"En salud mental hay que apuntar a la prevención, la internación nunca puede ser el espacio principal"

Los consumos problemáticos están a la orden del día y los dispositivos de abordaje encargados de dar respuesta deben hacerlo con celeridad, de manera integral y articulada. En este marco, desde el Centro Provincial de Atención (CPA) apuntan a la promoción y prevención de la salud en el nivel primario para contener la demanda, que se triplicó en los últimos tres años. 

En esta línea, hace unas semanas un grupo de madres de jóvenes en esta situación impulsó un reclamo con un petitorio que incluyó nueve puntos, que se replicó a nivel nacional con consignas impulsadas por la agrupación La Madre Marcha. En el arco de demandas, exigieron la declaración la emergencia sanitaria en materia de salud mental y adicciones, y un aumento del presupuesto destinado al área para multiplicar los lugares de atención.

En respuesta, en una entrevista concedida a este medio, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Luciano Grasso, se mostró en sintonía con el planteo y aseguró que las demandas serían cubiertas si se implementara la Ley de Salud Mental. Además, habló de dificultades para articular con Nación y Provincia la asignación de espacios para internación. 

Internaciones 

En diálogo con El Eco de Tandil, el director del CPA Tandil, Lucio Angeloni, remarcó en primera instancia que “el espacio principal para salir de una situación de consumo no puede ser una internación; la internación puede ser parte del proceso, pero no puede ser el espacio principal”. 

Atendiendo que se trata de un tema muy sensible para las familias, refirió que un dispositivo de internación debe ser utilizado como el último recurso y no como una herramienta general. Es decir, una internación no garantiza que se mejore la calidad de vida del paciente y es preciso poner en tensión el paradigma de encierro. “Hace décadas se alojaba en manicomios a personas con situación de consumo o con un padecimiento mental más grave, del orden de lo psiquiátrico, y esto no ha generado que esas personas puedan salir de una situación así si están aisladas en un lugar de encierro. Desde el CPA trabajamos con la voluntad de la persona, no somos un centro de reclusión e internación”, expuso. 

Consultado acerca de los casos que requieren internación por sus características, Angeloni especificó que la Provincia cuenta con unidades residenciales en Punta Alta, Mar del Plata y La Plata, dispositivos pensados para casos más agudos, que además de un consumo problemático acarrean violencia o cuestiones ligadas a la psiquiatría en sí. 

“Hay un cuello de botella en cómo se trabaja eso. Proponemos hacerlo no solamente desde el ámbito de salud, sino desde distintos sectores para entender al ser humano en toda su integralidad. Muchas personas quedaron solas en la pandemia y esto devino en diferentes problemas, por eso hay ofrecer otras instancias y creo que el trabajo en los barrios es importante. La situación de la persona es integral y esa es la visión que tenemos”, valoró. 

Ley de Salud Mental

En este punto, Angeloni retomó la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), que en 2010 fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras del Poder Legislativo nacional y con amplia participación de las organizaciones de la comunidad, que favorece la externación y reinserción de pacientes, en tanto también aboga por un modelo de abordaje interdisciplinario e integral.

En tal sentido, recordó que el actual vicepresidente del SISP, Luciano Grasso fue entre 2017 y 2019 director nacional de Salud Mental y Adicciones, y no implementó políticas públicas en la materia. En alusión a las declaraciones de Grasso, arremetió que “después de años de vaciamiento, que salga un funcionario que ha estado en la máxima gestión en salud mental y que no implementó ni el 0,5 por ciento de lo que la ley mandaba, creo que hay un aprovechamiento feo y no es el momento para hacerlo”. 

Además, señaló que “la Provincia lo que ha hecho ahora es externar a la mitad de la población de los manicomios, dentro del marco de la ley que nació en 2010 en clave de derechos, aggiornada a un mundo donde las personas merecen y deben vivir en comunidad”, y aclaró que “no está prohibida la internación”. 

“De 2015 a 2019 no ha habido un puesta en marcha de implementación plena de la ley porque los procesos de exnternación son complejos y  necesitan mucha inversión. Los gobiernos locales tienen que hacerse cargo de esta situación”, reseñó. 

El abordaje del CPA

El CPA aborda tratamientos ambulatorios en el primer nivel de atención y trabaja con espacios grupales y familiares, conectando diversas áreas de intervención como la psicología, el trabajo social y la educación, entre otras. 

Con un equipo interdisciplinario y formado especificamente, el de Tandil es uno de los centros más robustecidos de la provincia. En la actualidad, el CPA local atiende a 850 pacientes; hasta 2020 la cifra era de 250 personas. Asimismo, se duplicó el equipo de profesionales y el organismo pasó de 17 a 34 trabajadores, con dos extensiones territoriales.

La entidad tiene dos extensiones territoriales desde 2020, en La Movediza y Las Tunitas, que se implementaron a partir de un diagnóstico barrial. Angeloni destacó que “hay que hablar con los vecinos y saber que la ciudad no escapa a lo que pasa en el país, los consumos y los sufrimientos mentales están a la orden del día, y después de la pandemia resurgieron situaciones vinculadas a la salud mental”.

