La construcción de nuevas viviendas demandará el uso de convenios y normas para generar suelo

El anuncio efectuado este lunes por el diputado provincial por el Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, sobre la construcción de  más de 100 casas financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda, abrió algunos frentes de acción.

Por un lado, el rol del Municipio para articular esta política pública, generar suelo urbano y dotarlo de infraestructura, luego de 19 años de no atender esta demanda.

Por otra parte, se revitaliza el papel de las asociaciones civiles y sindicales que también podrían canalizar soluciones habitacionales, como lo han hecho hasta ahora. 

En diálogo con El Eco de Tandil, Iparraguirre profundizó sobre el tema y sostuvo que, en el marco de los requisitos que el IPV disponga oportunamente en torno al suelo, los servicios, el  registro de beneficiarios  que pueda hacerse y otras condiciones que se estimen pertinentes, el organismo gubernamental financiará la construcción de este centenar de viviendas. 

Primero, deberán finalizarse las 24 casas que restan del complejo urbanístico desarrollado por la asociación civil De Corazón Tandilense y comenzar con las 50 casas en el barrio del Sindicato de Trabajadores.

Concluidas esas etapas, se pretende avanzar con esta propuesta y, además, materializar finalmente la edificación de 40 viviendas sociales en terrenos que el Municipio posee en el barrio Arco Iris, que fueron anticipadas en 2019 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, pero que nunca se concretaron. 

El problema local 

En base a la problemática, el legislador señaló que “cuando el año pasado el Gobernador planteó que la vivienda iba a ser prioridad de gestión para el 2022, tras la pandemia, se refería a esto. Tuve conversaciones que tuve con Kicillof y con  Agustín De Simone, (extitular del IPV y actual ministro provincial de Desarrollo Humano y Hábitat) y puse el foco en la realidad singular de Tandil”.

En este sentido, esgrimió que, si bien el problema del suelo y la vivienda es una tendencia mundial y nacional, la ciudad presenta un perfil distintivo que obliga a pensar en estrategias que contribuyan a reparar este déficit. 

“Traté de  hacer comprender a los funcionarios provinciales que acá es un problema de naturaleza circular que conspira contra la familia trabajadora. El propio desarrollo de la ciudad hizo  que el mercado eleve los valores, a partir de la lógica clásica de la oferta y la demanda. Lo que agravó el problema fue la falta de políticas públicas municipales. Así solamente se intensificó el problema porque se dejó al mercado solo y no se intervino para regular”, explicó.

Además, hizo hincapié en la comprensión por parte del Ejecutivo provincial del problema de emergencia habitacional local y refirió que “lo decimos desde hace años con mucha pena, pero estamos yendo hacia un lugar muy complejo. Cuando el Estado no resuelve el problema, este no desparece ni permanece igual, se agrava”.

Herramientas 

Dentro de los instrumentos que la comuna puede usar para poner a disposición de los ciudadanos lotes a precios accesibles, por fuera de la dialéctica del mercado inmobiliario, está la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, para garantizar la generación de suelo urbano y transparentar la creación de un Banco de Tierras.

La normativa propone diferentes herramientas para dar respuesta a la demanda habitacional encuadradas dentro de instrumentos como la plusvalía, la prescripción adquisitiva, el Banco de Tierras y el Consejo del Hábitat, iniciativas no implementadas hasta el momento.

Al respecto, Iparraguirre recordó que, por fuera de las banderas políticas, el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun –que pertenece a Juntos por el Cambio- “lleva un mandato y medio y ha generado más de 100 lotes con servicios haciendo uso de esta herramienta”. 

Asimismo, reparó en las posibilidades que ofrece el PDT a través de la realización de convenios urbanísticos. “El Plan de Desarrollo Territorial, que data de 2007,  prevé herramientas propias y beneficiosas que quedan sólo en el papel  y no las ve la gente”, ponderó. Estos convenios habilitan al Concejo Deliberante a otorgar indicadores urbanos a macizos privados a cambio de un porcentaje de tierras. 

En dicha línea, en el Presupuesto vigente se incorporó la urbanización de un macizo denominado Predio Carrasco, en la zona de San Souci, bajo esta figura. Aunque el convenio no ingresó aún al cuerpo Legislativo para su análisis y aprobación, Iparraguirre reiteró que “es un ejemplo de esto que pedimos que se haga; hay que resolver el problema y para ello tienen que estar los tres niveles del Estado”.

Barrio Arco Iris y otros 

En tanto, precisó que todavía no habló con la gestión comunal sobre este asunto y que, si bien se cruzó ayer con el intendente Lunghi –que la semana pasada le pidió al gobernador Kicillof recursos para construir viviendas- en una actividad protocolar de la que participó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense no tuvieron oportunidad de generar un intercambio.

“Pero sí me  comprometí cuando me reuní con los funcionarios para que parte de esas famosas 40 viviendas que anunció Vidal después de perder las elecciones, pueda ejecutarlas el Municipio este año. Es bueno  ver a la gestión del doctor Lunghi trabajando en vivienda y se necesita verlo trabajando, para poder completar el barrio el año que viene”, detalló.

Por otro lado, ratificó la fuerte apuesta a articular con la ONG De Corazón Tandilense –del barrio Mujeres sin Techo- para canalizar parte de estas 100 viviendas y confirmó que también se coordinarán acciones con otras organizaciones civiles y sindicales con experiencia  en la materia, bajo las condiciones que el Instituto de la Vivienda considere.