El titular de ARBA celebró la ley impositiva y ratificó que debe aliviarse a los más vulnerables

Después de un arduo debate en la Legislatura, la semana pasada se aprobó y promulgó la ahora vigente ley impositiva 2020 de la provincia de Buenos Aires, que trae aparejados ciertos cambios en la política recaudatoria que impactan directamente en los contribuyentes.

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Tras la reforma, lo que se buscó es obtener un instrumento progresivo para sostener el nivel de recaudación provincial regulando la carga fiscal por segmentos. Desde el gobierno provincial indicaron que la ley dará “mayor progresividad a la estructura tributaria para evitar que el esfuerzo recaiga sobre los sectores más vulnerables, que son los principales afectados por la actual crisis que atraviesan el país y la Provincia”. Básicamente, lo que se intenta es que los que más tienen, más paguen.

Para indagar más acerca del panorama impositivo que se cierne sobre la Provincia, El Eco de Tandil tomó contacto con el elegido de Axel Kicillof para ocupar la dirección ejecutiva de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien reemplazó al funcionario vidalista Gastón Fosatti en la entidad.

Impuesto inmobiliario urbano 

La normativa plantea un alza promedio de 54,6 por ciento en los tributos, teniendo en cuenta que la inflación de 2019 según el Indec alcanzó el 53,8 por ciento y con un incremento proyectado para 2020 del 44 por ciento.

En primera instancia, cabe consignar que ARBA recauda fundamentalmente cuatro grandes impuestos para las arcas bonaerenses: ingresos brutos, automotor, inmobiliario (urbano y rural) y sellos.

“En el impuesto inmobiliario urbano el 84 por ciento de las partidas tendrán incrementos menores al 55 por ciento, por debajo de la inflación 2019, más los beneficios por pago anual y pago a término. Hay partidas que reciben 15 por ciento, otras 35 por ciento; en valores absolutos el 87 por ciento de las partidas reciben un incremento anual menor a 3500 pesos que se pueden pagar hasta en cinco cuotas”, explicó Girard. Apenas un 7 por ciento de los propietarios recibirá incrementos altos, con topes del 75 por ciento.

Además, se incluyó en la normativa una exención para jubilados de la mínima y perceptores de la AUH que no estaban contemplados en la ley anterior.

Impuestos rurales 

Según el nuevo marco legal, el impuesto inmobiliario rural tendrá aumentos de entre 15 y 75 por ciento. Además, habrá exenciones para extensiones de tierra de hasta 100 hectáreas que se dediquen a la actividad tambera  y los contribuyentes del impuesto rural tendrán un descuento del 20 por ciento por el pago en una cuota.

Los 15 puntos de suba  regirán para las propiedades rurales cuya tierra esté valuada en hasta 260.870 pesos. Se trata del valor fiscal, que es siempre más bajo que el precio de mercado. Una segunda tanda de partidas de hasta 816.075 pesos de valor fiscal sufrirá un 35 por ciento de aumento. Las propiedades de hasta 3 millones de pesos de valor fiscal tendrán un incremento del 55 por ciento y las de más de 3 millones y más de 2000 hectáreas de extensión tributarán 75 por ciento más.

Según estimaciones oficiales, la suba del 75 por ciento alcanzará a 211 propiedades que cumplen con esos requisitos.

Otros esquemas impositivos 

Por otra parte, se dispone la reducción de la alícuota, que será del 3,5 al 1,5 por ciento en la producción de medicamentos; se reducen las alícuotas del 2,5 al 1,5 por ciento en la venta en comercios minoristas de almacén, alimentos, kioscos. Exención del pago del impuesto automotor para transportes municipales; exención del pago de tasas e impuesto inmobiliario a asociaciones civiles (clubes de barrio, centros de jubilados, bomberos voluntarios y, por otra parte, un techo al incremento del impuesto automotor (patentes) que no podrá ser mayor a la inflación de 2019 ya que por la devaluación de 2019 el valor de los vehículos creció desmesuradamente.

Quita del sellado para alquileres 

El impuesto de sellos es un tributo de alcance local que cada provincia legisla en su código fiscal. La sanción de la Ley Impositiva, entre sus aspectos más variados, tiene injerencia en los contratos de alquiler que se celebren en el territorio. La mayoría de los inquilinos no pagará más el sellado, uno de los costos que debían afrontar para acceder a un alquiler personal o comercial.

