La concejal Condino anticipó que si no se vota la ordenanza "queda la nada y la nada es que se pueda fumigar en la plaza"

El inminente tratamiento del proyecto de ordenanza para dotar a Tandil de una nueva legislación en materia de aplicación de agroquímicos, generó momentos de zozobra y tensión durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.  

Tras la interrupción de la sesión por parte de un grupo de vecinos vinculados a organizaciones ambientalistas que reclamaban una audiencia pública para abordar el tema, la concejal oficialista Maridé Condino, presidenta de la Comisión de Producción que delineó el texto en cuestión, explicó que el cuerpo Deliberativo había recibido 48 horas antes este pedido. Frente a ello, en la comisión de labor parlamentaria se acordó no tratar el proyecto sobre tablas y generar un espacio de diálogo abierto, que se desarrollará el lunes (ver nota en Hábitat y Conciencia).

Por su parte, la legisladora enfatizó que la ordenanza que se promueve es superadora de la anterior, que quedó desactualizada, y que contempla una multiplicidad de aristas que contribuyen a mejorar los controles sobre las aplicaciones de productos biocidas. 

En este sentido esgrimió que, de los 34 artículos del texto normativo, hay 32 que van a salir por unanimidad, pero que no hay consenso pleno en el tema de la distancia de aplicación  con el bloque del Frente de Todos. En este caso, precisó que se va a presentar un dictamen de minoría para que dichos artículos se voten aparte. De todos modos, saldría por mayoría. 

“Los metros de distancia es el punto de conflicto. Tal vez podamos modificar algunos artículos, estamos dispuestos a hacerlo, pero me da la sensación de que si no ponemos los metros que los vecinos solicitan va a ser difícil llegar  a un punto de encuentro”, indicó. 

Un arduo trabajo 

Por otro lado, revalorizó que el proyecto no fue redactado a la ligera, sino que forma parte de un trabajo de muchos meses, en los que se reunió  información a conciencia y se debatió en la comisión entre ambas fuerzas políticas (el bloque Integrar no forma parte de la comisión pero estuvo siempre al tanto de los avances en el tema).

Asimismo, Condino detalló que cuando asumió hace dos años su rol empezaron a trabajar al respecto en Producción y destacó que el concejal Ariel Risso, del Frente de Todos, vicepresidente de la comisión, estaba abocado al tema desde antes, en sus primeros años de mandato. 

También  recordó que hay un proyecto presentado por Banca 21  en 2019 por la ONG Bios Argentina Nodo Tandil, en la figura de la docente e investigadora Graciela Canziani, que hizo uso de la banca del pueblo en ese momento.  

“En esta composición desde el día uno trabajamos escuchando a todos los que se presentaron para ser escuchados y no dejamos de recibir a nadie, es importante aclarar eso. Por  la pandemia tuvimos reuniones virtuales, también presenciales y hasta fuimos al campo a conocer experiencias agroecológicas, de siembra directa y demás”, explicitó. 

“Quizás pueda haber algún dictamen especial pero no más meses de tratamiento, porque los concejales tenemos  derecho a llevar un proyecto al recinto y votarlo”, argumentó.

“Esta ordenanza o nada” 

En tanto, la concejal sostuvo  que los encuadres normativos con los que se rige la actividad en la actualidad son más laxos y que solamente avalan zonas de exclusión en las escuelas rurales, pero tienen grises y vacíos en torno a otros espacios, que la presente ordenanza viene a regularizar. 

Además, aseveró que el sector agropecuario envió notas solicitando la no innovación del marco legal y aludió que si se atiende el proyecto de Banca 21, que establece radios de exclusión de 2000 metros, quedarían 290 mil hectáreas productivas por fuera del sistema de agricultura tradicional.

En torno a ello, Condino compartió que la adopción de este criterio implicaría pensar en un paso hacia la agroecología y el cambio de paradigma productivo, un pasaje que lleva no solamente tiempo sino la voluntad de hacerlo como parte de un proceso. 

Y agregó que, a su juicio, si no se prohíben las fumigaciones a menos de 2000 metros, los vecinos no van acompañar la propuesta.  Por este motivo, reparó en que están a la expectativa de lo que pueda suceder el lunes en la reunión abierta, pero lamentó que se perciba que, en definitiva, "la idea son 2 mil metros o nada, y nada es lo que va a quedar. Si no se vota esta ordenanza queda la nada, y la nada es que se pueda fumigar en la plaza”.  

Los artículos de la discordia 

El apartado en conflicto, tanto con la oposición como con las organizaciones ambientalistas, es el dedicado a las zonas de exclusión y de amortiguamiento, en los artículos 5to. y 6to. del texto legislativo.

Estos ítems define que  dichas zonas  son las superficies delimitadas que, por su ubicación, requieren de un tratamiento especial para garantizar la protección de la salud de la población y el cuidado del medioambiente. Bajo esta lógica, se determina que la zona de exclusión es aquella en donde no se autoriza la aplicación de ningún tipo de productos agroquímico a partir de la línea municipal del lote productivo. 

Asimismo, se delimita como zona de amortiguamiento a aquella donde sólo se podrán aplicar productos agroquímicos banda verde o azul (Clase III y Clase IV), excluyendo productos de mayor volatilidad y únicamente con equipos terrestres, bajo las pautas ambientales y tecnológicas adecuadas. Se inicia a partir de la línea final de la zona de exclusión.

La normativa que se busca aprobar establece que las aplicaciones en esta zona deberán ser informadas por los responsables a la Autoridad de Aplicación, con 24 horas de anticipación, mediante la presentación de plano escrito con la ubicación del lote a tratar y la copia de la correspondiente receta agronómica.

Como zonas de exclusión quedan fijadas la planta urbana de acuerdo a la clasificación del plano 4 del PDT; las zonas A y B de los Centros de Servicios Rurales de 1ra. Categoría; María Ignacia  y Gardey; y las zonas de servicios rurales de 2da. categoría: Azucena, Fulton, De la Canal, Iraola, La Pastora y Desvío Aguirre. El radio excluido abarca 60 metros de las zonas especificadas anteriormente, y la zona de amortiguamiento va hasta los 300 y 500 metros, dependiendo el área específica. 

Además, se prohíbe la aplicación terrestre de productos agroquímicos en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios; una distancia con la que ya se venía trabajando. Por otro lado, la zona de amortiguamiento de los servicios educativos rurales se establece desde el límite de los 150 metros de exclusión hasta los 500 metros.