Madres de jóvenes con adicciones a las drogas reclamaron más políticas públicas en materia de Salud Mental

Un grupo de madres tandilenses de jóvenes con consumo de drogas se sumó esta tarde a la jornada nacional para pedir modificaciones en la Ley de Salud Mental y reclamar que el Estado aumente el presupuesto destinado para abordar esta problemática.

En la ciudad, seis madres se congregaron cerca de las 14 en las puertas del Municipio para entregar el petitorio que contiene nueve puntos, todos vinculados a la necesidad de aumentar los recursos -humanos y económicos- para tratar el consumo problemático de sustancias y trabajar muy fuerte en prevención de la drogadicción. 

Fue el jefe de Gabinete de Secretarios local, Oscar Teruggi, quien finalmente las recibió, escuchó su pedido y se comprometió a elevar las demandas antes las autoridades correspondientes ya que, si bien las eventuales modificaciones de la Ley serán competencia del Congreso Nacional, las mujeres manifestaron otras solicitudes que bien podrían ser abordadas desde el ámbito local. 

Entre otras, expresaron la necesidad de contar con un espacio físico para poder reunirse entre familiares y al menos dialogar sobre este tema que afecta a toda la sociedad. “Podría ser en alguna biblioteca o club”, ejemplificaron.

La jornada nacional de ayer fue organizada por la red @lamadre_marcha -cuya cara más visible es Marina Charpentier, madre del músico de Tan Biónica Santiago “Chano” Moreno Charpentier- e incluyó una marcha hacia el Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires y entregas de petitorios a autoridades en distintos puntos del país.

Como cuestiones centrales, las familias reclaman la declaración la Emergencia Sanitaria en materia de Salud Mental y Adicciones, un aumento del presupuesto destinado al área y asignación de recursos humanos y económicos para multiplicar los lugares de atención, tanto para internación como para atención ambulatoria.

“No funciona que la internación sea voluntaria”

Además, piden que el Congreso de la Nación revise tres artículos de la Ley 26.657 -sancionada en 2010- para que se flexibilicen los criterios para lograr la internación involuntaria de la persona con consumo problemático de sustancias y/o la sanción de una ley específica de Adicciones.

Natalia Gil, integrante de la red que ayer se autoconvocó en distintos puntos del país explicó a El Eco de Tandil que, puntualmente, “hay tres artículos que se quieren evaluar y mejorar: el artículo 4, el 18 y el 20, que hablan de la internación voluntaria, del criterio del paciente al ser internado y de los derechos a una salud pública”.

Verónica Pipo, mamá de una joven con adicción a las drogas, acotó que “el hecho de que sea voluntario no funciona porque el que está con problemática de consumo no registra absolutamente nada”. 

“No registra la peligrosidad de las cosas en las que se mete y no puede pensar como una persona que está integrada a la sociedad. Entonces ocurren todas las cosas terribles que vemos hoy en día”, consideró.

Camila Saldívar, otra madre que participó de la presentación del petitorio, contó parte de su historia personal. “Tengo un hijo que lleva más de 10 años de consumo, ya ha estado internado varias veces, pero como la internación es voluntaria, sale. Él va y viene, y las recaídas son cada vez peores”, dijo a El Eco de Tandil antes de ingresar al edificio municipal. 

“A todo esto –añadió- se suma la delincuencia porque todo esto termina en robos”.

“No termino de conseguir una internación obligatoria; ya lo he pedido en el Juzgado y lo están reviendo”, indicó Saldívar y señaló que, cuando un integrante tiene alguna adicción “toda la familia se desorganiza muchísimo”. 

“Esto enferma a todos; terminamos siendo espectadores de la vida de un adicto”, aseguró la mujer, y reforzó: “terminamos cuidando, persiguiendo y vigilando qué es lo que hace, dónde está, dónde salir a buscarlo los fines de semana, si robó o no”. 

En definitiva -sintetizó- “ningún integrante de la familia puede llevar una vida normal”.

“La adicción está tapada”

A los avatares de hacerse cargo de una persona que atraviesa una problemática de salud mental, se suman la falta de más dispositivos para el tratamiento e internación estatales y los altos costos económicos que, según refirieron las mujeres, conllevan los centros de gestión privada. 

“Son costos altísimos y no garantizan un tratamiento eficaz”, dijo Natalia Gil.

Gil cobró cierta notoriedad pública local cuando en junio pasado realizó un pedido desesperado reclamando un lugar de internación para su hijo, mayor de edad, con consumo problemático de sustancias. 

En ese momento, la mujer relató a este Diario su largo peregrinar por distintos organismos públicos, como el área de Salud Mental del Hospital Municipal “Ramón Santamarina”, el Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) de la ciudad y la Fiscalía, en la búsqueda de la asistencia para su hijo.

Al día de hoy, el joven recibe tratamiento en distintos espacios públicos de la ciudad pero –tal como dijo ayer su mamá- “la adicción no está tratada, está tapada con medicación”.

“Hoy mi hijo está medicado pero la adicción no está tratada. Si mañana le saco la medicación, él va a seguir consumiendo”, consideró Gil, y remarcó que “él está bien, está controlado, no sale a consumir ni a delinquir, pero la adicción en sí está tapada porque no hay un lugar que la trate”.

Otros puntos

En el petitorio entregado hoy, la lamadre_marcha señaló que “como madres preocupadas por la situación crítica que atraviesa la Salud Mental en todo el territorio argentino” la red realiza “un pedido de ayuda urgente para todos los pacientes psiquiátricos y adictos que hoy no obtienen la respuesta adecuada por parte del sistema de salud actual”.

Además de los puntos mencionados, la organización pidió en el escrito “disponer de equipos interdisciplinarios las 24 horas en hospitales y centros de salud, garantizando la presencia de médicos y psiquiatras, entre otras especialidades” y “proveer de una red asistencial de atención domiciliaria en los casos en los que la situación lo requiera”.

También se ocupó de la difusión de la problemática e hizo hincapié en la educación. Por ello, la agrupación solicitó “informar en escuelas, instituciones públicas, hospitales, comisarías y medios de comunicación el listado de profesionales que atienden en cada jurisdicción”, así como también de “capacitar gratuitamente a maestros, profesores, policías, enfermeros, médicos y agentes de salud sobre patología mental y adicciones”.