“Es imposible vivir de esta manera, tienen más derechos los delincuentes que nosotros"

Los vecinos del predio usurpado en Piccirilli al 1000, en el barrio La Movediza, manifestaron su disgusto por la situación y ratificaron que se sienten “desamparados” ante los hechos de inseguridad y violencia con los que conviven a diario desde hace casi nueve meses, sobre todo tras el inesperado giro que tomó estos días la causa judicial con la segunda suspensión del desalojo. 

En comunicación telefónica con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM) Ana, una de las frentistas que vive en la zona adyacente, se refirió a la reciente suspensión provisoria del desahucio y señaló que “estamos muy indignados, es una desilusión terrible y esto es muy injusto”.

Asimismo, recordó que “estos terrenos tienen dueños y  desde el primer momento dijeron que si aparecía el dueño se iban, es todo mentira, están tomando algo que no es de ellos y si hay problemas con la titularidad, como dijeron, lo tiene que resolver el Municipio con el dueño, no son quienes para juzgar eso”. 

En rigor, más de 20 familias se retiraron pacíficamente del macizo hace un mes, reconociendo la legitimidad de los propietarios, que luego de meses de negociación desistieron de conformar un convenio urbanístico con el Estado para dotar las tierras de infraestructura y generar lotes con servicios. Así, frente al inminente desalojo compulsivo, se fueron por sus propios medios para no generar más inconvenientes. 

Complicaciones cotidianas 

No obstante, la mayor parte de las personas que forman parte de la ocupación decidió permanecer en el lugar hasta las últimas consecuencias -son un núcleo de alrededor de 64 agrupamientos- y se generaron algunos roces con los vecinos y la policía. Desde el inicio de la problemática, hubo sectores diferenciados en el predio: quienes optaron por un despliegue pacífico, y otros que se mostraron más intransigentes ante las intervenciones institucionales. 

Por su parte José, otro vecino del área lindante a Piccirilli y Misiones, afirmó: “Es imposible vivir de esta manera”, y graficó que viven con miedo. “El dueño nos preocupa, sí, pero también el tema de la seguridad. Por qué tenemos que tener gente que no conocemos como vecinos, de noche se emborrachan, se apuñalan, no podemos salir a la calle con nuestros hijos, esa es la realidad”, detalló.

A la par, la mujer expuso que pese a la medida cautelar que impedía innovar en el predio, cerca de medio centenar de grupos se instalaron en el lugar y levantaron sus casillas, e inclusive empezaron a construir. En el mismo sentido, enfatizó que se sienten solos y  desamparados ante el accionar de los ocupas, que en diversas ocasiones es violento.  

“El viernes un vecino fue aprehendido por esta gente y lo golpearon, vino la policía pero quedó todo ahí. No podemos dejar solas las casas, ni los perros están tranquilos”, indicó. 

Cuestionamientos

En tanto, el vecino también arremetió contra las dependencias de la Universidad Nacional del Centro –que intervinieron en el proceso de negociación para encontrar una salida pacífica- y del Estado, al cuestionar  la postura de “ceder” espacios que no les pertenecen. En concreto, los actores universitarios y los agentes estatales de los diferentes organismos nacionales, provinciales y locales  que relevaron a los ocupantes y las condiciones de vida en el lugar, se inclinaron por pensar soluciones habitacionales y convocar a toda la dirigencia a tomar decisiones políticas para afrontar la problemática, en un nivel de análisis superior por fuera de la dicotomía usurpación versus propiedad privada. 

Además, apuntó contra el sorpresivo pedido de la Dirección de Acceso al Suelo Urbano de la Nación, que frenó momentáneamente la expulsión por la vía policial, argumentando que el terreno en disputa forma parte del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) y debe ser reconocido como tal.

“Es fácil hablar diciendo que hay que darles algo. Tienen más derechos los delincuentes que nosotros. Lo llaman un barrio popular cuando nosotros compramos nuestros terrenos con esfuerzo. ¿Quién respalda a los vecinos que pagamos nuestros terrenos e impuestos”, inquirió José. 

Enojado, el hombre lanzó que si todos los que están a favor cedieran “un pedacito” del terreno e sus casas, el problema se solucionaría, pero nadie lo hace. “Viene la universidad y dice ‘pobrecitos’, hay que ayudarlos. Que los ayuden, porque es fácil hablar del otro, lo difícil es vivirlo día a día”, cerró.