Frente al Municipio, la UTEP reforzó el reclamo por el acceso a los servicios en los barrios

En el marco de “un día de lucha y visibilización” vecinos de diferentes barrios y referentes de las organizaciones sociales que se nuclean en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunieron frente al Municipio, con el ferviente pedido por garantizar la reforma de la Ley de Barrios Populares.

En ese mismo encuentro, hicieron entrega de un petitorio por las demoras en carpetas de proyectos de integración socio urbana, dirigido al secretario de Obras Públicas Luciano Lafosse. 

En ese contexto, el referente del principal bloque opositor al oficialismo, Juan Arrizabalaga, dialogó con esta Redacción y manifestó los argumentos de la manifestación. “Estamos en una jornada nacional, que tiene que ver con la reforma de los barrios populares, algo muy importante que los movimientos sociales lograron en Argentina”, explicó.

Para profundizar en el reclamo expuesto, el concejal explicó que “esto tiene que ver con lograr el certificado de vivienda familiar, la consolidación de donde están viviendo, el reconocimiento de derechos y la llegada de obras, por lo cual se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Nación, que financia obras en los barrios populares.

El edil apuntó que esta financiación destinada a infraestructura en los barrios “es básicamente para la llegada del agua, las cloacas, la conexión segura de electricidad en viviendas que no la tienen, que están en una situación de vulnerabilidad” y lo comparó con "lo fue el programa Mi Pieza, con la llegada de recursos para mejoramiento de viviendas”. 

De lo urgente a lo importante

El concejal resaltó la importancia del trabajo colectivo que llevan desde las cooperativas “en este sentido”, pero resaltó que para poder seguir avanzando, “necesitamos algunas carpetas que son proyectos que extienden las redes en algunos barrios para que después se puedan hacer las obras intradomiciliarias que hacen las cooperativas en las viviendas”. 

Haciendo hincapié en la viabilidad del avance que exigen, Arrizabalaga destacó que “necesitamos extender algunas redes, hay proyectos más grandes y otros son algunos tramos”, y describió que “son cinco carpetas de cinco barrios, de Unión, donde ya se hicieron parte de las obras, pero se necesita extender esa red, en Villa Gaucho, en Los Charitos, en La Movediza y en La Movediza II”.

“Esos recursos están garantizados por la SISU”, afirmó el concejal y añadió que “además hemos hecho gestiones políticas para garantizar la llegada de los mismos. Pero hay dos proyectos que están a la firma de parte del Municipio, que son millonarios, para que el barrio La Movediza II tenga agua, Los Charitos también, y pasa el tiempo y eso no avanza; junto con otras tres carpetas pequeñas que están en formación y que lamentablemente, tampoco se avanza en el tiempo que la gente necesita para poder acceder a estos servicios”. 

“Necesitamos diligencia”

Arrizabalaga repasó los motivos por los que se manifestaron frente al Municipio. “Lo que vinimos a reclamar en esta jornada que es nacional, es lo específico de Tandil, para que cientos de hogares de la ciudad puedan acceder a estos servicios básicos”, aclaró.

En paralelo, el concejal destacó que es una oportunidad extraordinaria para el Municipio y argumentó: “Porque es plata que baja de Nación y se gestiona a través de las organizaciones”.

Continuando con el reclamo, Arrizabalaga profundizó en las demandas que urgen en los barrios. “Lo que necesitamos es agilidad, sentido de la urgencia por las condiciones básicas de vida de las personas, por parte de los funcionarios municipales, específicamente de la Secretaría de Obras Públicas, con quienes ya nos hemos juntado, hemos coordinado, les hemos aportado información, las cooperativas lo han hecho”, dijo.

Finalmente, el también dirigente de Patria Grande aseguró con énfasis que “lo que necesitamos es diligencia, sentido de la urgencia en la gestión pública, para que cientos de familias de Tandil puedan obtener sus derechos, que hoy no tienen, ni acceden a condiciones básicas de vida digna”. 

Voluntad política

En diálogo con este Diario, la referente de la cooperativa de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Paula Alonso Torres, compartió algunos detalles sobre la reforma normativa. “La ley que fue sancionada a fines de 2018, es una herramienta fundamental para el desarrollo de las políticas públicas orientadas a la integración socio urbana de los barrios populares”, destacó.

Al mismo tiempo, adhiriendo a las palabras de Arrizabalaga, agregó que “nos concentramos no sólo para defender esta ley, sino también para visibilizar las condiciones de nuestros barrios populares en todo el país, con las mismas características en cuanto al acceso efectivo a servicios básicos”.

Paralelamente, la referente del movimiento concentrado frente el Municipio subrayó que la jornada de ayer “fue con el objetivo de alcanzar un petitorio al secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, que se comprometió este año con los barrios y con las organizaciones sociales a presentar cinco carpetas a la SISU, para la extensión de los servicios básicos a los barrios anteriormente mencionados”. 

Para concluir, Alonso expresó que “entendemos que obras como las que exigimos contemplan recursos importantes, que la SISU financia de modo total en estos proyectos” y destacó que “es en este sentido que la voluntad política de presentar las carpetas, parece ser la única condición que habilita o demora el avance para construir mejores condiciones de vida para las comunidades en los barrios. Esperamos que esta voluntad siga en pie, y que avance a un Tandil sin desigualdades”.

Los principales puntos de la Ley 27.453

1- Declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de los barrios populares incluidos en el Decreto 880/21, a los fines de establecer un pie de igualdad en todos los barrios a nivel nacional, mediante la actualización del anexo de la Ley, los barrios pasaron de 4.416 a 5.687.

2- Prorrogar la suspensión de los desalojos, como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, por el plazo que dure la declaración de utilidad pública, diez años. 

3- Declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en ReNaBaP, por el plazo de dos años, a los fines de agilizar los procesos administrativos. 

4- Fortalecer las herramientas para el acceso a los servicios públicos, garantizando la soportabilidad a través de una tarifa social adecuada, que se aplique automáticamente en todos los barrios incluidos en el ReNaBaP. 

5- Incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.