El Frente de Izquierda presentó un proyecto para expropiar la ladrillera Loimar y ponerla bajo el control obrero
La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, elevó al Congreso una propuesta para que la fábrica tandilense que pertenece a Juan Loitegui quede bajo el control de los trabajadores y el Estado. El proyecto fue elaborado y consensuado con los empleados. El conflicto se originó hace nueve meses y la producción está parada desde entonces. Se busca la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo.
La diputada nacional por el PO-FIT, Romina Del Plá, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y dejar sujeta a expropiación la fábrica de ladrillos y cerámicos Loimar, en conflicto desde hace nueve meses, con la producción parada y los trabajadores en la calle, en un derrotero que han visibilizado durante todo este tiempo a través de los medios y las calles de la ciudad.
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De acuerdo a los fundamentos de la propuesta, que consta de 9 puntos que fueron discutido y elaborado por los obreros, se tiene en cuenta que la fábrica es la única de su tipo en Tandil; que la patronal tiene grandes deudas con sus trabajadores; que los despidos han sido “arbitrarios” e “injustificados”; y que la fábrica tiene una utilidad innegable.
Los objetivos principales de la iniciativa son la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Así mismo, se busca colocar a la empresa bajo control y gestión de sus trabajadores, que son “quienes saben cómo llevar adelante la producción”. Además, se establece que los recursos para el funcionamiento de la fábrica deben ser otorgados por el Estado nacional.
El articulado
Asimismo, el texto normativo que pretende declarar la utilidad pública de la planta, establece que la expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de la compañía. En uno de sus artículos se dispone, también, “la apertura de los libros de contabilidad de la empresa, bajo el control de los trabajadores, para proceder a una reorganización financiera, contable y productiva, en base a los balances reales de la ceramista”.
La nueva administración, elegida en forma democrática por los trabajadores, establecerá un plan de devolución de la deuda contraída por el grupo empresario expropiado con los trabajadores, en concepto de salarios no pagados, cargas sociales y todo otro ítem adeudado con los empleados.
Por último, el proyecto prescribe la inhibición de la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas del grupo empresario Loimar radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden. Sobre ellos se realizará un relevamiento y con dichos recursos se creará un fondo especial destinado a pagar las deudas contraídas con el Estado y con proveedores, bajo control y gestión de sus trabajadores.
La historia sin fin
La planta está parada desde mediados de octubre, cuando la patronal decidió echar a diez empleados y suspender a más de treinta, alegando una caída en las ventas y severos incrementos tarifarios, lo que desencadenó el prolongado conflicto.
Sin salarios desde parte del año pasado, la situación crítica de los obreros se fue profundizando con la llegada de la pandemia, tal como reveló algunos han conseguido realizar changas al momento, pero fundamentalmente han podido acceder a una bonificación de 10 mil pesos por tres meses y otro poco que desde distintas filiales de la Federación Obrera Ceramista hacen llegar, además de la asistencia que reciben desde el Municipio que los ayuda con el pago de alquileres y servicios, y el aporte desde Desarrollo Humano y Hábitat.
En el tiempo transcurrido desde que se enviaron los telegramas de despido y suspensión, a mediados de octubre, debieron intervenir las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense, de la dependencia laboral nacional y hubo una medida de fuerza llevada adelante por los obreros, que levantaron un campamento en el acceso a la fábrica para rechazar la decisión de la patronal de reducir el personal ante la caída de las ventas y los incrementos tarifarios.
El 7 de enero, el intendente Miguel Lunghi intervino en la discusión en un intento por acercar las posturas. Junto a los integrantes de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, primero se reunió con los delegados de Focra en Loimar para conocer el estado de situación y la realidad de los 80 trabajadores que aguardaban certezas sobre la continuidad de la fuente laboral. Un día después, el jefe comunal mantuvo un encuentro con el titular de la empresa, Juan Loitegui, que expuso su voluntad de retomar la actividad pero manteniendo los diez despidos que planteó al inicio del conflicto.
El 2020 comenzó con la presencia de los empleados en la explanada municipal juntando firmas y exponiendo la situación, pero la cuarentena decretada en marzo para enfrentar la pandemia los obligó a replegarse. No obstante, en junio salieron en tres oportunidades a la calle para movilizarse y hacer visible la problemática sin solución.
En ese entonces, solicitaron, aparte de un acuerdo para poder volver a sus puestos de trabajo, que la Justicia le pida a Juan Loitegui, titular de la planta fabril, los libros contables. En ese momento, hubo 20 trabajadores que habían sido tentados para volver a formar parte de la firma, sin acuerdo concreto, en los delegados gremiales de la Focra tildaron como una “maniobra” para dividir al grupo.
