Reclaman al Intendente que remita el pedido para que el Concejo autorice los 500 mil pesos que donó
El planteo lo impulsó el concejal de Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, por el edificio de Pinto al 800. El Municipio pagó un alquiler durante un año sin hacer uso de las instalaciones y después desestimó la operación. Tras reclamarlo en la última sesión legislativa, el bloque presentará un proyecto de resolución para exigir que el jefe comunal cumpla con la normativa.
La discusión en torno al polémico alquiler con opción a compra del edificio de Pinto al 800 para la Secretaría Protección Ciudadana parece no estar agotada. La fallida operación inmobiliaria impulsada por el Ejecutivo terminó con la rescisión del contrato tras mantener el pago de un canon mensual durante diez meses por el inmueble que no se utilizó.
Recibí las noticias en tu email
La cancelación de la iniciativa, que estuvo fundada principalmente en los cambios en el contexto económico que determinaron una fuerte suba del dólar, se anunció junto con la decisión del intendente Miguel Lunghi de pagar 500 mil pesos de su bolsillo a modo de devolución a las arcas municipales por el dinero abonado en concepto de alquiler.
Sin embargo, durante la sesión de este jueves, el concejal de Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, aprovechó la oportunidad para “recordar” que el Legislativo aguarda el expediente respecto de la donación efectuada por el jefe comunal para “subsanar” el error.
“Esperamos que antes que anuncie que va a donar los dos millones que no puede recuperar de las piletas (cubiertas del CEF 42), por lo menos este cuerpo tenga para su tratamiento y eventual aceptación esos 500 mil pesos por una cuestión también de transparencia”, acusó el edil durante el encuentro legislativo.
La intervención, que impulsó a partir de un proyecto para autorizar o rechazar la donación de una fracción de campo de un particular, fue la instancia previa a un proyecto de resolución que la oposición planea presentar en la próxima sesión legislativa a los fines de formalizar un trámite que corresponde al Ejecutivo.
El reclamo estará respaldado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que indica que “el Concejo aceptará o rechazará las donaciones o legados ofrecidos a la Municipalidad” y que, “en tanto las donaciones o los legados modifican el patrimonio municipal, corresponde la aceptación o el rechazo del Deliberativo”.
“Hasta la fecha el Intendente no cumplió”, pero “sí fueron muy rápidos a la hora de dibujar la supuesta donación de un acto de heroísmo político de un Intendente poniendo de su bolsillo medio millón de pesos para intentar subsanar la ineficiencia de una gestión que lo tiene como jefe”, cuestionó Iparraguirre.
En la espera
En diálogo con El Eco de Tandil, el concejal reclamó que “desde el 18 de diciembre seguimos esperando el permiso que tiene que tramitar Miguel Lunghi en su carácter de vecino de Tandil respecto a la donación que habría hecho de 500 mil pesos para subsanar el alquiler ineficiente del edificio de Pinto al 800”.
Desde que el Gobierno salió a anunciar la decisión adoptada, “la única” información que obtuvieron los concejales se conoció a través de los medios de comunicación y de la publicación de los tickets que certifican la realización del depósito.
A propósito de la maniobra, que fue anunciada desde la página de Facebook de la Municipalidad, el edil detectó una inconsistencia en cuanto a los dos comprobantes. “Dice que es un depósito en Tesorería y se ve que se hizo a través del Banco Provincia, que fue en efectivo cuando debería decir depósito en cuenta”, resaltó.
“Las instituciones y las leyes”
Sin embargo, insistió con el reclamo: “Además de los medios de comunicación existen las instituciones y las leyes”, subrayó. En efecto, puso de relieve uno de los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades que resulta “absolutamente taxativo” en cuanto a la potestad del Deliberativo de “aceptar o rechazar donaciones de quien fuera”.
“Si no cumple con los pasos legales, ¿por qué no voy a pensar que así como hizo un depósito no fue al otro día e hizo un retiro? No digo que lo haya hecho pero sí me lo pregunto como ciudadano porque no cumplió con los pasos para que esa donación sea aceptada por el Concejo Deliberante e incorporar esos 500 mil pesos al patrimonio municipal”, planteó con tono crítico.
Asimismo, y en términos de especulaciones políticas, consideró que la decisión de donar esos recursos podría tener por objetivo “frenar el cargo que inevitablemente se les venía del Tribunal de Cuentas”.
Proyecto de resolución
Por el plazo transcurrido, el bloque de Unidad Ciudadana elevará un proyecto de resolución por medio del cual le requiera al Departamento Ejecutivo que “cumpla” con la Ley Orgánica de las Municipalidades y eleve al Concejo Deliberante el pedido de aceptación de la donación realizada.
“Exigiremos el cumplimiento de sus deberes como funcionario público”, enfatizó Iparraguirre sobre la iniciativa que tomará estado legislativo en la próxima sesión y con la cual espera lograr el acompañamiento de la totalidad de los concejales. “Desde el sentido común de nuestras responsabilidades institucionales entendemos que tiene que salir por unanimidad”, advirtió.
Práctica a la que “nos tiene acostumbrados”
Por último hizo alusión a una nota que la oposición en su conjunto presentó el 21 de diciembre pasado al presidente del Concejo, Juan Pablo Frolik, para que el Ejecutivo remita información sobre la decisión de cancelar la operación debido los cambios en el contexto económico ocurridos sobre el último tramo del año pasado.
En concreto, le solicitan que “en el menor plazo posible” eleve el expediente con una copia de la rescisión del contrato de alquiler, los correspondientes decretos de pago de las mensualidades devengadas, adelanto de locación, de comisiones abonadas a la inmobiliaria y monto de pago de impuestos y tasas que correspondieron al Municipio de acuerdo al contrato de alquiler firmado.
Sin respuestas sobre la nota, Iparraguirre rechazó “una vez más” la práctica a la que “nos tiene acostumbrados el Ejecutivo a todos los concejales” y que “arrasa con el normal funcionamiento de las instituciones”.
