El Municipio cuestionó que deba entregar materiales para la construcción a los ocupantes de la toma

Desde el Municipio tomaron con “gran sorpresa” la decisión de la Justicia de ordenar que se abastezca nuevamente de agua y luz a los habitantes del predio tomado en el barrio La Movediza y cuestionaron la posibilidad de que la Comuna deba hacer entrega de materiales para la construcción a los ocupantes del predio de Piccirilli al 1100, ya que “están en una situación de ilegalidad”, indicaron.

Puntualmente, fue la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, Juliana Teerink, quien ayer manifestó que “fue una gran sorpresa” la disposición del titular del Juzgado de Garantías 1, José Alberto Moragas, que deja sin efecto la prohibición de autorizar nuevas conexiones de suministro de energía eléctrica dentro de las viviendas emplazadas en el macizo y que, al mismo tiempo, autoriza a los ocupantes del terreno a ingresar materiales y elementos aptos para calefaccionar los ambientes, tales como garrafas con pantallas, entre otros.

“Nosotros veníamos conversando en otra línea de intervención para poder ir resolviendo de la manera más pacífica posible toda esta cuestión, pero nos sorprende absolutamente esta disposición judicial y nos cambia la forma de atención como Secretaría de Desarrollo Humano y también como gestión en términos de gobierno”, dijo ayer Teerink en diálogo con “La Mañana de El Eco”, por ECO TV y la 104.1 FM.

La funcionaria consideró que el reciente fallecimiento de Genaro, un habitante de la toma de alrededor de 40 años que se encontraba muy desmejorado tras una larga internación por neumonía, “es algo que ha hecho tracción para que desde la Defensoría se pueda insistir en este recupero del servicio de electricidad”.

Sobre el hombre fallecido, la secretaria de Desarrollo Humano dijo que “entiendo que tuvo las condiciones clínicas para haber sido dado de alta y que obviamente la condición habitacional ha perjudicado su situación, cuyo desenlace no es grato para nadie, por supuesto”.

Consultada acerca de la posibilidad de que, de ahora en más, la Comuna y la Usina deban rehabilitar el servicio de energía eléctrica en la toma y proveer además de materiales para la construcción de las viviendas que lo soliciten, Teerink declaró que “nosotros como Municipio, legalmente, no podemos ser parte de la conexión precaria de luz, por ejemplo, ni de la entrega de materiales, como se dice en el oficio”.

En ese marco, explicó que “el ingreso de materiales, como se realizó hasta el momento, no fue desde el Municipio; cada particular llevó sus materiales”.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de los bienes públicos y no podemos otorgar materiales a una situación de ilegalidad; no lo hemos hecho nunca”, aclaró, aunque reconoció que “una disposición judicial puede exponerte a tener que tomar otra medida al respecto”.

Al referirse a la postura a tomar por la gestión local, la funcionaria comentó que “entiendo que se está trabajando en la apelación de la medida”.

“El compromiso mayor queda en la Usina, que está evaluando cómo responder ante esta determinación judicial en términos de si se vuelve a bajar, o no, el servicio de energía eléctrica en el predio”, aseguró. 

“Es una situación de ilegalidad”

A través del Programa de Mejoramiento de Viviendas (Promev) el Estado local brinda asistencia técnica y materiales a los solicitantes que cumplan con una serie de requisitos; entre ellos, acreditar la propiedad del inmueble.

Ahora, tras la reciente resolución de Moragas, “nosotros quedamos comprometidos como Municipio a la posibilidad, en caso de tener esa demanda y nosotros considerar que el criterio es válido, de otorgar algún tipo de material para reparar alguna vivienda”, expresó Teerink.

De todas maneras –esclareció- “no tiene que ser una situación de toma”.

En el caso de un predio ocupado –amplió- “tenemos aún mayores restricciones porque están en una situación de ilegalidad; por ende nosotros no podemos sumarnos a esa situación, más allá de que la discusión tenga que ver con el déficit habitacional”. 

Sobre la atención brindada por la Comuna a las demandas de los ocupantes del predio ubicado en La Movediza, la funcionaria destacó que “por supuesto nunca hubo una negativa en la intervención de la particularidad de los casos que estaban en esta situación” como, por ejemplo, en lo relativo a “si hubiese alguna vulneración de algún derecho de niños”.

“Tenemos la apertura como para trabajar cada situación de manera particular; no atendemos estas situaciones ni ninguna otra en términos de grupo, sino que atendemos la particularidad porque cada una de las situaciones tiene la posibilidad de ser abordada desde diferentes aristas”, indicó.

Y contó que “esto, hoy por hoy, eso no se está dando porque no hemos tenido la demanda de quienes están en el predio de poder brindar algún tipo de asistencia o acompañamiento”.

En diálogo con El Eco Multimedios, Teerink dijo además que, al inicio de la toma –que comenzó en febrero de 2023- el Municipio intervino de forma directa con sus ocupantes, dialogando y brindando asistencia en diversos sentidos. 

“Entendemos que la gran mayoría de ellos ya no están siendo parte de esta ocupación”, sostuvo la directora del área social de Tandil y recordó que “de hecho, con muchas de estas familias pudimos tener un abordaje particular, donde los acompañamos con diferentes programas que manejamos como Municipio. E inclusive pudimos acompañar a algunos de ellos en algunas gestiones que hicieron a la inserción laboral”. 

Con ese grupo inicial –destacó Teerink- “había otro diálogo, otra disposición y había otra intención también al momento de la toma”.

“Algunos tienen obra social”

Desde el inicio de la ocupación del predio que es propiedad de vecino Daniel Alberto Moauro hubo marchas y contramarchas en la Justicia, e incluso intervinieron el Estado nacional y el provincial.

En la actualidad se estima que son entre 80 y 100 las familias que viven en ese terreno -“eso implica triplicar o cuadruplicar el número en términos de cantidad de personas”, dijo Teerink- aunque reconoció que la Comuna no ha tenido la posibilidad de recabar datos concretos de los actuales ocupantes. La información con la que cuenta es la que comparte la trabajadora social de la Defensoría Oficial que sí tiene acceso a hablar con algunos referentes de la toma. 

“Hay varias familias con niños, y todos estos niños estarían escolarizados”, sostuvo ayer Teerink y aseguró que “están atendidas” las problemáticas de salud de esa población y también que “por supuesto está garantizada la asistencia alimentaria en el caso de que la requieran”.

“Algunos de ellos tienen hasta obra social y se atienden en espacios privados”, comentó la directora y señaló que “tampoco tenemos certeza de quiénes son las personas que están ahí”. 

“Es información que los propios ocupantes no quieren dar”, señaló. 

Finamente dijo que “hay un recambio importante de personas que están en esta ocupación. Hay inclusive lista de espera para aquel que se va: deja un lugar e ingresa otro”. Y se mostró convencida de que “hay una organización ahí, esto no es ingenuo ni improvisado; hoy la toma tiene otra mirada en la organización”. 

De todas maneras señaló que “no tenemos la certeza o el conocimiento de que haya algún movimiento o alguna persona con nombre y apellido que esté coordinando todo; eso no ha salido a la luz”. 

“Siempre son versiones pero no podemos manejarnos a través de versiones”, concluyó.