PROYECTO
Para un diputado bonaerense la paridad de género en las listas es un "cepo electoral"
El diputado libertario, Guillermo Castello, se mostró disconforme ante sus pares de la comisión de la comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara baja bonaerense por un proyecto que busca obligar a los partidos políticos a encabezar a listas seccionales con un 50% de mujeres y el otro 50% por hombres.
Recibí las noticias en tu email
La iniciativa impulsada por la legisladora de Juntos, Noelia Ruiz, obtuvo dictamen de mayoría con el acompañamiento de los diputados del Frente de Todos y aguardará por su tratamiento en las comisiones Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Justicia y Presupuesto e Impuestos.
Durante el debate en la comisión de Reforma Política y del Estado, el diputado libertario advirtió que “el proyecto es inconstitucional, machista y abre las puertas a proscripciones inaceptables en democracia, presentado por una diputada de Larreta y aprobado por kirchneristas y Juntos por el Cambio”.
Castello salió a sentar postura con un dictamen en minoría de rechazo. “Jamás votaremos proyectos que violen la Constitución, proscriban candidatos y discriminen a las mujeres ´protegiéndolas´ de una supuesta ´vulnerabilidad´ habilitando su acceso a cargos públicos por coerción legislativa, desdeñando el acceso por mérito propio”, afirmó.
“Un verdadero cepo electoral concebido por una clase política amante del dirigismo y de la ingeniería social permanente, convencida de que la sociedad puede diseñarse a gusto, prescindiendo de la libertad humana”, afirmó el diputado Castello.
En rigor, la iniciativa pretende modificar la Ley de Paridad de Género para que las agrupaciones políticas presenten las boletas seccionales encabezadas con un 50% de candidatas mujeres y otro 50% por hombres. Además, fija que los reemplazos deberán ser por el mismo género y no por el orden de las listas, un gris que había quedado en la actual reglamentación y supo generar polémica.
En este sentido, el parlamentario aclaró que “las reformas son inconstitucionales porque violan la exigencia de idoneidad como único requisito para acceder al empleo público, y lo peor, la voluntad popular al vulnerarse el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes”.
