LLA se pronunció “a favor” del desalojo de la toma de La Movediza

Tras la reunión que convocó el Ejecutivo para actualizar el estado de situación de la ocupación del terreno de Piccirilli al 1000, en La Movediza, el concejal de Acción Tandilense - La Libertad Avanza Federico Sánchez Chopa sentó su posicionamiento frente al hecho que comenzó en febrero del año pasado y que derivó en un proceso judicial que aguarda por una definición.

En diálogo con el ciclo radial La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el edil se pronunció “a favor del desalojo” como primera medida en defensa de la propiedad privada y que habilite posteriormente a la búsqueda de “todas las alternativas posibles” para brindarles una solución a las familias que forman parte del asentamiento.

“Las dos alternativas que hay son un desalojo o una urbanización”, planteó, pero descartó de plano la segunda opción. “No convalido que el Estado se tenga que hacer cargo de una situación ilegal para darle marco de legalidad”, afirmó y agregó que “lo primero que tenemos que defender es la propiedad privada”.

No obstante, se mostró en sintonía con la búsqueda en conjunto de una salida al conflicto que lleva un año y medio sin solución en función del acercamiento que se produjo ayer a instancias de la convocatoria del Ejecutivo.   

Repaso 

A más datos, con la presencia del jefe de Gabinete Julio Elichiribehety, el secretario de Legal y Técnica Javier López, junto a sus pares de Protección Ciudadana Alejandra Marcieri y de Desarrollo Humano Juliana Teerink, presentó ayer ante los concejales de los seis bloques la cronología de los hechos, las instancias judiciales y el avance de la ocupación. 

La reunión comenzó con un repaso de los sucesos, con detalles del procedimiento impulsado por el damnificado, de la actuación de la Provincia y de la Justicia, hasta la inscripción del macizo en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en diciembre, un punto clave que se sumó al conflicto.

En definitiva, el repaso les permitió contar con un “panorama global” del expediente que se inició con la denuncia de la familia Moauro y que tramita la Justicia ordinaria. “Hay muchas cosas que están en el tintero y estamos esperando ver cómo se resuelven”, remató.

Sobre la incorporación del macizo situado entre calles Salta, Chaperauge, Misiones y Piccirilli, mediante un mecanismo que objetó por considerarlo “totalmente ilegal e inconstitucional”, Sánchez Chopa concluyó que la medida “convalida” la toma de un predio que pertenece a un privado. “Es una vergüenza que haya sucedido esto”, cuestionó, sobre el mecanismo que se concretó días previos al cambio de gobierno.

Sin embargo, al observar la decisión del actual subsecretario de Integración Socio Urbana Sebastián Pareja (LLA), el concejal corrió el foco de la discusión y apuntó que debería direccionarse a la búsqueda de una solución a un “problema serio” en lugar de “señalar quién es el último culpable”.

Asimismo, hizo referencia a la presentación de un proyecto de resolución impulsado por el bloque Juntos – UCR, por medio del cual se solicita a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, a cargo de Sebastián Pareja, la revisión de la inscripción en el Renabap.

Dos desalojos suspendidos 

Independientemente de este punto, repasó las razones por las cuales la Justicia ordenó el desalojo compulsivo y “dio marcha atrás” en dos ocasiones.

En declaraciones radiales, el concejal expuso que en la primera oportunidad los motivos se basan en una solicitud realizada desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia y en un escrito que en ese momento había presentado el dueño del inmueble, “según comentó el Ejecutivo durante la reunión, porque al parecer estaba en una negociación con la Provincia por la expropiación”.

En el segundo caso, la suspensión tendría relación con un pedido que bajó desde el gobierno nacional sobre el final de la anterior gestión a partir de la incorporación del macizo en el Renabap, que -insistió- “es de un privado y se hizo fuera de los tiempos de la ley”.

“Es totalmente ilógico y nos llama la atención, pero entiendo que vamos a estar todos trabajando en pos de una solución a este problema”,  resumió.

Un escenario que se complejiza

Al abordar el complejo escenario, el presidente del bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza indicó que rige una resolución de no innovar en el predio emanada por la Justicia y que es la Provincia la que debe controlar su cumplimiento.

“El fin de semana vimos gente llevando pallets de ladrillos porque siguen construyendo. Entonces, la Provincia, que es la que tiene que llevar adelante la medida para no generar mejoras en las viviendas, es la que permite que esto suceda. La situación se va complejizando”, alertó.

Entonces, insistió en que debería definir el desalojo, en línea con lo que demanda el dueño del terreno. “Desde nuestro espacio político estamos de acuerdo porque no podemos convalidar una cuestión totalmente ilegal e inconstitucional”, insistió.

Respuestas a las familias de la toma

Desde su posicionamiento, Sánchez Chopa sostuvo que, una vez que se resuelva el desalojo, habrá que enfocarse en atender la realidad de las familias que se instalaron en el predio de La Movediza.

De todos modos, aclaró que la ocupación “no es la forma” ya que “no podemos convalidar algo que es totalmente ilegal” ni “permitir que lo que no se puede hacer se tome como normal”.

“Después buscaremos las alternativas que existan hoy en los tres niveles del Estado para encontrar una solución a las personas que hoy están en la toma”, remató.

En detalle, indicó que el último censo que presentó la Provincia refleja que hay alrededor de 73 estructuras instaladas en el predio y más de 200 personas que forman parte del asentamiento, a la vez que señaló que “no habría un puntero político detrás de esto”, según lo expuesto durante la reunión de ayer.

También señaló que “ninguna” de las familias estaba en situación de calle antes de instalarse en el predio, y que “muchos trabajan”, por lo que deseó que “se pueda solucionar lo antes posible, sobre todo cuando la Justicia resuelva un desalojo”.