Integrar quiere modificar la ordenanza para que los ciudadanos puedan acceder al Centro de Monitoreo
El bloque presentó una modificación de la Ordenanza 13843 que creó el Sistema Integrado de Protección Ciudadana. Le incorpora un inciso para garantizar el acceso a las personas que lo requieran, con cierto resguardo, y el registro de los visitantes. Cuestionaron que el espacio “se encuentra cerrado bajo siete llaves” y que el secretario del área incumple su obligación de brindar informes trimestrales ante el Concejo.
A partir de la negativa del Departamento Ejecutivo a los concejales que solicitaron visitar el Centro de Monitoreo, el Bloque Integrar presentó un proyecto para modificar la Ordenanza 13843 que creó el Sistema de Protección Ciudadana. La propuesta plantea incorporar un inciso, en el artículo 3, para garantizar el acceso a cualquier persona que lo requiera, con los resguardos del caso, y con un registro obligatorio.
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El objetivo del espacio político es que a partir de la normativa que le dio nacimiento al Centro de Monitoreo, se incluya una disposición que garantice la publicidad. Aclararon que no se pretende poner en riesgo la seguridad de las personas, pero en otros distritos las bases de videovigilancia son públicas y hasta se organizan visitas guiadas.
La inquietud la planteó Nilda Fernández, quien junto a otros ediles, intentó recorrer el Centro de Monitoreo, a partir de escuchar quejas de los vecinos por el funcionamiento de las cámaras. Sin embargo, y a pesar de su cargo de concejal electa, chocó con la férrea negativa del Ejecutivo.
Entre los argumentos que esgrimió Integrar, manifestó que para este año, de acuerdo con el Presupuesto, la Secretaría de Protección Ciudadana tiene autorizadas erogaciones por un monto superior a los 172 millones de pesos, de los cuales el Centro de Monitoreo representa casi la mitad con 82 millones de pesos.
El artículo
La modificación que impulsa el bloque se basa en el artículo 3 de la Ordenanza 13843 que regula las “características del servicio”. En concreto, agrega el inciso “g” que establece como otra de sus características que sea “público” y señala que “se permitirá el acceso de toda persona, sin que esto afecte lo determinado en el inciso “d”; para lo cual se llevará un registro de ingreso debidamente foliado y rubricado”.
En tanto, el punto “d” determina que “debe mantener en reserva los datos, identidad y/o imágenes relativos a personas físicas y automóviles y no suministrará los mismos a ningún particular, sino sólo a requerimiento judicial, de la justicia de faltas o por interés periodístico o de la opinión pública”.
Los fundamentos
En los considerandos del proyecto, Integrar señaló que la dependencia municipal “tiene por objeto el monitoreo de la vía pública a fin de prevenir la comisión de delitos y de colaborar con la tarea judicial en pos del esclarecimiento de los hechos ilícitos”, pero advirtió que “persiste un halo de misterio, ya que se encuentra restringido el acceso a toda persona” y consignó que “el propio secretario de Protección Ciudadana, Dr. Atilio Della Maggiora, manifestó que es criterio del área preservar el secreto del funcionamiento”.
En consonancia, citó la Ordenanza 15931 que persigue garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en el partido de Tandil, mientras que exceptúa “información de carácter reservada o confidencial, por razones de seguridad. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad; ni de aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas”.
“Tener acceso público al Centro de Monitoreo no supone una infracción a la normativa vigente; antes bien significa un refuerzo o fortalecimiento del sistema republicano y democrático al brindar conocimiento sobre información pública y fomentar la participación ciudadana”, fundamentó.
Por otro lado, rechazó que el libre acceso comprometa la seguridad. En contraposición, indicó que “permite adquirir conocimiento cabal del funcionamiento del sistema de seguridad implementado, cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas, su eficacia, el grado de mantenimiento del sistema, entre otros puntos” y frente a los argumentos del Ejecutivo, marcó que “la ubicación de cada cámara es un dato que se obtiene de la verificación en la vía pública sin necesidad de acceder al Centro de Monitoreo”.
No cumplen la ordenanza
Integrar cuestionó que “toda esta información pública no se encuentra disponible no sólo porque el Centro de Monitoreo se encuentra cerrado con ‘7 llaves’, sino porque –además- el secretario de Protección Ciudadana incumple con la presentación ante este Concejo Deliberante de los informes trimestrales y semestrales que establece el artículo 6 de la Ordenanza 13843”.
Y agregó que “la restricción implementada no sólo es aplicable al vecino tandilense, sino a sus representantes, los concejales que circunstancialmente ejercemos su representación, y también a los integrantes del Foro de Seguridad que son vecinos comprometidos con la temática en cuestión”.
Para sumar más datos, informó que en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires no solamente se permite el acceso al público sino que se implementan visitas guiadas para los vecinos, instituciones y alumnos de los establecimientos educativos para difundir la tarea que se realiza.
Por último, el bloque reseñó que “en el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Protección Ciudadana tiene autorizadas las erogaciones por un monto de 172.755.112,63 pesos, de los cuales el Centro de Monitoreo representa casi la mitad de dicha suma (82.054.021,89 pesos) sin que se cuente con información precisa sobre su eficacia; y es una obligación de este cuerpo velar por el correcto y eficaz uso de los fondos públicos”.
