Tras sancionarse la ordenanza, todo el personal municipal deberá capacitarse sobre discapacidad
La iniciativa, impulsada por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio y la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, se sancionó por unanimidad en la sesión del jueves. Abarca a quienes se desempeñan en el Ejecutivo y en el Legislativo. El concejal Luciano Grasso celebró la sanción de la normativa que aborda el tema desde una perspectiva de derechos humanos. Además, garantiza la presencia de al menos un agente capacitado en lengua de señas.
En la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que establece la capacitación obligatoria sobre discapacidad desde una perspectiva de los derechos humanos para las personas que se desempeñan en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo local.
Recibí las noticias en tu email
La iniciativa, que se inscribe en lo que marca la ordenanza 11.829, que declara al partido de Tandil libre de discriminación, y la legislación referida a los derechos humanos en toda su amplitud, sumada la reciente sanción de la denominada Ley Micaela, fue impulsada por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio y la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
De acuerdo a lo consignado en el texto votado por todos los bloques políticos, los agentes alcanzados deberán realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezca la respectiva autoridad de aplicación, y serán por etapas y de manera paulatina y progresiva, debiéndose priorizar a los que desempeñen sus tareas en atención a las personas.
Además, el Estado municipal se obliga por esta norma a garantizar que en cada dependencia en la que se brinda atención al público haya al menos una persona capacitada en lengua de señas.
El concejal del oficialismo, Luciano Grasso, celebró la sanción de la ordenanza que aborda la obligatoriedad de capacitar al personal del Municipio desde una perspectiva de derechos humanos, y que “garantiza la presencia de al menos un agente por dependencia municipal capacitado en lengua de señas”.
Esta norma “también contribuye, como la ordenanza de fomento a las organizaciones de discapacidad, en la construcción de una política de Estado en la materia”.
El articulado de la ordenanza
En el artículo primero, la ordenanza establece la capacitación obligatoria en la temática integral de derechos humanos y discapacidad en el Municipio de Tandil “para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público municipal, en todas sus funciones y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o cualquier otro medio legal, referido a los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
La medida se inscribe en el marco del programa Tandil, ciudad libre de discriminación, instituido por la ordenanza 11.829.
En el artículo segundo, indica que los agentes alcanzados por la obligatoriedad estipulada en el artículo primero “deberán realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezca la respectiva autoridad de aplicación”, siendo la temática a abordar sobre discapacidad, “desde una perspectiva de derechos humanos”.
Luego, faculta al Departamento Ejecutivo a determinar la autoridad de aplicación de la ordenanza, y propone que, a los fines de planificar la implementación de la capacitación, “podrá contar con la colaboración de un comité asesor, así como también la colaboración de las autoridades responsables de cada área referida en el artículo primero”.
En ese sentido, según el artículo siguiente, indica que el comité asesor tendrá por funciones “colaborar con la autoridad de aplicación en establecer los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación y las propuestas metodológicas”.
La convocatoria a integrar el espacio, según el detalle del artículo quinto, será “un representante por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y uno por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 166; otro del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil; del Consejo Asesor en Políticas de Discapacidad; de la Mesa de Discapacidad de Mesa Solidaria; del Sistema Integrado de Salud Pública; uno por bloque político del Concejo Deliberante; de la Dirección de Recursos Humanos; y de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores”.
Por otro lado, la autoridad de aplicación “podrá realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que se establezcan para la presente norma”.
Y según el artículo séptimo, en su página web, “deberá brindar acceso a la información pública del cumplimiento de las capacitaciones, como así también elevar anualmente al Concejo un informe de lo actuado”.
Las personas que se nieguen “sin justa causa a realizar las capacitaciones, serán intimadas por la autoridad de aplicación”, en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, y su incumplimiento “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.
Luego, indica que el estado Municipal “deberá garantizar que en cada dependencia en la que se brinda atención al público, haya al menos un agente capacitado en lenguaje de señas”.
Y para finalizar, invita a las entidades intermedias del sector público y privado, al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad, “a establecer, propiciar e impulsar las referidas capacitaciones en discapacidad desde una perspectiva integral de los derechos humanos”.
Grasso llamó a “conocer para luego transformar la realidad”
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Luciano Grasso (Juntos por el Cambio), celebró la sanción de la ordenanza de capacitación obligatoria en discapacidad y reflexionó sobre el tema, el impacto y la importancia que tendrá la medida.
En el primer tramo de su exposición, el concejal de Juntos por el Cambio se enfocó en los consensos en torno a la noción de igualdad de las personas, junto con las normas, tanto a nivel internacional, nacional, provincial y municipal, en el mismo sentido.
Sin embargo, sostuvo que “la realidad nos muestra una enorme distancia con aquellas declaraciones, principios, artículos de normas, que se inscriben muchas veces sólo en el plano simbólico”.
Planteó que los orígenes de la discriminación a las personas con discapacidad está vinculado “a un proceso social histórico: el predominio de los cánones de la normalidad hegemónica”.
“Los imaginarios enlazan discursos, y los discursos hacen acto en las prácticas cotidianas. Y en esa cotidianidad, existen innumerables situaciones en las que se restringen los derechos de las personas con discapacidad. Y las protagonizamos todos”, enfatizó.
En esas situaciones, “muchas veces sostenemos las barreras que impiden su plena inclusión social”, por lo que aseguró que se tiene que generar un cambio.
Al preguntar ¿qué sociedad deseamos construir en Tandil?, contestó que “seguramente coincidamos en los grandes trazos”, y apostó por una “sociedad inclusiva, la de la no discriminación, la de la convivencia con la diversidad, la que otorga oportunidades a todos, la que guarda un lugarcito para cada uno, con sus propias cosas a cuestas, con sus perfiles y frentes y contrafrentes, con lo que se deja ver y sentir, y también con lo que no se conoce, lo privado e íntimo”.
“La norma como modelo en las personas sólo genera discriminación y, por ende, sufrimiento”, señaló Grasso, que llamó entonces a “aceptar entonces la diversidad”.
Entonces, “entender que todos tenemos los mismos derechos”, y aceptar que “hay personas que necesitan apoyos y acompañamientos, no sólo del Estado, sino también del resto de los integrantes de la sociedad”.
“Conocer, para luego transformar la realidad, transformando-nos”, cerró el edil de Juntos por el Cambio.
