Iparraguirre elevó un proyecto para fomentar el uso agronómico de los residuos tamberos

Enfocado en cumplir con los parámetros ambientales actuales, el diputado nacional del Frente de Todos Rogelio Iparraguirre presentó un proyecto de ley para regular el uso del estiércol y los purines que generan los tambos.

La iniciativa será oficialmente presentada por Iparraguirre esta semana en la exposición Todo Láctea de Santa Fe, peor ya ingresó a la Cámara baja Así, atendiendo además que Tandil es una cuenca lechera de excelencia, la propuesta del legislador pretende crear un régimen que garantice un único sistema de control nacional en la materia. En tal sentido, se procedería a un cambio de paradigma en la disposición final de los desechos, que viraría hacia un modelo más sustentable. No obstante, la normativa también funcionaría para unificar criterios en torno a la problemática, regulada en la actualidad por resoluciones provinciales dispersas.

De este modo, el denominado proyecto de Ley Nacional de Tratamiento y Uso Agronómico del Estiércol y los Purines de Tambo, apunta a “fomentar, incentivar, difundir e implementar sistemas de tratamiento y uso agronómico de estiércol y purines resultantes del proceso productivo de los establecimientos de leche de vaca (tambo) y/o masa para mozzarella”.

En esta línea, el texto puntualiza que el estiércol se clasifica como “aquellos residuos sólidos con más de 10 por ciento de materia seca formado principalmente por las excretas de las vacas, restos de paja y barro”.

Por otro lado, los purines se ajustan al criterio de “residuos líquidos con menos de 10 por ciento de materia sólida formados por las excretas de las vacas, el agua y restos de detergentes y alimentos”.

Si se tiene en cuenta que los purines son materiales carbonados de origen animal que cuando se utilizan como abono su función principal es la de aportar nutrientes para las plantas, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, la utilización de esta materia orgánica traería muchos beneficios al ambiente y la producción.

Los detalles

Con miras al futuro y la expansión de la actividad lechera, el texto establece tres escalas para las unidades productivas: hasta 100 vacas en ordeñe en la categoría 1; entre 101 y 500 vacas en la categoría 2; y más de 500 animales  en ordeñe en la categoría 3.

Asimismo, el proyecto hace la salvedad de que los tambos contemplados en el nivel 1 “no estarán alcanzados por las obligaciones establecidas en la presente ley, pero en caso de adherir voluntariamente, estarán obligados por las disposiciones que establece la presente ley para el resto de las categorías”.

En tanto, una de las modificaciones que introduce la propuesta es que una vez puesta en marcha la “Guía de Prácticas Sustentables” que indica la Ley, habrá un plazo de un año y medio para que todas las unidades productivas se adapten al esquema. En concreto, la normativa  marca que “no podrán existir tambos con más de 100 vacas en ordeñe que no cuenten con un sistema de tratamiento de estiércol y purines aprobados por la autoridad de aplicación”.

Además, la iniciativa  prevé que se cree el Registro Nacional de Productores Sustentables en el ámbito del Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).

En este marco, se debería diseñar e implementar el “Sello de Calidad Ambiental” y “elaborar el plan federal de capacitación en sistemas de tratamiento y uso agronómico”.

Beneficios y sanciones 

El paquete de medidas que organiza el proyecto también busca otorgar utilidades a los productores tamberos que cumplan con lo normado y accedan de esta manera a beneficios en el pago del Impuesto a las Ganancias, y en inversiones realizadas en bienes muebles e inmuebles que estén vinculados a la puesta en práctica de esta actividad. Asimismo, contempla la generación de un programa de crédito a tasa subsidiada para  facilitar la compra de equipamiento.

En cuanto a las sanciones, el marco legislativo fija multas a quienes incumplan con el régimen basándose en el precio del  litro de combustible al momento de la punición.  

Por último, se establece  que para la obtención del sello de calidad las empresas lácteas deberán acreditar que el 75 por ciento  de la leche que procesan proviene de unidades productivas incluidas en el Registro Nacional de Productores Lácteos Sustentables.