Dictaron la clausura parcial del geriátrico donde se denunció un presunto abuso

Mientras avanza la causa penal que se inició por la denuncia presentada por un residente que habría captado lo sucedido en una residencia de adultos mayores, la Provincia tomó intervención tras recibir un informe sobre las actuaciones judiciales realizadas hasta el momento y el detalle del acompañamiento brindado por parte de las distintas áreas de la comuna.

Ayer por la mañana, un grupo de inspectores Dirección de Fiscalización Sanitaria bonaerense llegó a esta ciudad y recorrió las instalaciones del hogar donde habría sucedido el hecho.

Los agentes estuvieron acompañados por la directora de Adultos Mayores y Discapacidad del Municipio Lucía González y por personal de la Dirección de Inspección General y Habilitaciones de la comuna.

Tras el relevamiento de las instalaciones de Chacabuco al 200, los inspectores provinciales determinaron la clausura parcial del lugar. Según fuentes consultadas, esto implica una medida de no innovar, es decir, que no tendrán permitida la incorporación de nuevos residentes. Por lo tanto, deberán mantener la atención y cuidado a los adultos mayores que ya viven en el hogar.

De acuerdo a los resultados de la inspección, los agentes de Fiscalización Sanitaria determinaron que no había criterio de clausura en función de lo que establece la ley provincial 14.263, que regula el funcionamiento de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada, con o sin fines de lucro en todo el territorio bonaerense, y sus indicadores.

De todos modos, el personal realizó “observaciones” a partir de algunos aspectos detectados, como la falta de las historias clínicas, que fueron llevadas por el fiscal en el marco de la investigación en curso. Entonces, hasta tanto “se acomoden internamente y presenten todo”, se indicó una clausura preventiva que determina que no podrán ingresar nuevos residentes. 

Los que quedaron alojados en el establecimiento, se encuentran “bien” y contenidos, “con el apoyo familiar”, según lo indicado a este Diario.

En simultáneo, avanzará la causa a partir de la denuncia presentada el viernes pasado por uno de los hombres que se encontraba alojado en el lugar. Como medida preventiva, la Justicia determinó la exclusión del hogar del hombre denunciado –que colaboraba con el funcionamiento del lugar- y una restricción de acercamiento. 

El caso

Como se informó en estas páginas, el viernes pasado, la Justicia tomó intervención a partir de la denuncia presentada por un hombre que dijo ser testigo de un presunto abuso que sufrió una mujer que se encontraba alojada en un geriátrico de la ciudad.

La presentación estuvo a cargo de un residente que acompañó sus dichos con una serie de videos que habrían captado la conducta inapropiada contra una de las residentes del establecimiento ubicado en Chacabuco al 200.

El hogar de residencia Los Cedros, habilitado por Provincia, fue allanado ese mismo día por disposición judicial, procedimiento que procuró recopilar pruebas tendientes a acreditar los dichos del denunciante. 

Por el caso, intervinieron distintas áreas municipales, principalmente en la Dirección de Adultos Mayores y Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, que recepcionó primigeniamente la acusación y acompañó al denunciante a declarar en la sede judicial.

Hasta aquí, se supo que la fiscalía ordenó distintas diligencias en procura de sumar elementos que permitan acreditar la denuncia recibida por un hombre que, según trascendió, era residente en el geriátrico y que, al advertir actitudes sospechosas del hombre señalado, captó con su celular imágenes que quedaron en poder de la fiscalía.

Sobre el sospechado, un hombre de 74 años que colaboraba con el funcionamiento interno del geriátrico, la Justicia dispuso la exclusión del lugar como la restricción de acercamiento, hasta se defina su situación procesal.

Accionar del Municipio

El Municipio tomó contacto con el caso cuando uno de los residentes del lugar -a quien además brindan asistencia desde el área de discapacidad- se acercó a la dependencia comunal que funciona en Del Valle 757 a exponer la situación que había presenciado en la residencia.

En una rápida respuesta, una trabajadora social acompañó al hombre a la sede judicial para que pueda hacer la denuncia ante la UFI de turno, a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza. El procedimiento ocurrió el mismo viernes. 

En el transcurso de la jornada, se implementaron las medidas correspondientes, tanto judiciales como de acompañamiento a quienes allí residen. Personal del área que dirige González se hizo presente en el lugar junto con Bromatología e Inspección General y Habilitaciones, y también se sumó el doctor Tomás Baliña, director de Atención Primaria de la Salud del Sistema Integrado de Salud Pública, en cumplimiento con un requerimiento realizado por los actores judiciales.

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Por El Eco de Tandil

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