Desde ahora sólo abonarán el impuesto las viviendas cuyo valor fiscal -que figura en el impuesto inmobiliario- esté por arriba de 1.731.600 de pesos, cifra que antes estaba establecida en 990.000 pesos. Únicamente en esos casos se pagará el 0,5 por ciento del valor total del contrato. Girard aclaró que en la práctica casi todos los contratos de alquiler quedarán exentos.

“El sentido de la medida es dar un beneficio a los que alquilan y que tienen que pagar el impuesto. Así también se reducen los costos de transacción y se blanquean los contratos”, detalló el economista.

Ingresos Brutos 

En torno a los Ingresos Brutos, el titular de ARBA señaló que se introdujeron una serie de modificaciones para las pymes, actualizando en un 50 por ciento  los montos que determinan la reducción de alícuotas. Inclusive hay ramas productivas que tienen alícuota 0 hasta determinado nivel de facturación,

“Esto no se tocaba desde 2016. A medida que la economía funciona con más nominalidad e inflación, la facturación de las empresas sólo por eso crece y perdieron ese beneficio al sobrepasar la recaudación. Ahora se revierte la presión impositiva. Pymes industriales y agropecuarias incrementamos el monto que permite acceder a la alícuota del 0 por ciento  de 4.800.000 a 10.420.000 pesos. Al no actualizarlos muchas pymes cayeron en el régimen de ingresos brutos perdiendo ese beneficio”, desglosó.

¿Para qué recaudar? 

Consultado acerca de la política tributaria argentina, que suele ser catalogada como excesiva, Girard planteó el debate en términos ideológicos.

“Argentina no lidera ningún ranking de participación del peso de los impuestos en el agregado de valor de la economía, al contrario de lo que suele decirse. Los países desarrollados son los países donde mayor peso tiene el Estado en materia tributaria porque el despliegue de un Estado de bienestar requiere financiamiento”, se explayó.

Lo que se discute, finalmente, es si los impuestos desalientan la inversión o si el financiamiento de las políticas públicas –realizados gracias a la recaudación tributaria- genera incentivos a la producción.

“Lo que no está en discusión es que es necesario que el Estado se involucre activamente en los procesos de desarrollo económico, que requieren un financiamiento. Creo que es necesario que esté presente en inversiones estratégicas. El tema impositivo obtura el verdadero debate que es cómo desarrollar el país”, expuso.

En ese sentido, refirió que evalúa que debería regularse la carga y gravar los impuestos patrimoniales con progresividad, desgravando los vinculados a la actividad económica para evitar las distorsiones. “Puede ser antipático, pero se tiene que discutir en Argentina, como se hace a nivel global, si los ricos tienen que pagar más impuestos”, ponderó.

Fortalecer los controles 

Con respecto al perfil de gestión que desea encabezar en la dependencia bonaerense, Girard observó que está orientado a fortalecer el carácter fiscalizador del organismo, dejado de lado por la administración  anterior, que  se enfocó más en la prestación de servicios.

En esa línea comenzaron a desarrollar operativo de fiscalización de comercios, y controles catastrales y vehiculares, en la costa atlántica y la zona norte metropolitana, para  aumentar la percepción de riesgo. Y también planifican optimizar y simplificar los sistemas de pago y atención a los clientes, para reducir los inconvenientes de los contribuyentes a la hora de abonar sus impuestos.

“Se genera una situación de injusticia cuando alguien paga y otro no. Pero no hay que perseguir para estigmatizar; hay que controlar que se cumpla con las obligaciones tributarias, que son además materia penal”, describió.

Por otra parte, exhibió que uno de los puntos de interés también estará fijado en combatir la precarización laboral y la informalidad de las actividades económica, trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo y otras áreas estatales.

“La informalidad responde a un contexto económico, tiene que ver con la crisis y controles débiles, pero la evasión fiscal es trasversal. Se hace a gran escala de manera sofisticada porque tienen los recursos para reducir la carga. Quiero que no sea un estado bobo y esté preparado para fiscalizar a todos los jugadores, no solo a los chicos”, culminó.