En 2021 las tasas aumentaron a la par de otros distritos pero no entra en juego un eventual reordenamiento tributario

La presión tributaria en torno a las tasas comunales es uno de los grandes frentes de conflicto entre el Municipio, la oposición y la ciudadanía. 

En los últimos tres años, la reforma de la Ordenanza Fiscal e Impositiva sancionada por el Concejo Deliberante incluyó aumentos del 38 por ciento, 51 por ciento y 38 por ciento, para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

Para 2022, el cálculo ronda el 50 por ciento y con toda certeza la suba no será menor al 40 por ciento. Según justificaron desde la administración comunal, el salto cuantitativo está atado a la proyección inflacionaria para el año próximo. 

En otras comunas, si bien no hay precisiones aún, también se dirimen subas de entre el 40 y 50 por ciento para no perder ante la escalada inflacionaria y hacer frente a los  costos que evolucionan de acuerdo a este fenómeno. 

Subas en otros distritos 

A diferencia de 2020, en el que el incremento fue muy fuerte y se aplicó en tres tramos -aumento que fue duramente  cuestionado en medio de la pandemia-, en 2021 el porcentual se ubicó en un lugar más moderado y también bastante más cerca de las subas aprobadas en otros municipios.

En Bahía Blanca, por ejemplo, el aumento de tasas municipales fue del  33 por ciento en tanto que en el partido más grande de la Provincia, La Matanza –que presenta una estructura por demás heterogénea-, planteó un alza de entre 20 y 40 puntos para la Tasa de Servicios Generales (TSG). 

En Mar del Plata, por otro lado, la denominada TSU (Tasa por Servicios Urbanos) sufrió un incremento del 24 por ciento. En distritos más chicos como Azul y Rauch, por caso, las ordenanzas fiscales dictaminaron subas del 44 por ciento. En la vecina localidad de Olavarría, en el mismo periodo las tasas registran 45,15 por ciento de aumento.

No obstante esto, hay una cuestión que subyace de fondo y es qué se está pagando con cada tributo, y si existe alguna posibilidad concreta de eliminar algunos y reacomodar otros para lograr una mayor recaudación y un alivio al bolsillo de los ciudadanos.  

Repensar las tasas 

En la factura que emite la Usina Popular y Municipal SEM por el servicio de energía eléctrica, un 13,6 por ciento de los que se abona corresponde a gravámenes municipales y podría ser uno de los puntos de estudio. 

Además, el Municipio cobra, según corresponda, las tasas Retributiva de Servicios, Servicios Sanitarios y Red Vial, patentes municipalizadas y la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE). 

Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un reclamo originado en una localidad de Santiago del Estero en base al cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene (caso Gasnor S.A), dentro de un contexto donde se sigue haciendo énfasis en la potestad de los municipios de crear tasas para autofinanciarse, volvió la atención sobre los requisitos que una tasa debe cumplir para ser viable constitucionalmente. 

En rigor, las tasas comunales no son impuestos, sino que son una contribución económica que pagan las personas y empresas en contraprestación por un servicio. 

En este sentido, el dictamen se enfoca en la definición clara y precisa del hecho imponible y la individualización de los servicios o actividades que se ofrecen; en la organización y puesta a disposición del servicio, acto o bien al contribuyente; y la adecuada y precisa cuantificación del tributo, debiendo para ello la autoridad fiscal ponderar prudencialmente, entre otros parámetros, el costo global del servicio o actividad concernido. 

Estos ítems podrían servir de punto de partida para analizar y repensar la estructura tributaria local, sin que los servicios que provee el Municipio se vean resentidos, teniendo en cuenta que la mitad de los recursos presupuestados provienen de la recaudación comunal y el resto de los aportes provinciales y nacionales.