ORDENANZA AGROQUÍMICOS
La concejal Condino observó que “discutimos la aplicación de fitosanitarios en Tandil, no un modelo de producción”
Tras el pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de adoptar las medidas pertinentes para el uso responsable de agroquímicos, la concejal de Juntos por el Cambio explicó que se encuentran trabajando para modificar la ordenanza actual. El mayor escollo que encuentran al hablar con los especialistas, es la cantidad de metros que deberían tener las zonas de exclusión. Expresó que si no se usaran estos productos, debería cambiarse a nivel país el paradigma productivo y esa es una discusión que excede el ámbito local.
La concejal del oficialismo Marideé Condino, presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, se refirió al pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia sobre la aplicación de agroquímicos.
Recibí las noticias en tu email
Recientemente, el organismo bonaerense accionó a partir de la denuncia de los vecinos de la localidad de Gardey y solicitó al Departamento Ejecutivo que disponga las medidas de control al respecto. La nota también llegó al Legislativo, donde los concejales se encuentran trabajando desde hace un tiempo en la modificación de la ordenanza vigente. En comunicación telefónica con el programa de radio “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM), Condino relató que recibieron el escrito y decidieron tomarlo como un expediente para poder tratarlo también en el marco del proyecto en cuestión.
En concreto, el pedido exhorta a la comuna y a otros municipios a que “se adopten las medidas pertinentes para el uso responsable de agroquímicos en el territorio, a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación de los alimentos. Conforme a ello, sírvanse a formular una adecuada planificación de la aplicación terrestre y aérea”.
En este sentido, la concejal explicó que “esto no contradice nuestras intenciones, nos parece muy bien y hemos recibido a los vecinos, y con el Gobierno estamos en consonancia”.
Cuestión de distancia
Según detalló, desde hace tiempo se encuentran abocados a reunir información y conversar con especialistas en el tema para delinear el marco legal que regirá en el partido. En tanto, deben esperar a que el Ejecutivo eleve el texto presentado inicialmente en la Banca 21, para que el cuerpo Deliberativo lo modifique y lo trate posteriormente en el recinto.
“Esperamos llevar adelante una votación por unanimidad, el problema va a estar en la cantidad de metros de la zona de exclusión”, describió.
Es que, de acuerdo a lo expuesto, sostuvo que no existe un consenso a nivel general acerca de la distancia recomendada para la aplicación de productos fitosanitarios, fundamentalmente en áreas adyacentes a cursos de agua y escuelas rurales.
“No hay consensos a nivel global, nadie dice exactamente si es necesario o no poner un límite en cantidad de metros. Algunos refieren que si los productos son los adecuados y se usan bien no debería haber problemas, la cantidad de metros es mínima. Otros esgrimen que no se utilizan los productos adecuados y no se emplean bien, entonces debe haber mucha distancia”, graficó la edil.
Y no dejó de lado el conflicto de intereses que surge con los productores agropecuarios a partir de la cantidad de hectáreas que puedan llegar a quedar desafectadas para los cultivos, si se tienen en cuenta restricciones severas a la aplicación de los agroquímicos.
“Hay una discusión sobre el suelo que deja de ser productivo y el productor que dice ‘¿quién me va a pagar a mí por esta cantidad de hectáreas que no puedo utilizar?'”, reseñó.
Toxicidad
Además, consignó que, tras consultar con investigadores y especialistas en la problemática el listado de sustancias tóxicas para armar una resolución que prohibiera su uso con el fin de reducir los daños y los riesgos, le informaron que las más peligrosas ya están prohibidas.
En rigor, los sectores afines al paradigma agroecológico, objetan de manera contundente las prácticas agrícolas que conllevan la utilización de fitosanitarios y propone una alternativa más amigable con la tierra y las personas. Desde hace años está en el ojo de la tormenta el envenenamiento de seres humanos y cursos de agua producto de insumos como el glifosato, entre otros, que son masivamente empleados para aumentar el rendimiento de los suelos.
El glifosato, uno de los pesticidas más usados a nivel mundial, está categorizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como probablemente cancerígeno, pero en Argentina la legislación lo clasifica como de clase IV, esto quiere decir que posee baja toxicidad y no representa un peligro.
En este momento, la resolución vigente en la ciudad es taxativa porque prescribe que se pueden aplicar plaguicidas de clase III y IV en todos los espacios verdes públicos y privados, mediante lo que se denominan “buenas practicas agrícolas”.
Uno de los cuestionamientos que se esgrimen es que si las sustancias son tan inocuas como algunos sectores postulan, por qué igual buscan proteger ciertos espacios. De este modo, la subestimación del poder de toxicidad y de la acumulación de estas sustancias en la tierra, generaría inconvenientes a posteriori.
El anteproyecto
La discusión se remonta a agosto de 2019, cuando la doctora Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen, hizo uso de la palabra desde la “Banca del Pueblo” y presentó el anteproyecto para modificar la normativa vigente. La iniciativa promueve la regulación de la aplicación de plaguicidas en el territorio y la prohibición de la aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente.
La propuesta contempla múltiples aristas que incluye la regulación adecuada para la aplicación, la prohibición de aplicación aérea, los alcances de la normativa, la creación de una autoridad de aplicación y de un registro de aplicadores y equipos, zonas para transporte y circulación, verificación de seguridad, lavado de equipos, responsabilidades, realización de análisis ambientales, manipulación de envases, capacitación, educación y monitoreo, y sanciones.
En el mismo acto, Canziani expuso los resultado de un trabajo llevado adelante desde la Universidad, que detectó la presencia de 16 plaguicidas tóxicos al analizarse los pozos de agua de 15 escuelas rurales.
Cambio de paradigma
Por su parte, Condino exhibió que, con los demás integrantes de la Comisión de Medioambiente, tratan de participar de diversas reuniones que aborden la discusión y cuenten con el aval de biólogos, químicos, ingenieros e investigadores para obtener información fidedigna que les permita articular el trabajo. En ese tren, comentó que muchos investigadores sostienen que el tipo de sustancias halladas en el informe de la Unicen aparecen cuando se buscan específicamente en el suelo después de más de 20 años de no usarlas, porque son productos ahora prohibidos.
“Para que una tierra no tenga ese tipo de material, debe dejarse de aplicarse cualquier fitosanitario hoy y hacer el ensayo dentro de 40 años. Esto es un cambio en el modelo productivo. Es otra discusión si Argentina quiere o no ser exportadora de commodities”, observó.
Y para cerrar, la legisladora indicó que “el mundo perfecto sería que no se usara ningún producto en todo el territorio. Es una decisión de modificar el sistema productivo de un país, y eso es otra discusión. En esta ordenanza estamos discutiendo la aplicación de fitosanitarios en el partido de Tandil, para lo otro se podrán modificar otras leyes, pero es un cambio de mentalidad”.
