Un proyecto en Provincia busca regular las aplicaciones de delivery

El Frente de Todos convocó a tratar en comisiones conjuntas de la cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone crear un registro de trabajadores de aplicaciones de delivery, con la particularidad de que otorga al Poder Ejecutivo bonaerense una serie de atribuciones.

Se trata de un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores provincial, impulsado por el gremialista Omar Plaini, pero que ahora tendrá su tratamiento en Diputados y, de aprobarse, tendrá vía libre para pasar al recinto, con grandes posibilidades de convertirse en ley. 

Afectaría principalmente a las empresas Rappi y PedidosYa, que entre las dos cuentan en la provincia de Buenos Aires con 25.000 repartidores que les prestan el servicio de delivery (10.000 y 15.000, respectivamente). Estos trabajadores ya lanzaron una convocatoria en la puerta de la legislatura bonaerense en la que dicen “La provincia de Buenos Aires quiere cerrar las aplicaciones” y “Defendamos nuestra fuente de ingresos”.

Fuentes de la industria comentaron que están siguiendo esta cuestión con mucha preocupación. “Tenemos un profundo interés porque sean escuchadas las voces de todos los actores alcanzados por esta iniciativa y confiamos en que no se tomarán decisiones sin que haya una apertura al diálogo y una discusión con la profundidad necesaria, dada la complejidad del tema”, remarcaron.

Sergio Siciliano, diputado por Juntos Por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, opinó que “esta es la puerta de entrada para regular a los repartidores como empleados de las empresas por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual podrían empezar a cobrarles impuestos”. Y agregó: “Si esto ocurre, lo más probable es que desaparezcan 25.000 puestos de trabajo”.

Según destacaron en el sector, no se oponen a la creación de un registro, que de hecho ya existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, pero no ven con buenos ojos la parte en la que se otorga al gobierno de Axel Kicillof una serie de facultades sobre las condiciones laborales.

En tal sentido, el artículo 7° del proyecto enumera lo siguiente: “El poder ejecutivo deberá mediante la autoridad de Aplicación: a) Fijar las condiciones y requisitos de inscripción. b) Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados. c) Controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad. d) Determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento. e) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores; f) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores”.