El Legislativo fijó las competencias y atribuciones del Defensor del Pueblo
En el primer tramo de la sesión, el Legislativo votó por unanimidad modificaciones a la Ordenanza 15.971, que creó el Defensor del Pueblo de Tandil, y al decreto del Concejo que regula el funcionamiento del organismo.
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Marcela Vairo, presidenta de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, fundamentó los motivos que condujeron a modificar las competencias y atribuciones del Defensor del Pueblo de Tandil, a casi dos años de su creación.
En principio, rechazó que el informe anual que presentó la defensora Paula Lafourcade originó el replanteo de estas cuestiones, además de un dictamen de la Asesoría General de Gobierno bonaerense que determina que ningún ente puede tener más atribuciones y competencias que los órganos constitucionales que lo han creado. De este modo, explicó que la primera modificación de la ordenanza consistió en aclarar que la Defensoría está dentro del Concejo Deliberante, que le otorga el marco legal y un presupuesto para su funcionamiento.
“Existe un principio de legalidad que debemos sostener y hacer eco en las ordenanzas y decretos municipales, en los que el órgano va a estar actuando de conformidad con la competencia que se le dé y no al revés. Esto se fue modificando en varios artículos, tanto de la ordenanza como del decreto reglamentario”, precisó la abogada.
Vairo señaló que también excluyeron cuestiones vinculadas a la discrecionalidad del órgano, porque “en un Estado de derecho se tiene que tener previo a la ley cuáles son las competencias y atribuciones”, ya que “si bien es una institución objetiva, está manejada por personas. La discrecionalidad debe ser lo más restrictiva posible en todo ámbito y es por eso que algunas de las funciones y atribuciones quedaron enmarcadas dentro de la ordenanza”.
Por otra parte, refirió que modificaron cuestiones acerca de los procedimientos y plazos que se computan como días hábiles administrativos, y otras cuestiones de ordenamientos procesales.
En resumen, la concejal indicó que en base a los principios de “legalidad, de evitar excesos y evitar superposición con otros órganos existentes como el Defensor del Pueblo de la Provincia, la OMIC, las defensorías oficiales a nivel provincial y federal es que decidimos efectuar estas reformas que fueron puestas a consideración, vistas por los demás bloques, cada uno hizo sus aportes y se firmó un dictamen en unanimidad”.
La modificación de las normas disparó el pataleo de los abogados
A través de un comunicado, la Asociación de Abogados manifestó “nuestra disconformidad con la reforma que se aprobó por unanimidad, por parte del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Tandil, que cercena las facultades y atribuciones que posee la Defensoría del Pueblo de Tandil, que tiene como función garantizar y defender los derechos de todas las personas del partido”.
La entidad argumentó que “la modificación a la Ordenanza 15.971, que crea la Defensoría del Pueblo local, y el Decreto 3.449 (de procedimiento de designación y de funcionamiento del organismo), de considerarse necesaria, debe ser el fruto de un exhaustivo y profundo análisis, con la participación necesaria de la sociedad civil representada por las instituciones que fueron parte al momento de su sanción e implementación y nuevas que quieran sumarse”.
Y refirió que “la figura del Defensor del Pueblo, establecida por el artículo 43 de la Constitución Nacional, fue pensada con la finalidad de la defensa de los derechos colectivos, de crear canales de democracia participativa; además de constituirse en una salvaguarda de los derechos de los ciudadanos contra las arbitrariedades de quienes ejercen la función pública local”.
Por ese motivo, expresaron que “consideramos que una reforma que signifique limitar sus atribuciones y facultades de representación de los derechos colectivos de los tandilenses, de controlar a los funcionarios públicos, conlleva a pensar que las reformas propuestas no son en beneficio de la ciudadanía sino de algunos pocos, a los cuales hoy les incomoda la existencia misma de la Defensoría”.
“Por ello, cualquier reforma que se lleve a cabo debe necesariamente constituir una ampliación a la protección de los derechos y de las funciones de control a los funcionarios públicos y no todo lo contrario, como se pretende; más aún en los tiempos que transitamos”, agregó.
Para cerrar, la entidad disparó: “La pregunta es ¿por qué la necesidad -y el apuro- de la modificación de la ordenanza y el decreto a tan sólo dos años de su creación -y en el contexto de una pandemia- y sin otorgar participación a las asociaciones y organismos representantes de la sociedad civil de tan importante reforma? Esta es, en definitiva, la pregunta que deben hoy responder los representantes del pueblo de Tandil”.
“Reformas inconsultas”
Desde la Defensoría del Pueblo, a cargo de las doctoras Paula Lafourcade y Mercedes Argeri, cuestionaron que las modificaciones votadas por el Concejo “eliminan a la Defensoría atribuciones y facultades esenciales para cumplir su objeto que es la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales, colectivos y/o difusos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación vigente, de los habitantes del partido de Tandil”.
En el comunicado, sostuvieron que “vemos con preocupación este avasallamiento político que se llevó a cabo en el día de la fecha a este organismo de carácter extra poder y de contralor, por lo sorpresivo e intempestivo que fue el actuar del órgano Deliberativo local”.
En ese sentido, expusieron que solicitaron la suspensión de la sesión “para realizar una revisión en conjunto y superadora a las reformas propuestas” y acusó que ”el pedido de revisión por parte de esta defensoría fue totalmente desoído por las autoridades locales, ya que los veinte concejales en horas de la mañana aprobaron la reforma, sin modificar el Reglamento Interno de Procedimiento de la Institución aprobado por la Ordenanza 16.380, lo que conlleva a confusiones a la hora de reclamar ante el Defensor del Pueblo”.
Repasó que a casi dos años de su puesta en funcionamiento, recibió a más de tres mil tandilenses, llevando adelante sus denuncias requerimientos o reclamos, contra la administración pública local, prestatarios de servicios públicos, “gestionando y articulando con eficacia y celeridad con otros organismos públicos nacionales o provinciales”.
Concluyeron que “la reforma que sucedió hoy (por ayer) priva a los habitantes del partido de Tandil de la herramienta participativa que asegura y defiende sus derechos ante eventuales irregularidades, retardos y/o abusos de la administración pública local”.
Y advirtieron que “cercenar a una institución como lo es la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tandil, en sus funciones y en sus atribuciones, es dejar al vecino de nuestra localidad, desprotegido y desamparado. El desconocimiento y la ignorancia hacen que se perjudique solamente la gente y no el Estado, buscando beneficios propios por sobre la promoción y protección de los derechos humanos, en especial a los sectores más vulnerados, sin demostrar transparencia y consenso a la hora de debatir tan importantes modificaciones”.
Por último, agradecieron el apoyo y se comprometieron a redoblar el esfuerzo para trabajar por el pueblo de Tandil, y citaron el eslogan: “Tu Defensoría, todos tus derechos”.
