El Municipio insiste con el Polo Logístico y pedirá la desafectación de “La Huerta” tras la cautelar

Luego de que trascendiera la existencia de una medida cautelar emitida por el juez federal Martín Bava para restringir las intervenciones  en el campo conocido como “La Huerta” –donde se proyecta el Polo Logístico municipal y la Chacra Experimental de la Unicen- por tratarse de un sitio de interés judicial para investigar delitos de lesa humanidad, el Municipio salió a dar detalles del tema.

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Andrés Curcio, secretario Legal y Técnico, habló con El Eco de Tandil y explicó que desde 2005 existen medidas de protección en el área, pero que no obstante eso las tierras -que son propiedad del Estado nacional- están arrendadas para la explotación agrícola desde hace más de 40 años.

Las autoridades comunales mantienen la idea de preservar el sitio puntual de memoria como elemento de prueba y de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado, pero esperan poder utilizar el resto del campo para desarrollar los proyectos pergeñados sin afectar las causas que allí se investigan.

La decisión judicial 

Sin embargo, el subrogante del Juzgado Federal 2 de Azul decidió en diciembre de 2018 ampliar la cautelar a las 390 hectáreas del predio y prorrogarla un año después, luego de una conversación en la que el Ejecutivo -a raíz de otro tema que involucró al Movimiento 1 de Octubre- expuso los alcances de sus planes en el lugar.

“No podemos definir si fue casualidad o causalidad. Cuando se le explica la existencia de este proyecto, a los pocos días se constituye en el predio de La Huerta con el argumento de que no está limitado con exactitud el sector comprendido por la medida cautelar, cosa que no era tan así porque ya había un decreto en el que el Estado nacional había delimitado la parte edilicia a preservar. A los fines de resguardar todo elemento probatorio, el doctor Bava dispone en diciembre de 2018 ampliar la medida cautelar a las 390 hectáreas, entonces se interpuso un recurso de aclaratoria, revocatoria y con apelación en subsidio por parte de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado)”, desglosó Curcio.

Y agregó: “Personalmente entiendo que esa audiencia pudo haber sido la disparadora de ampliar la medida, porque la cautelar original era del año 2005 y luego de que explicamos el proyecto, a los muy pocos días se amplía la medida de forma inesperada”.

Las gestiones 

Con este escenario en ciernes, el Intendente solicitó una audiencia con Bava para pedir la desafectación del espacio, restringiendo la zona específica donde funcionó el centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, o al menos que toda medida probatoria que el juzgado entiende que hay que llevar a cabo en ese lugar, se haga con la mayor premura posible. En esa línea, el letrado destacó el  buen diálogo institucional con el Juzgado Federal y con el magistrado, razón por la cual esperan que pueda celebrarse la audiencia solicitada y avanzar con el proyecto.

“El Municipio no se opone a que se practique todo tipo de medida probatoria a los fines de establecer esas causas. Atento al tiempo transcurrido, si de 2005 a la fecha no se había hecho más nada, cualquier medida que se adopte ahora que afecte a todo el predio se resuelva lo antes posible y se desafecte de la medida cautelar lo que corresponda”, refirió.

Si bien la medida judicial no establece ningún plazo definido y las cautelares tienen un alcance temporal limitado, Curcio afirmó que hay una ley nacional sobre medidas cautelares contra el Estado nacional que fija un límite temporal de 6 meses, que son prorrogables. Pero aclaró que “en causas de lesa humanidad muchos de estos principios generales ceden, o se interpretan de manera más flexible, dado el carácter del interés jurídico protegido”.

Con el Polo a otra parte 

Consultado acerca de la alternativa de desistir de esas tierras y buscar otro sitio para emplazar el oneroso proyecto, el abogado informó que el intendente Lunghi instó a pensar eventualmente en una solución si se cierra la posibilidad del espacio actual.

En ese caso, priorizarían la construcción de una playa de estacionamiento de camiones como cuestión urgente a resolver por seguridad vial y el resto de las funciones quedarían postergadas hasta que aparezca un predio de similares características.

La propuesta global incluye un polo agroquímico, una playa de estacionamiento de camiones y un centro de distribución de cargas, además de la chacra que corresponde a la Facultad de Ciencias Veterinarias.

“Este lugar es casi único por sus características y era útil a todos. Además, como es de la Nación, tendríamos la posibilidad de que sea tasado y vendido a un valor ventajoso. Va ser difícil dar con otro predio con similares características, pero si la restricción judicial se mantienen en el tiempo habrá que buscar otra opción”, señaló el funcionario.

El proyecto 

El Polo Logístico en el que el Ejecutivo local viene trabajando cuenta con una extensión de 80 hectáreas, y la chacra experimental para la Facultad de Ciencias Veterinarias contempla 110 hectáreas para sus necesidades académicas. En total se afectarían casi 200 hectáreas de las 390 que corresponde al campo que se encuentra sobre la Ruta Nacional 226 y el acceso a la VI Brigada Aérea.

A pesar de la firma de la carta de intención que se celebró en junio pasado entre el Gobierno local, la AABE y la Universidad, la anterior gestión de la agencia nacional expresó su negativa a efectuar la tasación del predio con esa cautelar vigente y la comuna aguarda ahora la designación de los nuevos referentes de la dependencia para conocer cuál será su posicionamiento al respecto. La adquisición del predio se haría a un valor menor del precio oficial de mercado, pero implicará un desembolso de dinero para el Municipio, que sopesa la posibilidad de desprenderse de otros activos para comprar esas tierras llegado el momento.