Toma en La Movediza: el Ejecutivo objetó la resolución judicial

Continúan las repercusiones en torno a la resolución que dictó el Juzgado de Garantías 1, que ordenó dejar sin efecto la medida cautelar vigente y autorizó al abastecimiento de energía eléctrica a las familias que ocupan el predio de calle Piccirrilli al 2000, en La Movediza.

En este caso, el Ejecutivo se hizo eco de la medida, reconoció sorpresa por los alcances de la sentencia del doctor José Alberto Moragas y marcó el giro en el posicionamiento al apuntar que anteriormente había dictado una ampliación de la medida cautelar que facultó a la Usina a hacer el operativo antifraude y proceder con el corte de suministro.

En una entrevista con el ciclo La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h), y su par de Legal y Técnica, Javier López, analizaron el escenario actual, el impacto que tiene la medida dictada por la Justicia y demandaron “celeridad” en el proceso frente a una delicada situación. “Para nosotros es muy preocupante todo esto”, señalaron.

Asimismo, adelantaron que la Usina, que recibió en las últimas horas la notificación de la medida judicial, evaluará las condiciones del predio para definir un esquema que permita eventualmente dotar el servicio en condiciones de seguridad, mientras define realizar una presentación para obtener mayores precisiones para conocer “cómo pretende la Justicia que se lleve adelante” y la posible apelación.

Contradicción 

Para el secretario de Gobierno, se produce una “clara contradicción” entre “lo que opina la Justicia que tiene que ocurrir en ese lugar con lo que forma parte de las resoluciones del Poder Ejecutivo nacional”, para el cual la inclusión en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en diciembre de 2023 “aún sigue vigente”.

La referencia apunta a que “teníamos entendido que el predio no formaba más parte de ese registro” a partir del cuestionamiento que generó y que derivó en la declaración de inconstitucional del decreto que dio curso a esa medida impuesta el año pasado.

“Y ahora nos encontramos con una ratificación por parte del Gobierno nacional a través de la Dirección de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía con respecto a una resolución del anterior gobierno”, observó el funcionario, que interpretó que esta condición genera un “problema” entre dos poderes del Estado, el Judicial y el Ejecutivo.

 “Hay un cambio de criterio”

Por su parte, el secretario de Legal y Técnica, Javier López, consideró que detectaron un cambio en la sentencia que dictó el Juzgado de Garantías en cuanto a la postura que tenía en relación a la medida cautelar que dictó con anterioridad.

“Hay un cambio de criterio”, afirmó y agregó que se debe a cuestiones que son “ajenas al Municipio” y que tienen como factor preponderante “un informe que acompaña la defensoría oficial que lo emanó un organismo de la Nación y que no tiene en consideración la decisión que en el Departamento Judicial de Azul tomó el órgano de instancia superior, la Cámara de Apelaciones”.

En ese caso, “la Justicia falló y falló en favor de la familia Moauro, y decretó la inconstitucionalidad de todas las resoluciones dictadas por el organismo nacional que en diciembre incluyó el lote en el Registro Nacional de Barrios Populares”, repasó el secretario.

Entonces, la sentencia que dictó el tribunal de alzada está en una instancia de “revisión”, pero consideró que “es importante tener en cuenta que ya hay un pronunciamiento de la Justicia fundado en ley, que ahora está recurrido por la defensa de la gente que hoy está ocupando ilegalmente el predio”, por lo que se encuentra en revisión por Casación en grado de queja. 

No obstante, López remarcó que ese pronunciamiento es el “último” que dictó la Justicia, en el que fijó que la incorporación al Renabap del terreno en La Movediza “está dada por actos que la Cámara considera que son inconstitucionales”.

En medio de todo este proceso legal, “nos encontramos que un funcionario del Gobierno actual ratificó” que la fracción de terreno “formaría parte del barrio La Movediza 1” porque “si bien no lo dice formalmente, ese informe es enviado en relación a la causa” que se inició por la usurpación del inmueble con fecha del 19 de junio de 2024.

En definitiva, señaló que “evidentemente, lo que la Cámara resolvió, para la Nación no tiene efecto alguno”.

Un nuevo escenario

En otro pasaje de la entrevista radial, López repasó que se encuentran frente a un escenario con una sentencia de Cámara que “es muy importante”, ya que es la que “dijo que vuelvan las cuestiones a primera instancia y ordenó el desalojo”. Si bien se interpuso un recurso de apelación, “establece que ese predio debería ser desalojado”.

En este contexto, otra sentencia dictada por un juez de primera instancia “nos indica que en ese predio, que está con una orden de desalojo, si las personas que están allí solicitan servicios a los proveedores tienen el derecho de hacerlo y de exigir la prestación de ese servicio”.

Será entonces la Usina la que deberá evaluar las condiciones y los requisitos que deben cumplir esas personas que eventualmente se presenten a solicitar el suministro. 

Este planteo abre un nuevo escenario, incluso para los casos en los que intervenga la Dirección de Obras Sanitarias para la provisión de agua potable. Lunghi (h) señaló que tienen que darse una serie de condiciones en el predio para llevar adelante una obra de infraestructura. Incluso, esa acción “puede ser objetada por el propietario”, alertó y especuló que “si posteriormente la Justicia resuelve en contrario de esta disposición, quién se hará cargo del costo”.

“No nos parece fácil de abordar esta resolución nuevamente dictada por el juez Moragas”, ratificó el secretario de Gobierno.

Independientemente de la situación social, el secretario de Legal y Técnica apuntó que “tenemos en Tandil un montón de casos en los que el Municipio procura ayuda” a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat e insistió con el pedido a la Justicia de “mayor celeridad para que esta cuestión pueda ser definida”.

Para finalizar, aclaró que el Municipio “no convalida ni acepta” la toma de tierras “que luego sea sostenida en el tiempo para privar el derecho de propiedad que legítimamente tiene la familia Moauro. Pedimos la mayor celeridad posible para que se puedan resolver estas cuestiones”.