Moragas debe definir un plazo para que los ocupas se retiren por sus propios medios, antes de convocar a la fuerza policial para desalojarlos.
La mesa de trabajo
En diálogo con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM y ECO TV), el abogado defensor señaló que por su rol funcional le ha tocado intervenir en distintas tomas masivas por ejemplo, la de Smata, y a su criterio enfatizó que a través de los años no han surgido políticas públicas para paliar la situación.
“Ahora se suscitó este conflicto social y me involucré en función de mi rol, pero la entidad del conflicto social no se resuelve con la aplicación del derecho penal. Es una situación grave que persiste en el tiempo; yo vine en 2007 y fueron sucediendo distintos tipos de conflictos de esta naturaleza”, explicó.
Araujo recordó que en este caso, tras la denuncia del propietario de los terrenos por usurpación, solicitó al Juzgado de Garantías 1 la aplicación del protocolo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que dio lugar a la conformación de una mesa multiactoral que intentó proponer soluciones al respecto.
De esta manera, una de las alternativas que surgió fue la constitución de un consorcio urbanístico con el mecanismo de la Ley de Hábitat para dotar de infraestructura al macizo y lotearlo, con el objetivo de generar suelo urbano para construir. La urbanización de los terrenos incrementaría considerablemente su valor de mercado y los dueños obtendrían beneficios, escenario que provocó la oposición del Municipio.
“Se avanzó con la idea y el dueño prestó conformidad, pero el Municipio se retiró de la mesa. El resultado no es el que hubiese esperado porque se trabajaba sobre esta propuesta concreta, que demandaba mucho esfuerzo”, detalló.
Asimismo, en la audiencia celebrada el pasado 22 de septiembre en presencia del juez, los titulares de la propiedad cambiaron de postura y la iniciativa naufragó definitivamente.
Araujo valoró la posibilidad de haber conformado un espacio de trabajo articulado con múltiples actores y destacó la labor de la universidad en pos de ofrecer soluciones que desactivaran tanto el conflicto penal como la problemática coyuntural.
“Cada vez que hay una situación así se visibiliza una situación social preocupante y detrás de eso hay responsabilidades institucionales. Es necesario instrumentar y planificar políticas públicas para paliar la situación”, cuestionó el letrado.
El inminente desalojo
Por otro lado, si bien el expediente judicial se encamina hacia el desalojo compulsivo, el defensor reparó en que el mismo “debe cumplir con las exigencias del protocolo de la Corte, que establece una forma adecuada de intervenir incluso en los casos en los que se resuelve por la vía policial, no puede afectar más derechos y no puede quedar gente en situación de calle”.
En tal sentido, puntualizó que el poder político en todos sus estratos debe actuar en forma coordinada para evitar que haya poblaciones vulnerables afectadas, y se refirió al método de abordaje y el trabajo profesional de la Unicen para aportar soluciones al déficit habitacional de Tandil.
“Hay que considerar a nivel regional la real dimensión de la problemática y generar programas acordes, porque es un tema que lleva años sin solución. No es una crítica a nadie en particular, porque abarca a muchos municipios y provincias, pero si no se resuelve, empeora. No es la primera toma ni va a ser la última en la medida en que no se avance con soluciones, porque también hay otras problemáticas asociadas a la falta de tierra, vivienda y créditos”, graficó.
En torno a las declaraciones de la secretaria de Desarrollo y Hábitat de la comuna, Alejandra Marcieri, que adjudicó el conflicto a una cuestión “política”, Araujo evaluó que “es un tema político porque es un conflicto social político y la solución de un problema tan profundo como la falta de viviendas requiere de una solución política”.
No obstante descartó que existan sesgos partidarios en el medio, al menos en los grupos que se acercaron a la Defensoría penal. “Si existen grupos partidarios lo desconozco y no me consta que estén incentivando a estas circunstancias”, aseveró.
Por último, Araujo sostuvo que “no sirve quedarse con la experiencia del conflicto penal porque la problemática es otra e intervenir desde un fuero penal no va a resolver absolutamente nada”.
