Los vecinos de La Porteña apelarán la medida judicial que no dio lugar al pedido de detener las fumigaciones
Sobre el final del 2019 la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable demandó a productores por fumigar sobre zonas urbanas. Pidieron que la práctica se detenga cuando sea a una distancia menor de 1500 metros. El juez lo rechazó y ellos decidieron apelar. Creen que hay desconocimiento e ignorancia sobre lo que producen los agrotóxicos.
El juez destimó el pedido de los vecinos de La Porteña de detener las fumigaciones en zona urbana, por considerar que no hay pruebas sobre los efectos y consecuencias. Ante esa determinación, los agrupados en la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable decidieron apelar la medida y hablaron de falta de compromiso y de conocimiento.
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Desde ese grupo, en diciembre de 2019, realizaron una demanda judicial a productores agrícolas del partido de Tandil, cuyas prácticas perjudicarían la salud de los habitantes y del ambiente. La presentación fue realizada en el Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Azul, con asiento en esta ciudad, a cargo del juez Francisco Augusto Blanc.
“Con la intención de lograr de manera inmediata detener estas prácticas nocivas solicitamos al juez que dictamine una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de fumigaciones terrestres que se realicen a una distancia menor de 1500 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas, escuelas rurales, y cursos de agua”, recordó Silvia Gómez, vocera de la Junta.
Además, solicitaron que se ordene la prohibición del tránsito de maquinaria fumigadora, conocida como mosquitos, por caminos y calles de zonas pobladas.
Luego de la feria judicial, el 13 de marzo pasado, recibieron la respuesta del juez, enterándose de que desestimó el pedido de distanciar las fumigaciones de sus casas hasta tanto se produzca prueba que permita conocer de manera certera los efectos y consecuencias que los agroquímicos están produciendo o podrían producir a los actores y demás personas involucradas y /o al medioambiente.
“Desconoce e ignora”
Para los vecinos, el juez ignoró la mayoría del material que le adjuntaron, donde se señalan los daños y enfermedades que causan los venenos utilizados por el modelo agrícola actual. “Desconoce que en todo el país, y en el mundo, se están realizando demandas denunciando consecuencias directas a la salud de niños, de docentes de escuelas rurales, y de población en general; desconoce las muertes y enfermedades a borbotones que derivan de dicho modelo agrícola”, enfatizaron.
Asimismo, indicaron que “Blanc justifica el uso de fitosanitarios, como los llama en la causa, manifestando que solamente se tienen que respetar las buenas prácticas agrícolas en las zonas de amortiguamiento. De esta manera, el juez está ignorando acerca de lo que en verdad son las llamadas buenas prácticas y el fraude de la clasificación toxicológica”, advirtió Gómez, reflejando la indignación de los afectados.
También, aseguró que la determinación tomada indica que desconoce que existe otra manera de producir alimentos, como la producción agroecológica.
Por lo cual, la resolución dictada por Blanc, para la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, simplemente reafirma la ordenanza municipal actual, diferenciándola de tan sólo la eventualidad de avisar cuando van a fumigar cerca y la posibilidad de que designen un ingeniero agrónomo el cual solamente actuaría como veedor ante irregularidades. “Así lo enfrentaría a otro ingeniero agrónomo, el contratado por el campo cultivado, además de que sus honorarios correrían por cuenta de nosotros”, se quejaron.
Apelación
“Este dictamen nos parece una falta de compromiso, siendo que en los últimos años se han dado muchísimas experiencias, hay muchísimos antecedentes de medidas cautelares a favor de la salud, en diferentes localidades”, aseveraron a través de Silvia Gómez, y destacaron que hoy en día hay muchísimos precedentes jurisprudenciales.
Según su apreciación, el juez ratifica las débiles restricciones de la ordenanza actual, y no amplía el efecto de las medidas a todo el universo de las aplicaciones, sino sólo a los demandados. De esta manera, consideraron que no está garantizando la salud de la comunidad de Tandil, “como tampoco lo hace la ordenanza actual municipal”.
Es por esto que revelaron que van a insistir y apelarán la resolución, “porque lo están pidiendo las familias y la naturaleza tambien. El juez está actuando a contra derecho y nuestros abogados elevaran la causa al Juzgado de Apelaciones de Azul para que revean la medida”, informaron.
Finalmente, compartieron una reflexión que deja su postura en claro, totalmente disidente con la de Blanc.
“El juez habla de equilibrio entre la producción y la salud, pero no existe tal equilibrio si se está asperjando venenos por todo nuestro alrededor: a la tierra, a las personas, a los alimentos que comemos. Estamos en un momento crítico, es necesario componer nuevas prácticas agrícolas, que vayan por el mismo sendero que la naturaleza, que la salud, que la vida. No en contra. No nos oponemos a la producción, sólo queremos que la producción de alimentos sea sana, que la gente no enferme por ser fumigada; que no enfermemos por comer comida llena de agrotóxicos, que el aire que respiramos no este envenenado con ellos”, subrayaron.
Advirtieron, así, que es urgente replantear como sociedad qué mundo se quiere seguir construyendo y, que la forma que se elija para producir alimentos será clave para saber si se podrá seguir habitando este planeta.