Las explicaciones del Ejecutivo no conformaron a la oposición y sigue la polémica por los 500 mil pesos
El secretario de Economía, Daniel Binando, y su par de Legal y Técnica, Andrés Curcio, subieron al Concejo Deliberante. Fueron a dar explicaciones sobre el alquiler del edificio de Pinto al 800 y el medio millón que aportó el Intendente. Para Rogelio Iparraguirre los argumentos fueron “endebles” y “carentes de sustento técnico”.
Aún continúan las repercusiones en torno al polémico proyecto de alquiler con opción a compra del edificio de Pinto al 800 pensado para el traslado de la Secretaría Protección Ciudadana.
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La fallida operación inmobiliaria impulsada por el Ejecutivo terminó con la rescisión del contrato tras mantener el pago de un canon mensual durante diez meses por un inmueble que no se utilizó, y sumó como elemento la decisión del intendente Miguel Lunghi de pagar 500 mil pesos de su bolsillo a modo de devolución a las arcas municipales por el dinero desembolsado.
En medio de una discusión que se mantiene vigente, este martes a la mañana el secretario de Economía, Daniel Binando, su par de Asuntos Legales, Andrés Curcio, y el subsecretario de Coordinación, Juan Martín Pissani, se hicieron presentes en el primer piso de la Municipalidad para brindar explicaciones al respecto en el ámbito de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales.
Del encuentro, encabezado por la presidenta del espacio legislativo Marcela Vairo, también participaron los concejales Mario Civalleri, Marcos Nicolini, Rogelio Iparraguirre, Gustavo Ballent y Facundo Llano.
El intercambio se extendió por una hora pero las argumentaciones expuestas por los colaboradores del intendente Miguel Lunghi no lograron colmar las expectativas de los ediles de la oposición que, respaldados en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, reclaman el cumplimiento del trámite correspondiente al considerar que se trató de una donación y que requiere el paso previo por el Deliberativo. “Nos quedamos en la discusión política y no obtuvimos una respuesta certera, que era lo que nos interesaba”, destacaron.
Entre las argumentaciones, los funcionarios expusieron que fue una compensación por la merma producida por el pago de alquileres y que la figura adecuada era la del reintegro.
Al no obtener certezas sobre la consulta efectuada, Unidad Ciudadana adelantó que buscarán reunirse con la contadora general de la Municipalidad, Marcela Espino, y que harán una consulta al Tribunal de Cuentas para aclarar la maniobra.
Argumentos “endebles” y sin “sustento técnico”
Para el concejal de Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, las explicaciones fueron “endebles” y “carentes de sustento técnico” puesto que en el reglamento de Contabilidad y en el del Rafam “no aparece” la figura en la que encuadra la acción de acuerdo a los parámetros expuestos.
“No fue una reunión buena; no logramos obtener respuestas”, definió y dijo que “nos quedamos en la especulación política” y que cada vez que pretendían abordar el plano técnico, que es el punto que buscan subsanar, “apuntaron toda la responsabilidad a la contadora (general del Municipio Marcela) Espino, que no participó de la reunión”.
Independientemente de la discusión frente al proceso que reclaman desde la oposición, el concejal destacó la actitud “loable” y “respetable” del jefe comunal, no sólo por su “capacidad de entender que se equivocó” sino por “disponer de su patrimonio para subsanar su error y el efecto negativo que tuvo en la administración pública”, pero lamentó que “termina siendo enturbiado por su propio Gobierno”.
Un hecho “atípico”
“No pueden explicar por qué no es una donación y se escudan en lo atípico del hecho”, objetó Iparraguirre una vez concluida la reunión. En contraposición, “hablan de reintegro, que son movimientos de dinero al interior de la administración pública”.
“La contadora Espino es la que brinda la figura de reintegro pero que no pueden responder técnicamente por ello. Entonces no entendemos por qué no vino la contadora”, cuestionó.
En diálogo con El Eco de Tandil el concejal indicó que “presentamos un proyecto de resolución en el que requerimos al Intendente que cumpla y eleve al Concejo Deliberante el pedido de autorización de aquella donación”.
Mientras aguardaron novedades al trámite, consultaron el reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires y del Rafam (sistema de la administración municipal) como elemento para determinar en qué casos se aplica la figura del reintegro.
“Sin excepción se habla de esta imagen cuando se refiere a dinero que ya integra la administración pública y está en el presupuesto municipal; en el caso de los viáticos si un funcionario viajó menos días de los previstos; o cuando se tocan recursos de un fondo afectado para otros fines y luego son recuperados mediante fondos de rentas generales”, detalló el presidente de la bancada.
En definitiva, resumió, alude a “dinero que está dentro de la administración pública y no al que viene de alguna cuenta de externa”.
En este caso, se trata “del dinero de un ciudadano, que circunstancialmente es el Intendente y que de su bolsillo decidió poner 500 mil pesos al considerar que una serie de decisiones político administrativas que tomó perjudicaron al erario público”, por lo que concluyó que las consultas no obtuvieron respuestas satisfactorias.
