“Más allá de la apelación, Paula debería ser reincorporada al Anses en los próximos días”, afirmó Santiago Romay

El pasado mes de marzo una seguidilla de despedidos sacudió las oficinas de Anses en la ciudad de Tandil. La primera oleada tuvo dos mujeres que se quedaron sin su empleo y en la segunda fueron otros dos trabajadores los que se notificaron de su despido al no poder fichar en el ingreso al lugar de trabajo. Una de ellas fue María Paula Strada, quién había entrado hacía dos años atrás gracias al cumplimiento de la Ley de Cupo Trans. En las últimas horas, a través de un recurso de amparo que se presentó y al cual la justicia dio a lugar, se ordenó su reincorporación a su puesto laboral.

En ese contexto, el abogado Santiago Romay dialogó con El Eco Multimedios y explicó, sobre la situación de Strada, que habló con los abogados de Apops, que es el sindicato que llevó adelante la medida y sacó la cautelar favorable, y les recomendó que “hicieran fuerza sobre la situación especial que tenía Paula en virtud de ser parte de este colectivo. Un colectivo sumamente vulnerado, al cual la gran mayoría de chicas que ingresan a trabajar a través de este cupo son chicas que es la primera vez que tienen la oportunidad de tener un trabajo en blanco porque la realidad es que no encuentran otra forma de solventar su vida”.

La trabajadora tenía contrato vigente con Anses por un año más, un vínculo que es renovable de forma automática en virtud de la ley. Ahora le toca atravesar una situación por la que también pasaron varios trabajadores de la dependencia del estado años atrás cuando, bajo el gobierno de Mauricio Macri, también se despidió a trabajadores de Anses. Estas cuestiones terminan representando una gran pérdida para el Estado, debido a que cuando son reincorporados, el mismo tiene que pagarle todos los meses que estuvieron sin cobrar el sueldo. El perjuicio es doble: deja al Estado sin trabajadores y genera un costo económico ya que para ser despedidos tienen que tener un sumario previo.

El representante legal de la trabajadora contó que el caso de Strada además tiene una protección extra al ser parte del cupo trans. “Más allá de que ella entra dentro de las generales de la ley en cuanto a ser un trabajador público, tiene esta defensa extra. En virtud de esa defensa extra, el juzgado tomó en consideración esto y sacó una medida cautelar para que se la reincorpore en tres días”, aseguró y luego explicó que el juez adelanta una decisión a los efectos de que no se dañe a la persona que está pidiendo pronunciación judicial. 

Vale destacar que a pesar de salir favorable la medida cautelar con el pedido de reincorporación en el plazo de tres días hábiles, la misma no está firme debido a que puede ser apelada por el Estado. En ese sentido es importante tener en cuenta que toda medida cautelar, cuando es apelada, es concedida al efecto devolutivo y no al doble efecto, devolutivo y suspensivo. Esto significa que la reincorporación de María Paula Strada sigue teniendo efecto más allá de la apelación que pueda presentar el Estado, por lo cual se espera que la trabajadora regrese a su puesto de trabajo en Anses en los próximos días. 

Respecto a la reincorporación efectiva de Strada, el abogado no descartó la posibilidad de que esto no suceda debido a que “es un Estado Nacional muy particular el que tenemos. Es un Estado que no se caracteriza por respetar las formas, ni las normas, ni la constitución, ni nada”. A su vez, indicó que en caso de suceder esto, el Estado puede llegar a sufrir una multa periódica a los efectos de que cumpla la sentencia. “Quiero pensar que los funcionarios que han sido nombrados por este gobierno van a tener un acto mínimo de racionalidad y van a respetar la decisión judicial. La verdad que quiero pensar que sí, pero tampoco tengo tantas esperanzas”, sentenció.

En cuanto a la situación de los otros trabajadores despedidos en Anses a finales del mes de marzo, Romay informó que algunos decidieron no accionar judicialmente y otro grupo decidió ejecutar a través del sindicato. En ese sentido, valoró el trabajo realizado por los abogados del mismo y reconoció que “conociendo la jurisprudencia generada hace ocho años, cuando pasó exactamente lo mismo, lo que nos va a pasar es que estos compañeros van a estar por lo menos dos o tres años sin trabajo y después van a ser reincorporados pagándoles todos estos meses juntos. Van a tener un ahorro forzoso espantoso porque pierden su sueldo, se quedan en la calle. Lamentablemente ese va a ser el camino de los compañeros”.