Diputados bonaerenses aprobaron proyecto de indemnizaciones laborales

La Cámara de Diputados bonaerense este miércoles dio media sanción al proyecto de ley de la legisladora de La Cámpora Maite Alvado que pretende modificar la tasa de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral, con el objetivo de que, al momento de que los trabajadores cobren la indemnización, el monto no quede pulverizado por la inflación.

La iniciativa impulsada por el bloque de diputados de Unión por la Patria para equiparar las indemnizaciones laborales con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como estaba cantado, cosechó el respaldo de los libertarios acuerdistas de Sergio Cuervo y Constanza Moragues, que ya habían votado a favor durante el debate en comisiones, y de los dos legisladores de izquierda, número que alcanzó para llegar a la mayoría simple.

A contramano, las bancadas del PRO, de la Coalición Cívica y de La Libertad Avanza, junto a los monobloques Libre y BA Libre, rechazaron el avance de la propuesta parlamentaria al alegar que la modificación del artículo 48 de la ley N°11.653 ya fue declarada inconstitucional por la Justicia, al en considerar que era una materia de derecho común cuya regulación es competencia exclusiva del Congreso de la Nación. En una posición intermedia quedaron los dos bloques radicales que se abstuvieron al momento de la votación.

En tanto, el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense, reemplaza la tasa activa con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) reglamentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), más una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el pago efectivo.

Voces

Durante la sesión, la coautora del proyecto, la diputada kirchnerista Soledad Alonso valoró que su normativa sobre indemnizaciones laborales haya tenido el apoyo del ministro de Trabajo, Walter Correa, y de gremios como Satsaid, Smata, la CGT y las dos CTA, al tiempo que consideró que la iniciativa trae “justicia y sentido común” a las disputas entre trabajadores y empresarios.

“A la única persona que le sirve la mal llamada ‘industria del juicio’ es a los empresarios. Al momento de que a uno lo despiden, el abogado laboralista termina aconsejando que termine aceptando el arreglo debido a las demoras de los plazos de los juicios laborales”, se lamentó Alonso y agregó: “Durante los 4 o 5 años que el empresario no pagó, puede poner ese dinero en una tasa activa y después saca esa plata que le había dado rédito económico para pagarle al trabajador en tasa pasiva. El empresario pudo capitalizar un gran interés”.

Por su parte, el diputado del PRO Martín Endere coincidió en el argumento opositor acerca de la “inconstitucionalidad” del proyecto sobre indemnizaciones laborales: “Es importante traer a colación el antecedente de la ley 14.399 de 2012 en el que se trató la modificación del artículo 48 de la ley de procedimiento laboral. Allí se estableció la tasa activa como factor de actualización de los créditos laborales. Dicha ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2013”.

“No ha cambiado una situación jurídica que haga que esta ley no termine siendo inconstitucional. Entendemos que la voluntad es modificar una situación en la que se venían deteriorando los créditos laborales de los trabajadores, pero la iniciativa genera el efecto contrario al que se busca, que es la dilación de los procesos por su carácter de inconstitucional. Las soluciones a la problemática de la aplicación de la tasa pasiva en las indemnizaciones están en mano del Congreso Nacional”, puntualizó Endere.

El bloque de La Libertad Avanza también rechazó la propuesta camporista. El encargado de comunicar los fundamentos del voto negativo fue el legislador Juan José Esper: “Por un lado, entendemos compete a la legislación general y por el lado económico tenemos una gran ventaja en la Argentina, que es la experiencia de los últimos 20 años. El Estado presente, garantizador de derechos ya ha sido probado y trajo resultados son bastantes negativos”.

“En términos de empleo, debemos tener en claro que tenemos trabajadores formales asalariados pobres y una informalidad de más de 15%, donde no se crea empleo privado. En la provincia, el que emplea a una persona es un héroe. La alta tasa impositiva y la litigiosidad laboral son muy elevadas. Desde nuestro bloque pensamos que el primer paso es sacarle el pie de encima a los que dan trabajo en Argentina”, sentenció Esper.

Otro de los diputados que votó en contra del proyecto sobre indemnizaciones laborales fue el monobloquista liberal Guillermo Castello, quien cuestionó a la iniciativa de Alvado ya que consideró que es “letal” tanto para la industria, como para el comercio bonaerense. Además, el oriundo de Mar del Plata adelantó que será tildada de anticonstitucional por la Corte Suprema bonaerense debido a que “los intereses aplicables en las relaciones laborables corresponden al Congreso”.

“Este proyecto quiere agravar aún más la informalidad y el desempleo. Va a aumentar la industria del juicio, va a seguir fundiendo Pymes, va a dejar más gente en la calle y va a enriquecer a los piqueteros y a los ‘sindigarcas’. La receta del kirchnerismo es siempre la misma: combatir el capital, fomentar el odio a los empresarios y también promueve algún curro, como es el caso de la discrecionalidad de los planes sociales”, fustigó Castello.

