La toma de terrenos en Piccirilli al 1000, en La Movediza, se encamina a cumplir la segunda semana desde su comienzo. En medio de un conflicto que espera una resolución por parte de la Justicia, y con más familias instaladas en el lugar, el Municipio volvió a fijar su postura frente al tema desde la mirada de la asistencia social y el rol en el proceso judicial.

En ese sentido, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, se pronunció por primera vez públicamente sobre el hecho. Con firmeza en sus declaraciones, garantizó que “ninguno de los vecinos que está en la toma está en situación de calle”, repasó la asistencia social que brindan y apuntó que no hay menores de edad pernoctando en el predio.

En diálogo con el ciclo televisivo “Tandil despierta” (104.1 Tandil FM), también entregó otras definiciones al asegurar que “la usurpación es un delito”, por lo que calificó de “delincuentes” a quienes realizan estas prácticas, a la vez que consideró que “siempre hay cuestiones políticas” detrás de estas acciones.

Por otro lado, y en cuanto al rol del Estado en el conflicto, desde el Ejecutivo ratificaron que se pusieron a disposición en el marco de una causa se inició a partir de la denuncia de un privado, entre las cuales citaron la rápida respuesta a los oficios y el ofrecimiento de las herramientas de asistencia social, “pero no tenemos otra potestad porque se trata de bienes privados”, señalaron desde la Secretaría Legal y Técnica.

“La usurpación es un delito”

En declaraciones televisivas, Marcieri sostuvo que es la cuarta toma de la que participa en su rol como funcionaria, la última fue la de Muñiz y Casacuberta, que también se registró en un año preelectoral. En esa oportunidad, conformaron una mesa de diálogo con actores judiciales y funcionarios provinciales “para que pudieran entender que lo que estaban haciendo es un delito”.

“La usurpación es un delito. Y los que comenten delitos son delincuentes”, sentenció y comparó que, de lo contrario, “las 500 personas que ayudamos con el alquiler estarían avaladas a hacer lo mismo si la necesidad los apremia y no es así”.

-¿Considera que hay cuestiones políticas detrás de una toma?

-Sí, siempre hay cuestiones políticas. Y el que toma ha sido el Polo Obrero. Tenemos registro de la última toma en la que las personas nos indicaron los movimientos políticos que les sugirieron tomar, quedarse y resistir, e incluso dan cuenta de la metodología de resistencia: niños, mujeres y después hombres. Estoy convencida que detrás de una toma hay conducción política partidaria.

“Tomadora serial”

Al abordar la problemática, la funcionaria se refirió al caso de una de las mujeres que formó parte del grupo inicial que se asentó en el predio. Se trata de Victoria, una vecina de Pergamino que hace cinco años vive en Tandil. “Primero ocupó un terreno en Alonso y después un colectivo, que fuimos a asistir rápidamente”, repasó. “No resiste un archivo”, acusó y la definió como “una tomadora serial” en relación a la actitud reiterada por la vecina hasta “encontrar una veta y quedarse con lo ajeno”.

Luego, se enfocó en las distintas ayudas que el Municipio otorgó a la familia, desde recursos para el pago de alquileres, de la luz y provisión de garrafas, y agregó que actualmente recibe asistencia alimentaria en el grupo de extrema vulnerabilidad.

Celeridad y firmeza

Por otro lado, desde la Secretaría de Legal y Técnica, Andrés Curcio repasó ante El Eco Multimedios los detalles del procedimiento, que se inició con una denuncia ante la comisaría Segunda y que dio paso a una causa que tramita la UFI 3, y demandó celeridad a la Justicia para que resuelva sobre el conflicto, respetando las garantías de ambas partes.

“Se necesitan soluciones rápidas, más aún en experiencias como la que se desarrolla en La Movediza”, consideró el funcionario de acuerdo a la dinámica que presenta el lugar y la aparición de nuevas familias. Incluso, se refirió a la existencia de medidas de desalojo preventivas y “que la causa continúe”.

En esa línea, consideró que la demora en la resolución judicial podría estar fundada en la aplicación del protocolo para desalojos, que garanticen que las personas no queden en situación de calle.

No obstante, rechazó el enfoque al señalar que esos protocolos “están pensados para casos de asentamientos o de vulnerabilidad acreditada" y que "acá quizás no es necesario aplicarlos”.

“Si uno escucha a los ciudadanos, van a decir que esperan de los jueces celeridad y firmeza, que apliquen la ley, que estamos acostumbrándonos a flexibilizar todo y que el propietario aguarde las consecuencias”, enfatizó el funcionario, que se quejó de la propuesta para conformar una mesa de diálogo entre las partes.

Y lamentó que, “mientras tanto, hay una persona que tienen sus terrenos ocupados y una toma que se está intensificando”.

Proceso legal

Asimismo, el secretario señaló que el fiscal elevó el pedido para el desalojo compulsivo del predio el viernes pasado. Una semana después “sigue sin hacerse efectivo”, observó y citó el despliegue de protocolos de actuación previos a la medida.

Y contó que el lunes ingresó al Municipio un oficio con carácter de urgente en el que “nos pidieron que ratifiquemos que lo que había presentado el fiscal se correspondía con nuestro registro”. Destacó que ese informe fue respondido en “tiempo record”, ese mismo día.

El predio “tiene dueño, presentó los títulos”, y además “agregamos todos los antecedentes que tenemos en Catastro, en la Dirección de Rentas, que habla de la titularidad dominial”.

En tanto, señaló que el Juzgado de Garantías pide “más elementos” a partir de un nuevo oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat “para que inicien unas entrevistas con la gente del lugar”.

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“La usurpación es un delito y los que cometen delitos son delincuentes”

Así lo dijo la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Marcieri. Desde Legal y Técnica esperan que la Justicia actúe.