El Municipio presentará sus propias conclusiones del censo de toma de La Movediza

A casi tres meses de la ocupación de tierras en Piccirilli al 1100, en La Movediza, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, Alejandra Marcieri, trazó una serie de objeciones en torno al mecanismo implementado durante el censo de las familias del barrio, sus fallas y las consecuencias en la información obtenida.

En diálogo con el ciclo radial Cosas que pasan (104.1 Tandil FM), la funcionaria alertó que durante el trabajo –que se desarrolló en cumplimiento con lo dispuesto por la Justicia- se omitieron datos que resultan de importancia, aunque destacó su precisión en otros aspectos.

“Hay cosas que no son reales", planteó y marcó que faltaron datos como DNI o domicilio. "Ese dato hizo que el instrumento perdiera consistencia y que, como Estado municipal, consideramos necesario a la hora de establecer conclusiones serias sobre la temática”, resumió.

Luego del censo, que se hizo hace un mes, la información fue procesada por la Defensoría del Pueblo de Tandil y remitida a la Defensoría del Pueblo de la Provincia para la confección del informe.

“Se pusieron en debate esas conclusiones y nosotros hicimos las nuestras con lo que ya teníamos relevado y conociendo el territorio”, justificó Marcieri en referencia al abordaje realizado en los inicio de la ocupación masiva. En definitiva, la funcionaria del Gobierno comunal resolvió que “es muy difícil poder acompañar con una firma algo en lo que no estamos de acuerdo”.

Por eso, confirmó que la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat elevó al Juzgado un informe propio con las conclusiones a las que arribaron.

“Por mayoría”

En declaraciones a la radio de El Eco Multimedios, la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat se refirió a las instancias de diálogo entre las instituciones y organismos que forman parte de la mesa de negociación con miras a la confección del cuestionario que se implementó durante el trabajo de campo en el asentamiento.

En cumplimiento con lo que fija la Corte Suprema de Justicia, el trabajo apunta a reunir elementos que permitan elaborar una radiografía de la toma y un diagnóstico de situación de las familias que allí se encuentran para hallar una salida pacífica antes de la decisión judicial de un desalojo compulsivo.

Como primera observación del censo que se realizó el pasado 17 de abril, la funcionaria apuntó que los datos “los recogimos en conjunto” entre todas las instituciones participantes sobre la base de una encuesta que “fue consensuada por mayoría y no por unanimidad”, ya que la dependencia comunal se pronunció en disidencia. “No estábamos de acuerdo con el formato del instrumento”, lo cual arrojó una votación de siete a favor y uno en contra.

Así, marcó que el cuestionario no requería consulta del DNI y el domicilio para luego verificar si la entrevista “tenía relación con lo declarado” y admitía un “cruce de datos” de manera “seria”.

Para la funcionaria, la situación se complejiza aún más ya que tampoco tiene validez de declaración jurada. “En alguno de los casos se los identificaba con nombre y apellido y en otros, en total 63, como femenino o masculino”, enfatizó. Las observaciones a la hora de definir el instrumento también se direccionaron a que no solicitaba domicilio. 

Entre los argumentos expuestos, Marcieri indicó que hicieron alusión a que “no querer perjudicarlos a nivel penal, que no iban a tomar, que no era necesario para hacer un relevamiento”.

En contraposición, citó la vigencia de la causa que tramita en la UFI 3 por la toma de terrenos, a partir de la cual los vecinos que forman parte del asentamiento fueron notificados de las disposiciones tomadas por la Justicia, entre ellas, un impedimento para que no se tomen nuevas acciones en el lugar durante 60 días.

Advirtió que “se siguió construyendo" pese a la medida cautelar de no innovar "porque empezamos con 86 personas relevadas” durante el primer abordaje “y terminamos con más de 280”.

“Siete contra uno”

“Eran siete instituciones contra una, así que salió por mayoría”, dijo en relación al apoyo que recibió el instrumento elaborado que luego se llevó al barrio, y justificó la postura para evitar “seguir dilatando la situación”.

De todos, Marcieri destacó que el cuestionario era “muy completo” en cuanto a otros interrogantes que incluía, salvo por el “pequeño detalle que para nosotros es inmenso”.

“Pasa más tiempo y esto se va desmadrando, creciendo, y se hace cada vez más difícil poder intervenir”, expresó, y agregó que, “como no queríamos entorpecer” se pronunciaron en desacuerdo, pero igualmente participaron con la decisión de “hacer una lectura de lo que se encuestó”.

Análisis de los resultados 

Al volver sobre el planteo, Marcieri expuso que en la lectura posterior de los resultados “encontramos falencias en cuanto a las instituciones educativas” a las que asisten los niños de las familias que se encuentran en el predio.

Y en relación a la coincidencia en las conclusiones que elaboró la Defensoría del Pueblo, apuntó que “ninguno se encontraba en situación de calle al momento de tomar” un lote, por lo que “no fue una toma espontánea, sino organizada”.

Sobre los ingresos, señaló que “hay más de 60 adultos mayores que no dan nombre ni apellido y dicen no tener trabajo o tener trabajo informal”, que impide constar sus niveles de ingresos y las posibilidades de poder afrontar el pago de un alquiler, a la vez que detectó datos “mucho más llamativos” en relación a que hallaron personas “con casa propia”.

En definitiva, la funcionaria del Gobierno comunal resolvió que “es muy difícil poder acompañar con una firma algo en lo que no estamos de acuerdo”, más aún “conociendo el territorio”, circunstancia que les permite conocer a algunos de los ocupantes pese a que no fueron identificados en ese relevamiento.

“Un dato no menor”

“Un dato que no es menor es que el día de la toma hubo gente que se bajó del colectivo y se presentó diciendo que venían a que los censen, que les dijeron que si lo hacían, después en una mesa de negociación iban a recibir un terreno. Esto hace que el instrumento pierda determinada validez”, señaló Marcieri, que dijo que el accionar fue de una persona que está identificada.

Garantizó el acompañamiento, pero alertó que es “imposible” cuando no existe la posibilidad de identificar a esas personas. “Si la gente está con necesidades y se desaloja pacíficamente, están los centros comunitarios abiertos, la Secretaría a disposición para ver qué es lo que necesitan”, remarcó.

“Inconsistencias”

-A partir de conocer el territorio, ¿creen que hay falsedad en lo que se ha declarado?

-Creemos que hay inconsistencias en relación a lo que declaran y a lo que nosotros podemos llegar a corroborar. La gente que está ahí tiene dificultades para acceder a la vivienda propia, como la tienen las más de tres mil personas que integran el registro de demanda habitacional. Hay más de 500 personas que ayudamos con alquileres y no estamos participando de ninguna toma. 

-¿Todo el espacio de la toma pertenece a la misma familia? 

-No lo sé, entiendo que sí. Sé que está acreditado que es de un privado, por eso va a desalojo, pero hay que aplicar el protocolo de la Corte. La cuestión era saber cómo se resolvía y para eso pidió un relevamiento para conocer la situación.

-¿Cree que las personas que están en la toma reciben asesoramiento de algún tipo?

-Legal y jurídico deberían recibir de la Defensoría Oficial. Después, sé que hay una persona que los organiza y esto está verificado.