Por su lado, el bloque UCR + Cambio Federal, conducido por Diego Garciarena, se abstuvo y, si bien valoró “el espíritu” de la iniciativa, planteó que la misma puede llegar a ser considerada inconstitucional. “Hay que distinguir dos cosas. El espíritu de la ley tiene la buena intención de conservar el patrimonio del trabajador, pero entendemos que esta Legislatura no es competente para tratar derecho de fondo, y también que la ley ha caído en abstracto porque la doctrina legal de la Suprema Corte está vigente y rige para los tribunales inferiores. Nos vamos a abstener de tratar este proyecto”, anunció Garciarena en su intervención.

Asimismo, los diputados de la bancada Acuerdo Cívico (UCR+GEN) también se abstuvieron. Uno de sus legisladores, el tandilense Matías Civale, justificó la posición: “Nos vamos a abstener. Entendemos la voluntad de las diputados oficialistas y compartimos la iniciativa de acompañar a los trabajadores despedidos, pero la coyuntura actual del país nos obliga a ser cuidadosos con la legislaciones que ataca directamente a las micro, pequeña o mediana empresas (MiPymes)”.

En esta línea, el diputado boina blanca cargó contra el Ejecutivo del presidente Javier Milei por no haber puesto “ni una sola medida a favor de las Pymes” en la Ley Bases: “Entendemos que es un tiempo para ponernos a trabajar con proyectos que impacten de manera en esas MiPymes que han sido olvidadas por el Gobierno nacional”.

En la vereda opuesta, se ubicó la izquierda, que apoyó la iniciativa para ajustar las indemnizaciones laborales por inflación. El diputado Guillermo Kane subrayó que “la legislación actual premia al empresario que no hace la indemnización en tiempo y forma, mientras la inflación pulveriza el poder adquisitivo de los salarios adeudados”. “Tenemos una observación pequeña más allá del apoyo. El proyecto resuelve el problema de la inflación, podríamos pensar en una mejora a futuro de cuál es el cuadro más favorable para mantener el valor de las indemnizaciones”, agregó .

Asimismo, el diputado del Partido Obrero atajó las críticas de Castello hacia el proyecto de indemnizaciones laborales, en las que mencionó que los piqueteros y los sindicalistas se benefician en los juicios laborales. “¿Cuál es la lógica de esto? Los piqueteros reciben planes sociales de $78.000, quiero ver a los legisladores que están en contra tratando de vivir con eso”, respondió Kane.

Niegan que el proyecto sea inconstitucional

Frente a las constantes objeciones de los sectores de la oposición que votaron en contra de su proyecto al esgrimir que la iniciativa es inconstitucional y que su contenido compete al Congreso de la Nación y no a la Legislatura bonaerense, la diputada camporista autora de la iniciativa, Maite Alvado, recogió el guante y respondió a las críticas.

“La primera cuestión que quiero mencionar es que el proyecto es constitucional. En la modificación al artículo 48 de la Ley de Procedimiento Laboral, la Suprema Corte la declaró inconstitucional, pero en el voto en minoría el juez Héctor Negri dice que ese proyecto podía ser constitucional. Ese es el fundamento que mantengo, efectivamente las provincias que delegan ciertas competencias en Nación, pero en este caso no existe un Código de Trabajo, a diferencia de que otros códigos como el Comercial”, aclaró Alvado.

En ese sentido, la diputada de La Cámpora sostuvo que existe un “vacío legal” en el cual Nación legisla sobre lo que no le corresponde. Según Alvado, el Poder Legislativo bonaerense está en condiciones de poder debatir este proyecto de indemnizaciones laborales, sobre todo teniendo en cuenta su carácter de protección de derechos constitucionales.

“No podemos delegar la facultad de legislar a los jueces, ellos tienen la facultad de interpretar y aplicar las normas que nosotros escribimos. No tenemos la misma Corte Suprema que en 2013 declaró inconstitucional la ley anterior. Los criterios pueden cambiar. ¿Acaso no podemos volver a discutir algo que tuvo en fallo en contra hace 10 años? El objetivo no es agravar ni duplicar la indemnización como muchas veces se quiso malinterpretar, es actualizar el monto y, en definitiva, emparejarlos a los niveles inflacionarios”, sentenció Alvado.

Uno de los dictámenes de aprobación en mayoría que recibió la iniciativa en su paso por comisiones explica que los procesos judiciales acarrean un plazo de entre 4 a 5 años de litigio, por lo que el cobro de las indemnizaciones laborales tiene una dependencia mucho mayor de su tasa de interés, que del monto en sí mismo.

Por ese motivo, el proyecto de Maite Alvado propone una de forma de calcular las actualizaciones de las indemnizaciones laborales que esté “a la altura del porcentaje inflacionario”. “Si los empleadores saben que el crédito adeudado perderá valor real con el paso del tiempo, es claro que buscarán todas las formas de postergar la sentencia judicial”, explica el dictamen.

Asimismo, el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales destaca que la actual tasa pasiva que se aplica a las sentencias judiciales en materia laboral produce “un enorme daño en los derechos patrimoniales del colectivo trabajador, que ve disminuido su crédito en virtud de la desvalorización del dinero y de la realidad económica”

En cuanto a la fórmula que propone Alvado, la propuesta parlamentaria pondera que el CER es un índice creado por el decreto 214/2002, para medir de forma precisa el aumento de los precios. Según la autora, a través de este mecanismo de actualización, “se lograría mantener un criterio uniforme y previsible, pero además justo para ambas partes”.