El concepto de comunidad aquí aparece como una clave para mirar la problemática, articulando todos los niveles del Estado a partir de una batería de políticas que vaya en línea con la implementación plena de la Ley de Salud Mental.

En consecuencia, detalló que el organismo bonaerense reforzó el primer nivel de atención de la salud, con la promoción, prevención y asistencia en situación de consultorio, junto a los espacios territoriales vinculados a la comunidad. De esta forma, ofrecen tratamientos ambulatorios a pacientes con y sin obra social. 

“Siempre hemos hablado de que es una tarea mancomunada. Necesitamos que los 14 centros de salud que tiene la ciudad puedan atender de manera preventiva y no apagando incendios”, sostuvo. 

En esta dirección, ponderó que la guardia activa en salud mental que funciona desde marzo en el Hospital Santamarina y el Hospital de Niños contiene la emergencia pero no interviene con premura en los casos, sólo lo hace cuando estalla una crisis. 

A la par, los turnos de atención en el nivel comunitario tienen que darse en un máximo de tres días para que el contexto no se agrave, ni se diluya la voluntad de la persona. “Que la manta no nos destape los pies, porque aunque haya una guardia activa no hay que dejar de lado la promoción y prevención.  Absorbemos mucha demanda, nuestra atención se ha triplicado y está a la orden del día”, enfatizó.

También resaltó que los abordajes deben efectuarse teniendo en cuenta la voluntad de la persona: “Cuando una persona da ese paso de poder decir que tiene algún consumo, depresión o angustia es un paso muy importante, porque hay quienes conviven con esto toda la vida. El Estado tiene que estar y accionar rápido”. 

Un problema social

En una sociedad de consumo y estímulos constantes, se vuelve necesario reflexionar dónde están las condiciones de encuentro y cómo se trata a quienes no encajan con el ideal social. La temática no puede ser entendida como una problemática individual, sino que deben abordarse asimismo las condiciones de existencia que permiten que las adicciones emerjan. 

Desde una perspectiva capacitista, los adultos mayores, las personas con discapacidad, quienes tienen algún padecimiento mental y las personas inmersas en un consumo problemático son de alguna manera relegadas, porque su lógica no se ajusta al rinde productivo que exige el ritmo moderno y porque necesitan de cuidados permanentes. 

Al respecto, el funcionario explicó que desde el campo de la salud mental provincial se trabaja con un enfoque integral y analizó que “el mundo en el que vivimos hoy nos dice que necesitamos del consumo para ser felices, entonces sacamos a la persona del centro para acceder al goce y al deseo rápidamente, hay que revertir esto dando posibilidades”. 

Barreras de acceso 

Bajo esta perspectiva, desde el CPA ampliaron el acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables e incorporaron más mujeres a los dispositivos de atención, que antes no llegaban a estos espacios.  Según la estadística, históricamente el 75 por ciento de los pacientes eran varones y ahora se busca equilibrar esta tendencia, fundamentalmente para poder contener a mujeres atravesadas por la violencia e insertas en un sistema de consumo, a las que barreras para acceder a la salud pública municipal expulsaban.

“Los abordajes tienen que estar acompañados de políticas locales, no hay política local de difusión de nada y es muy difícil trabajar así. Si no trabajan los dos niveles de estado juntos, vas a un centro de salud y es imposible canalizar la demanda”, cuestionó. 

En este aspecto, se suma la frágil situación de los centros de salud comunitaria de la comuna, atravesados por la falta de profesionales y los reclamos de los trabajadores para obtener mejores condiciones laborales, en medio de una coyuntura compleja y desbordada.  

Judicialización 

Por otra parte, se refirió a la situación de los pacientes judicializados (personas que son internadas por orden judicial tras una denuncia) y observó que penalizar una afección mental no es el mejor camino. En tanto, consideró que las familias en su desesperación se acercan a la Justicia y ahí se activa un proceso legal que muchas veces entorpece el tratamiento adecuado. A tales fines es impresionable, una vez más, articular esfuerzos y armar redes, y en ese encuadre trabajan desde el CPA con los actores judiciales de la ciudad.  

“Nos reunirnos con el juzgado para evaluar lo cualitativo y desde ahí les informan de nuestra atención, ofreciendo redes de ayuda. Hay muchas madres angustiadas porque no pueden tener a sus hijos o porque están en peligro y hay cuestiones que se judicializan si es inminente el daño a sí mismo o a los demás, ahí tiene que actuar la Justicia. Si la familia tiene recursos para pagar un espacio de tratamiento lo puede hacer también. Pero todo esto no quita que debe haber un cambio en todas las esferas”, describió. 

En sintonía, explicó que ante la situación de una persona desestabilizada –consumo, pérdida de conciencia o un brote- en la vía pública o cualquier espacio, hay que llamar al 107 porque de acuerdo al protocolo activo, el Servicio de Emergencias es el que define si el cuadro necesita de acompañamiento policial.

Contacto 

Por más información, se puede consultar a través de las redes sociales del CPA Tandil, tanto en Facebook o en Instagram, acercarse al Centro Provincial de Atención en Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública, en Pellegrini 886, comunicarse al 444-3168 o enviar un correo a cpatandil@yahoo.com.